Esta iniciativa normativa, construida sobre criterios técnicos y ambientales, tiene como propósito principal garantizar el acceso al agua y la protección de los ecosistemas estratégicos, pensando en el presente y el futuro de la región.
Del 3 al 6 de junio, el equipo técnico del Ministerio, encabezado por el director de Ordenamiento Ambiental Territorial Alejandro Chaves, lideró espacios de socialización y participación en los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Valparaíso, Támesis, Jericó y Fredonia, así como en los resguardos indígenas La Mirla y Marcelino Tascón. Estos encuentros, acompañados por Corantioquia, la Gobernación de Antioquia y autoridades locales, fueron clave para resolver inquietudes ciudadanas, aclarar información errónea y fortalecer la confianza pública en torno al proceso.
Durante los encuentros se explicó que la declaratoria de reserva de carácter temporal no modifica los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes, cuya competencia recae en alcaldías y concejos municipales. Su objetivo es ordenar el territorio alrededor del agua. También se abordaron los posibles efectos sobre nuevas actividades mineras, reiterando que la medida busca proteger los ecosistemas estratégicos sin vulnerar las decisiones soberanas de las comunidades.
La jornada de socialización contó con la participación directa de comunidades indígenas y campesinas, incluidas aquellas cuyos territorios no se encuentran dentro del polígono de la reserva, reconociendo su rol fundamental en la defensa del ambiente.
La ministra de Ambiente, Lena Estrada, subrayó que estos espacios son ejercicios de pedagogía, escucha activa y construcción colectiva, reafirmando el mandato constitucional que garantiza el derecho a un ambiente sano. “Nuestro compromiso es garantizar que las comunidades del Suroeste Antioqueño cuenten con información clara y oportuna, y que sus aportes sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones”, afirmó.
Finalmente, el Ministerio ratificó su respaldo a las comunidades que defienden el agua, los bosques y la vida, y rechazó cualquier forma de criminalización contra líderes ambientales, en particular, por la judicialización de 11 líderes campesinos de Jericó, quienes se oponen al proyecto minero Quebradona. Asimismo, la entidad se unió al llamado de la Defensoría del Pueblo y de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia para garantizar el respeto al debido proceso y al derecho a la protesta.
