Por: Rafael Lee/ Los Santos está en el alma de todos. Familias enteras han construido recuerdos allí, pagando el peaje sin cuestionarlo en ningún momento. Escapar de la rutina, de la monotonía, no tiene precio. O al menos, eso pensamos quienes no residimos allá. Vamos con el deseo de un buen almuerzo en Bonanza, una cerveza fría en el mercado campesino y, quizás, finalizar un recorrido en ese lugar llamado Mi Colombia Querida.
Para quienes tienen la fortuna de contar con familiares o amigos en Los Santos, donde la convivencia con la naturaleza es parte del día a día, han podido disfrutar de una montada a caballo acompañada de un aguardiente mientras se contempla el atardecer entre las montañas, lo que nos hace amar más profundamente a Santander. La clásica foto que todos tenemos en el Cañón del Chicamocha sigue siendo un símbolo de identidad regional, que nos hace recordar de dónde venimos.
Pero no todo es color de rosa en la Mesa de los Santos. Además de la brisa del cañón que cautiva a turistas y residentes del área metropolitana, hay algo que incomoda profundamente a quienes no son visitantes, sino habitantes del lugar: el peaje. Para nosotros, visitantes ocasionales, puede ser algo indiferente, pero para ellos es una carga constante.
El contrato de concesión 368-2004, firmado por la Gobernación de Santander con Construvicol SA, entró en vigor en enero de 2005 y finalizó en enero de este año, siendo esta empresa responsable de la administración de los recursos durante dos décadas. Se calcula que el recaudo alcanzó aproximadamente 226 mil millones de pesos. Sin embargo, los habitantes no solo cuestionan el peaje, sino que se preguntan dónde están reflejados esos recursos, que supuestamente deberían garantizar el mantenimiento de las vías y beneficiar directamente a la comunidad.
Estos señalamientos y cuestionamientos han sido, durante mucho tiempo, motivos de manifestaciones y movilizaciones. En los últimos meses, las protestas en el peaje de Los Santos han ido escalando, pero el punto más crítico se vivió el pasado 7 de agosto, cuando el ESMAD intervino para despejar los bloqueos. Líderes de las manifestaciones denunciaron un uso excesivo de la fuerza, mencionando, según sus propias palabras, que una persona de la tercera edad estuvo al borde de un paro cardíaco.
Este hecho motivó una reunión el 8 de agosto entre el gobernador y los líderes de las protestas, en la que lo acusaron directamente, y en su presencia, de mentir sobre la disponibilidad de recursos. Según ellos, desde el Senado, Efraín Cepeda, en la pasada legislatura, dejó 58 mil millones de pesos para la Gobernación, que, según el gobernador, se destinarían a vías terciarias, o al menos eso aseguran quienes participan en las manifestaciones.
Líderes de las manifestaciones han generado una serie de señalamientos y revuelo mediático en diversos medios de comunicación, además de presentar denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía por varias ordenanzas y decretos emitidos por la Gobernación relacionados con el peaje.
Una de las ordenanzas cuestionadas por los manifestantes fue el Proyecto de Ordenanza 056 de 2024, que incluyó los recursos del peaje en el Estado Tributario del Departamento, asignando a la Gobernación la responsabilidad de administrar esos fondos. Los líderes de las protestas argumentan que esta medida podría violar la Ley 80 de 1993, ya que en ese momento la Gobernación no tenía la facultad para manejar el peaje debido a la concesión vigente. No obstante, este punto es debatible, pues podría considerarse una etapa de transición para que la Gobernación asumiera esa responsabilidad, dado que la concesión 368-2004 estaba próxima a finalizar y actualmente la Gobernación administra los recursos del peaje.
Los manifestantes también señalan que, una vez finalizada la concesión con la empresa Construvicol SA, la Gobernación, el 2 de enero de 2025, firmó un contrato con la empresa Thomas Instruments para servicios de interoperabilidad. No hay evidencia clara de que este contrato incluya la administración del peaje de Los Santos; sin embargo, así lo afirman los manifestantes, quienes aseguran que, a través de esta empresa, recibieron 2.000 millones de pesos que tampoco se han visto reflejados en el mantenimiento de las vías ni en el beneficio para la comunidad.
Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Según los manifestantes, durante su pronunciamiento en el Palacio de Amarillo el 8 de agosto, denunciaron ante la Fiscalía y la Procuraduría el Decreto 208 de abril de 2025, mediante el cual se estableció la creación del Comité de Participación para la Inversión Vial de los Recursos Recaudados en el Peaje La Punta. Este decreto podría formar parte de una reorganización administrativa, que es justamente el primer punto que ellos (los manifestantes) incluyen en su pliego de solicitudes, pero ellos no lo ven así.
Lo más importante de estos señalamientos, que merece nuestra atención, es que los manifestantes afirman que la Gobernación ha gastado 5.000 millones de los 6.400 millones de pesos recaudados en los últimos seis meses que ha tenido la administración del peaje de Los Santos, pero que esos 5.000 millones no se ven reflejados en mejoras. Como ejemplo, señalan que la empresa Construvicol SA dejó en la zona una ambulancia y un carro taller que, por falta de mantenimiento, a pesar de contar con el recaudo durante este periodo, no fueron debidamente operativos, lo que habría provocado la falta de atención que causó la muerte de un ciudadano estadounidense en la Mesa de los Santos.
De todas las demandas que presentan los manifestantes, podríamos decir que tienen un propósito positivo para la región de Los Santos. Por ejemplo, solicitan regular el tránsito en las vías para garantizar una circulación adecuada y segura de los vehículos. Además, reclaman que los recursos sean manejados de manera transparente y generen un impacto directo en la comunidad, solicitudes plausibles y justas.
Sin embargo, hay otras demandas que resultan cuestionables, como la negativa a implementar básculas para el control de peso. Desde mi punto de vista, aunque la báscula impone ciertas exigencias, también contribuye significativamente a la seguridad vial y a la economía, pues ayuda a prevenir accidentes y a evitar que camiones sobrecargados generen riesgos en las vías.
Por último, pero no menos importante, el punto 6 de las solicitudes es quizás el más relevante. Los manifestantes piden que se presenten las cuentas y auditorías de los últimos años de Construvicol S.A., que administró el peaje durante 20 años. Esta auditoría podría esclarecer responsabilidades, beneficiando tanto a la comunidad como a la Gobernación, al mostrar claramente la gestión desarrollada durante esas dos décadas y permitiendo identificar a los responsables en caso de irregularidades.
Al finalizar la reunión, el gobernador se comprometió a llevar 15 volquetas de recebo para la vereda Navarra, mostrando así su intención de comenzar a gestionar apoyo para las vías terciarias de Los Santos. Además, se comprometió a estar presente el 23 de agosto con toda la comunidad.
Esperamos que esta convocatoria sea aprovechada por la comunidad y que logren un beneficio real para su sector, y que las manifestaciones y movilizaciones no se reduzcan a simples actos impulsados por líderes con intereses electorales, sino que reflejen una conciencia profunda y genuina sobre la importancia de trabajar por el bienestar de ese lugar que todos queremos: Los Santos.
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*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
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