Una investigación periodística internacional reveló que una mina ilegal en el Bajo Cauca antioqueño, presuntamente controlada por el Clan del Golfo, operó durante años cerca de una base militar. El caso será discutido en la mesa de paz con el Gobierno.
La revelación de una compleja red de minería ilegal en el municipio de Caucasia, Antioquia, ha puesto en el centro del debate público la relación entre economías ilícitas, conflicto armado y los actuales diálogos de paz que adelanta el Gobierno nacional con el Clan del Golfo. El caso, documentado por el diario The New York Times, describe cómo la mina conocida como La Mandinga habría operado durante años bajo la influencia de ese grupo armado, incluso en cercanías inmediatas a instalaciones del Ejército Nacional.
El reportaje, firmado por el periodista Justin Scheck junto a los colombianos Simón Posada y Federico Ríos, detalla que la explotación ilegal de oro en esta zona no solo ha persistido en el tiempo, sino que además se ha integrado a circuitos internacionales de comercialización. Según la investigación, parte del oro extraído en condiciones irregulares habría terminado siendo utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, lo que encendió alarmas sobre los controles en la trazabilidad del mineral.
La mina La Mandinga está ubicada en una finca de aproximadamente 2.000 hectáreas en zona rural de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, una región históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales y economías extractivas informales. De acuerdo con el Ejército Nacional, entre 2.000 y 2.500 mineros informales han ocupado el predio para realizar labores de extracción de oro, en una dinámica que, según la investigación periodística, ha sido regulada de facto por el Clan del Golfo durante al menos ocho años.
El grupo armado, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es considerado una de las principales estructuras criminales del país y ha sido señalado por autoridades nacionales e internacionales por su participación en narcotráfico, extorsión y control de economías ilegales. En el caso de La Mandinga, el reportaje indica que la organización imponía reglas claras para la explotación minera, incluyendo la exigencia de permisos y el cobro de cuotas periódicas a los trabajadores.
Un minero citado en la investigación aseguró que el grupo armado cobraba hasta 400 dólares mensuales por cada grupo de cinco trabajadores. Esta forma de “impuesto” se ha convertido en uno de los mecanismos más frecuentes de financiamiento para estructuras ilegales en zonas donde la institucionalidad es débil y la economía depende en gran medida de actividades extractivas informales.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la cercanía de la mina con una base militar, específicamente la del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Según el reportaje, la actividad minera no solo se desarrollaba en los alrededores, sino que habría llegado incluso a terrenos pertenecientes a la instalación militar.
El fotorreportaje de Federico Ríos documenta un episodio en el que, tras una inspección en la zona, el comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, se encontró directamente con la actividad ilegal. “Esto es en terrenos de la base”, habría afirmado el oficial al percatarse de la situación, ordenando la salida de los mineros y advirtiendo que se trataba de propiedad del Ministerio de Defensa.
Este episodio ha generado cuestionamientos sobre posibles omisiones o fallas en los controles institucionales, especialmente en una región donde la presencia militar es significativa. Sin embargo, el Ejército Nacional ha señalado que desde 2022 puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General los hechos relacionados con la minería ilegal en La Mandinga, tanto por su impacto ambiental como por su eventual conexión con redes criminales.
De acuerdo con la institución, desde entonces se han realizado al menos 20 intervenciones en la zona, orientadas a destruir maquinaria y frenar la explotación ilegal. Estas acciones, no obstante, no han logrado erradicar completamente la actividad, lo que evidencia la complejidad del fenómeno y la capacidad de adaptación de las economías ilícitas.
El caso también ha tenido repercusiones en el ámbito político y en el proceso de paz que el Gobierno adelanta con el Clan del Golfo. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Ejecutivo en estos diálogos, señaló que la situación será abordada dentro de las conversaciones, aunque subrayó que el problema debe analizarse en un contexto más amplio.
