La Misión de Observación Electoral (MOE) envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le pide que retire el apoyo del gobierno a la reforma política que cursa en el Congreso.
Según la misiva, dicha reforma “pone en riesgo los avances que se han logrado en las últimas reformas” respecto a principalmente cuatro puntos: el fortalecimiento de los partidos políticos, la responsabilidad de estos y sus candidatos, la transparencia electoral y la actuación en bancadas.
La MOE sostiene, además, que la reforma “únicamente pretende resolver las premuras partidistas y electorales de las próximas elecciones, careciendo completamente de una visión a largo plazo”.
Insiste en que tal como se está discutiendo ahora, la reforma no responde a la necesidad de modernización y fortalecimiento del sistema electoral, ampliación de la participación ciudadana y la representación de los territorios, pues el proyecto legislativo aún “mantiene y acentúa la naturaleza partidistas” del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esto no garantiza la independencia de dicho órgano electoral, pues genera que quienes lo conformen sean solo en su mayoría personas afines al gobierno.
Además, la MOE señala que el carácter aun centralista del CNE no responde a las necesidades territoriales específicas y por lo tanto no puede actuar de manera efectiva en temas de control y observación de las campañas electorales en los territorios.
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A esto se suma que el proyecto ya aprobado en tercer debate ha ido desmontando “todas las nuevas funciones otorgadas al CNE para combatir la relación entre ilegalidad y financiación política”.
La MOE también se muestra preocupada por ciertos articulados que serían una expresión de transfuguismo, pues permite a los miembros de las corporaciones públicas presentarse a las siguientes elecciones con el apoyo de un partido político distinto al que los avaló, si “durante dicho periodo el partido decide conformar una coalición de listas y el respectivo miembro de la corporación está en desacuerdo con esta”, asegura la comunicación.
De la misma manera, la reforma parece revivir la incompatibilidad que tendrían los miembros del Congreso para ocupar distintos cargos públicos durante el año posterior a su renuncia. Tema que parece ya haberse resuelto en la pasada reforma sobre el equilibrio de poderes.
Finalmente, la MOE alerta una vez más sobre uno de los puntos a los que ya ha venido llamando la atención: el reconocimiento de la personería jurídica de un partido político no por su éxito electoral sino por un mínimo de afiliados, lo cual se dejó en vilo para un posterior debate al cual no se le fijó fecha para deliberar sobre su diseño e implementación.
La reforma política pretende alinearse con lo firmado en el punto 2 del Acuerdo Final entre Gobierno colombiano y las Farc, donde se discute la participación política y apertura democrática y lleva casi 6 meses en discusión luego que se radicara en mayo pasado.
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