Por: Carlos A. Gómez/ A finales de los años noventa y principios de los dos mil, el conflicto armado en Colombia estaba en su estado más terrible de violencia. Los paramilitares que hacían parte de las tenebrosas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) disputaban el control de los territorios con los grupos guerrilleros en diferentes zonas de país, zonas donde el estado colombiano no tenía ni el poder y ni presencia estatal.
La ley de la fuerza y del poder imperaba en territorios alejados e indefensos. Las tomas de estos grupos al margen de la ley a pueblos y corregimientos eran sangrientas. Principalmente los funcionarios de la Policía y el Ejército Nacional, quienes combatían hasta gastar el último cartucho, sufrieron los estragos de la guerra. Otro protagonista de toda esta barbarie fue la población civil: más de nueve millones de víctimas están registradas.
Las guerrillas iniciaron en los años sesenta en el Tolima, después del periodo de violencia entre los dos grandes partidos políticos del momento. Los liberales deciden armarse para enfrentar a los ejércitos de los conservadores. Años mas tarde, en la década de los noventa, nacieron grupos de autodefensas, quienes ‘cansados’ por los atropellos y la violencia de las guerrillas se agrupan para hacerles frente.
Las facultades ilegales de estos grupos no eran novedosas. Casualmente, para el año 1965, un 24 de diciembre (muchas leyes y decretos con particularidades se dan en esas fechas donde los incautos ciudadanos estamos concentrados en las fiestas decembrinas) nace el Decreto 3398 que «legaliza» las fuerzas paramilitares en Colombia. El presidente de la época era Carlos Lleras Restrepo.
En el gobierno del ciudadano Álvaro Uribe Vélez se inicia un proceso de paz que ofrecía beneficios como, por ejemplo, pagar máximo ocho años de cárcel. Para hacer parte también era necesario entregar bienes que fueran monetizados para poder pagarle las indemnizaciones a las víctimas que se hubieran reconocido en el proceso de lo que se conoce como la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).
En esa oportunidad, gran parte de las AUC se desmovilizaron. Fueron más de treinta mil integrantes, pero también se acogieron a esa ley militantes de las FARC, ELN y otras guerrillas.
Esa ley creó el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el cual se encargaría de realizar la administración de los bienes que entregarían los postulados para reparar económicamente a las víctimas. Ya han pasado 15 años y aún muchas víctimas reconocidas en esta ley siguen esperando ser reparadas. Ya son más de quince mil a quienes se les ha indemnizado parcialmente según lo establecido en las sentencias que han sido proferidas por los tribunales de Justicia y Paz.
Las víctimas tendrán que seguir esperando a ser indemnizadas porque los bienes que entregaron los postulados no son suficientes para pagarles el total que les fue reconocido. Es un escenario económicamente insostenible.
Recientemente el nombre de Salvatore Mancuso –un exjefe paramilitar de las AUC– fue noticia porque el Ministerio del Interior no había traducido al inglés una solicitud de extradición para que fuera enviado desde EE. UU. a Colombia, proceso que sigue a la espera.
Jorge 40 llegó hace dos semanas a Colombia después de pagar varios años de cárcel en EE. UU. por temas relacionados con el narcotráfico. El también exjefe de las AUC no ha pagado su condena por los delitos que cometió en cabeza de las autodefensas.
De los exparamilitares que fueron condenados en Colombia, la mayoría de ellos ya cumplieron sus condenas y están libres. Algunos regresaron a los lugares donde ejercieron el poder y dominio, y otros, como Fredy Rendón Herrera alias El Alemán, se dedicaron a dar conferencias y atender invitaciones para hablar de paz y reconciliación.
El proceso de Justicia y Paz tiene las mismas dificultades del proceso de negociación que se firmó con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, se critica el hecho de que los máximos comandantes de las FARC no pagaron cárcel y a cambio están en el Congreso, mientras que los postulados de Justicia y Paz sí pagaron penas de ocho años de cárcel.
Esos escenarios en los procesos de negociación de paz concluyen que si un bando u otro paga o no años en prisión, no garantiza que el proceso tenga el éxito del desarme y la finalización del conflicto.
En el caso de las AUC existieron disidencias que siguieron operando en las zonas donde tenían el control absoluto y no se acogieron al proceso. Como consecuencia de esto ahora existen bandas como el «Clan del Golfo» o los «Urabeños», entre otros. De hecho, recientemente estuve en el municipio de Heliconia, Antioquia. Allí, algunos muros del casco urbano amanecieron con letreros pintados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Lo mismo pasó con las FARC. Existen disidencias que siguen en el negocio del narcotráfico y en el control de los territorios.
Los esfuerzos por lograr la paz en nuestro país no se pueden desvanecer. Debemos recordar que lo que se hizo en La Habana, Cuba, fue una negociación y no una rendición de las FARC. Como en toda negociación, se debe llegar a algunos acuerdos que cumplan con el principio de la resolución de un conflicto: el «Gana-Gana».
Durante el transcurso de este año, las masacres han estado otra vez en los titulares de los noticieros. Muchos líderes sociales han sido asesinados y existen de nuevo las preocupaciones relacionadas con la falta de control del Gobierno Nacional en el territorio.
Finalmente, las víctimas del proceso que se llevó en el 2005 y las víctimas del proceso del 2016 siguen esperando su reparación, las garantías de no repetición y, por supuesto, conocer la verdad de todo lo que pasó. Las fuerzas armadas de Colombia también deberán responder y decir la verdad sobre lo que sucedió cuando no ejercieron su deber constitucional.
Jorge 40 llegó al país con esperanzas de que la JEP lo reciba para que pueda hacer parte de este proceso. Cualquiera que sea la decisión, es necesario que todos los postulados le digan al país lo que realmente sucedió en todos esos años de tanta tragedia y horror que vivimos y que no queremos repetir.
La paz no solo es la ausencia de la guerra, sino también un deseo genuino que debería prevalecer en cada uno de nosotros, especialmente en la clase política que dirige al país.
*Ingeniero Industrial y Magister en Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
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