Con el último reajuste a los precios de la gasolina que se realizaría en enero próximo, el Gobierno del Cambio habrá cerrado definitivamente la brecha de los subsidios a ese combustible y, de paso, iniciará la revisión del precio del ACPM o diésel.
Se trata, entonces, de uno de los grandes logros del Ejecutivo en materia económica, pues de acuerdo con el propio ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), es la principal causa del déficit fiscal del país.
El ministro de Hacienda ha dicho en varios escenarios que 2023 cerrará con un déficit del FEPC de $21,4 billones, pero cuando se haga el ajuste al diésel y se cierre completamente la brecha de los subsidios, el déficit total será de $103 billones, que debió hacer el Gobierno anterior.
“Nos falta hacer el ajuste en diésel, ya el de gasolina está terminado, pero cuando terminemos de cerrar esa brecha costará más de $103 billones. En 2021 ese déficit costó $11 billones; en 2022 costó $37 billones y en 2023 costará $21,4 billones”, aseguró el ministro ante el Congreso hace pocas semanas.
Incluso, si no se hace el ajuste en diésel, solo en 2024 el déficit del FEPC aumentará en $10,5 billones.
La importancia de cerrar la brecha que deja el FEPC es su incidencia en la inflación, que no le ha permitido disminuir a un ritmo más rápido pues los combustibles es el factor que tiene más peso en esa balanza.
De ahí que mientras la inflación de octubre cerró en 10,48% y la de noviembre en 10,15%, la tasa de intervención del Banco de la República rebajó apenas en 0,25 puntos básicos y la dejó en 13%.
La reducción del subsidio generalizado contribuye a organizar mejor el gasto social, que es prioridad en el Plan de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’. Adicional, el Gobierno del Cambio considera que los subsidios a los combustibles desincentivan la transición energética y la diversificación de la economía.
“Esperamos cerrar la inflación de 2023 en un dígito”, consideró el jefe de las finanzas públicas. En 2022 este indicador fue de 13,12%.
Mesas de diálogo
Para no afectar la inflación, el reajuste en los precios del ACPM se hará en un periodo de 18 meses y de forma gradual, por ello a partir de enero entrante se retomarán las mesas de diálogo con el sector de transporte de carga y pasajeros, principales consumidores de combustible diésel.
Hoy, se analizan diferentes alternativas para mitigar el impacto del FEPC en las finanzas públicas: 1) el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, 2) mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y 3) revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.
Quiere decir que cerrar la brecha del FEPC es una prioridad estratégica para el Gobierno del Cambio, porque ayuda a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y promueve la transición energética y el impacto ambiental de los combustibles fósiles, se informó.
