Ante un juez con función de control de garantías el ente acusador le imputó cargos al expresidente del Concejo Municipal de Floridablanca, Heriberto Vera Pedraza, por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación, informó la Fiscalía General de la Nación.
La investigación se deriva de las inconsistencias evidenciadas en el contrato 044 de 2015, celebrado el 31 de agosto con Jorge Eduardo Heredia Cadena, por un monto de 15 millones de pesos y cuyo objeto era llevar a cabo la reglamentación y convocatoria para adelantar el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero de Floridablanca en el periodo 2016-2020.
Según lo establecido, el contrato no se ejecutó pero si se pagó la totalidad al contratista. Asimismo, la Fiscalía determinó que el contratista no cumplía con los requisitos de experiencia mínima y que tres días después de la celebración del contrato 044 de 2015, se inició el convenio interadministrativo con la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) para que esta entidad fuera la encargada de convocar y reglamentar la elección del personero, como efectivamente sucedió, logrando comprobar que el contrato suscrito con Heredia Cadena fue ficticio.
A la audiencia estaba citado el contratista para realizarle la imputación; sin embargo, no asistió y se debió reprogramar la diligencia.
Este no ha sido el único lío en el que Vera Pedraza, ‘Lara’, se ha visto por la elección del Personero y el Contralor de Floridablanca. La Procuraduría Provincial de Bucaramanga lo investigó y lo sancionó en primera instancia con 10 meses de inhabilidad por la celebración del Convenio de Cooperación N° 002 del 1 de diciembre de 2015, con el objeto de brindar apoyo técnico y organizacional a la convocatoria pública para la elección del contralor para el periodo 2016-2019 con Servitem Ltda., una empresa que no era idónea y carecía de experiencia para llevar a cabo tal labor.
Sin embargo, en fallo de segunda instancia, proferido el 21 de octubre de 2016 por la Procuraduría Regional de Santander, anulando la sanción.
