La eventual llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño reabre un debate sensible sobre los retiros de altos mandos de la Fuerza Pública durante el gobierno Petro. Varios oficiales buscan regresar alegando persecución política y represalias.
La promesa del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de revisar y eventualmente reintegrar a oficiales retirados durante el gobierno de Gustavo Petro ha comenzado a mover las estructuras de las Fuerzas Militares y de Policía. La decisión, anunciada poco después de la primera vuelta presidencial, se perfila como uno de los primeros actos políticos y administrativos de su gobierno.
“Se revisará caso por caso y hoja de vida de cada uno de los oficiales retirados en estos cuatro años”, reveló una fuente cercana al nuevo mandatario tras una reunión sostenida en Barranquilla con su círculo más cercano de asesores.
La propuesta no es menor. Se trata de oficiales con amplia experiencia en inteligencia, contrainteligencia, operaciones especiales y lucha contra el crimen organizado, muchos de ellos protagonistas en golpes históricos contra estructuras criminales como el Clan del Golfo, y en investigaciones de alto perfil que terminaron chocando con intereses políticos y estratégicos de la administración saliente.
Uno de los nombres que encabeza la lista es el general retirado de la Policía, Edwin Urrego, apartado de la institución en febrero de este año luego de que un documento anónimo circulara en la Casa de Nariño señalándolo de participar en un supuesto montaje contra Petro.
Sin embargo, versiones internas apuntan a que su salida estaría relacionada con su participación en el allanamiento ordenado por la Corte Suprema a una vivienda vinculada al exsenador Armando Benedetti y por haber reforzado la seguridad de De la Espriella en Barranquilla durante la campaña presidencial.
Urrego no es el único. También aparecen la coronel retirada Julie Ruiz, exjefa de contrainteligencia, y el coronel Sergio Peñaranda, ambos con procesos judiciales y administrativos buscando revertir sus salidas.
La tesis común entre estos oficiales es contundente: aseguran haber sido removidos por investigar casos incómodos para el poder.
Los expedientes incómodos y el pulso con la DNI
El telón de fondo de estos retiros tiene nombres concretos: alias “Papá Pitufo”, el software Pegasus y operaciones de inteligencia sobre redes criminales infiltradas en instituciones estatales.
Desde 2025 comenzaron a salir a la luz denuncias de oficiales que afirmaban haber sido trasladados o relevados por su participación en investigaciones de corrupción dentro de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), particularmente en expedientes vinculados con Diego Marín, conocido como alias “Papá Pitufo”.
A esto se sumó el escándalo de Pegasus, el software de espionaje cuyo uso generó tensión nacional hasta que se conoció que había sido adquirido por Estados Unidos para objetivos de alto valor, incluyendo miembros del Clan del Golfo, y no para vigilar al presidente.
En medio de esa controversia apareció el nombre del coronel Flaminio Quitián, oficial de inteligencia clave en la operación Agamenón y en la captura de alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga.
Quitián denunció presiones tras revelarse audios en los que supuestamente era interrogado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre información sensible contra superiores y miembros de la institución.
En su momento, el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, negó que la entidad tuviera incidencia en ascensos o retiros. “No estamos definiendo carreras ni cortando cabezas”, fue la posición oficial de la entidad.
Pero el malestar dentro de la fuerza pública ya estaba instalado. El coronel Peñaranda obtuvo en febrero un fallo de tutela favorable para ser reintegrado mientras se determina el nivel de riesgo que enfrenta por las investigaciones adelantadas.
En paralelo, la coronel Ruiz presentó una demanda por su retiro y por la cancelación de su comisión de estudios en Washington. Durante la audiencia de conciliación aportó conversaciones de chat donde, según ella, se le comunicó que su salida obedecía a una “orden del Presidente”.
Ruiz había liderado investigaciones relacionadas con el caso “Pitufo” y posteriormente denunció ante la Fiscalía contratos que, según su versión, beneficiaban a una empresa vinculada con un oficial de la reserva cercano a la familia del general retirado William René Salamanca.
Generales del Ejército y la sombra de la paz total
La controversia no se limita a la Policía. En el Ejército también hay una lista de oficiales que esperan un eventual regreso. Uno de ellos es el general retirado Erick Rodríguez, quien dejó la institución el pasado 9 de junio después de 33 años de servicio.
Su salida se produjo luego de denunciar públicamente la carnetización de civiles por parte de disidencias comandadas por alias “Calarcá”, así como presuntos actos de constreñimiento electoral en Meta y otros cinco departamentos.
Dos días antes de su retiro, Petro había advertido que separaría de las filas a militares que hicieran política.
“A nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia o violación de derechos humanos, por participación en política o por indicios de corrupción (…)”, sostuvo el presidente saliente, Gustavo Petro. No obstante, sectores militares interpretaron el caso Rodríguez como una retaliación.
En esa misma línea aparece el general Jorge Ricardo Hernández, excomandante de la Cuarta Brigada, quien aseguró que su retiro se produjo tras una operación militar que comprometió la narrativa de la política de “paz total”.
Se refiere al operativo que terminó con la detención temporal de alias “Calarcá” y varios de sus hombres.
El general Juan Carlos Fajardo, excomandante de la Séptima División del Ejército, también fue retirado meses después en circunstancias similares.
A este grupo se suman tres coroneles promovidos públicamente por el exdirector de la Policía, el general retirado Henry Sanabria: Jhon Arbey Álzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón.
Según Sanabria, estos oficiales “iban a fortalecer operaciones contra grupos armados y estructuras criminales”, pero habrían sido removidos en medio de presiones derivadas de negociaciones de la política de paz total.
El eventual reintegro de todos ellos podría significar algo más que una reivindicación administrativa. Representa un cambio de visión en seguridad y un mensaje político contundente: la nueva administración busca recomponer sectores estratégicos de inteligencia y combate que, según sus aliados, fueron debilitados.