“El tema de las economías en las regiones donde el grupo armado tiene presencia es fundamental de ser observado como una herramienta de construcción de paz”, afirmó Jiménez, quien agregó que estas dinámicas “seguramente van a ser abordadas” en la mesa de negociación. Según el funcionario, el fenómeno de control de la minería ilegal por parte de grupos armados no es reciente, sino que se ha consolidado durante décadas.
Jiménez explicó que uno de los puntos de inflexión ocurrió en los años noventa, cuando el Banco de la República de Colombia dejó de ser el comprador oficial del oro en el país. Esta decisión, según el negociador, abrió la puerta para que actores ilegales asumieran el control de la comercialización del mineral, consolidando su influencia sobre los pequeños mineros.
“Eso facilitó que los grupos armados empezaran a ser los monopolizadores de la compra del oro”, indicó Jiménez, quien añadió que esta economía también ha sido utilizada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. En este sentido, el caso de La Mandinga sería un ejemplo de cómo se articulan diferentes actividades ilícitas en territorios con débil presencia estatal.
El negociador también advirtió que la problemática no se limita exclusivamente al accionar del grupo armado. Según explicó, existen actores económicos y comunidades que, sin pertenecer formalmente a la estructura ilegal, terminan integrándose a su lógica de control, ya sea por necesidad económica o por presión.
“Hay comunidades y empresarios del oro que se articulan al control que ejerce el grupo armado sobre la actividad minera”, señaló, enfatizando la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral que incluya alternativas económicas legales para la población.
En esa línea, el Gobierno ha planteado la idea de una “economía de paz” como eje de transformación territorial. Este enfoque busca sustituir las economías ilegales por actividades formales que permitan generar ingresos sostenibles y reducir la dependencia de estructuras criminales.
“Cuando hablamos de transformación territorial, estamos hablando de transformación de las economías. No se puede pretender que construyamos paz en una región si no construimos economías legales”, afirmó Jiménez, quien indicó que en la mesa de diálogo participan distintos sectores de la sociedad y actores económicos.
Por su parte, el Clan del Golfo respondió a las acusaciones negando ser propietario de la mina o de las operaciones ilegales. En un comunicado difundido en redes sociales, el grupo aseguró que los entables mineros “corresponden a civiles de la zona”, aunque reconoció que cobra un “impuesto” a las actividades que se desarrollan en el territorio.
Esta admisión refuerza la hipótesis de que el control territorial se ejerce a través de mecanismos de regulación informal, más que mediante la propiedad directa de los recursos. Es decir, el grupo armado no necesariamente explota el oro, pero sí obtiene beneficios económicos de quienes lo hacen.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación para esclarecer los hechos revelados por la prensa internacional. “No toleraremos ninguna relación entre los miembros del sector defensa y las economías criminales”, señaló, enfatizando que se adoptarán medidas “con total contundencia” en caso de comprobarse irregularidades.
Otro elemento que ha generado incertidumbre es la situación jurídica del predio donde se ubica la mina. Inicialmente, el Ejército indicó que la finca La Mandinga estaba bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Sin embargo, esta entidad desmintió dicha información, señalando que el predio no figura entre los bienes bajo su administración.
Según la SAE, la finca fue objeto de medidas cautelares en 2013, en el marco de un proceso de Justicia y Paz relacionado con estructuras paramilitares. Posteriormente, en 2020, se ordenó su extinción de dominio y su entrega al Fondo para la Reparación de las Víctimas, administrado por la Unidad para las Víctimas.
No obstante, la entidad aclaró que el predio no fue transferido a la SAE tras la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo que deja en el aire la pregunta sobre quién tiene actualmente la responsabilidad de su administración. Esta falta de claridad institucional podría haber facilitado la ocupación del terreno por parte de mineros informales y estructuras ilegales.
Ante esta situación, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, anunció que se coordinarán acciones con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional para realizar verificaciones en terreno. El objetivo será establecer el estado actual de los predios y determinar si están siendo utilizados para actividades ilícitas.
