El Anillo Vial Externo Metropolitano enfrenta una parálisis estructural: sin presupuesto nacional para 2027, con estudios de la UIS nuevamente suspendidos y una valorización sustentada en catastros de hace diez años. Tras esta cadena de improvisaciones, la megaobra se perfila como un costoso e inalcanzable espejismo de papel.
Por: Oscar Humberto Cote Cote | El Anillo Vial Externo Metropolitano (AVEM) se tambalea una vez más entre anuncios triunfalistas y una cruda realidad administrativa que termina desvaneciendo cualquier ilusión de inmediatez. Aunque recientemente se celebró como un gran logro el otorgamiento de la licencia ambiental, ese hito no pasa de ser un espejismo: en la realidad, la obra sigue completamente suspendida, atrapada en la improvisación y en un laberinto financiero sin soluciones claras.
Mientras el proyecto enfrenta un déficit billonario frente al más de un billón de pesos adicionales que costaría materializar la doble calzada, o los $600.000 millones que requeriría para culminar la obra inicialmente con una sola calzada, el Presupuesto General de la Nación para 2027 le ha dado de momento la espalda a la iniciativa al no contemplar partidas directas para su financiación. Con un departamento acorralado que solo cuenta con recursos corrientes acotados como la sobretasa al ACPM, la contribución de valorización aprobada bajo la demandada Ordenanza 012 de 2025 por falsa motivación se convirtió en el desesperado salvavidas forzoso de la administración seccional.
El problema es que ese salvavidas nació con grietas profundas y mentiras estadísticas. La ordenanza se proyectó sobre una base de datos catastrales con diez años de desactualización, calculando un recaudo que se soporta en cifras fantasiosas de $582.000 millones de pesos. Sin embargo, los demandantes ante el Tribunal Administrativo de Santander —en un proceso que avanza a paso de tortuga en el despacho del magistrado Iván Mauricio Mendoza Saavedra— sostienen con rigor que la cifra real de recaudo no superaría los $180.000 millones de pesos.
A este gigantesco bache financiero se suma el nuevo tropiezo contractual: la firma de la Ampliación No. 04 a la Suspensión No. 01 del contrato con la Universidad Industrial de Santander (UIS) prolongó el congelamiento de los estudios de factibilidad por otros tres meses. La razón es la persistencia de los mismos vacíos de información: la imposibilidad de que el Área Metropolitana de Bucaramanga entregue los registros catastrales completos (R1 y R2) de Piedecuesta y Girón, bien sea «frenados» por las restricciones legales del habeas data o —un hecho que no se debe descartar y que resultaría alarmante— por la simple falta de consolidación de la información catastral en estos municipios.
Las implicaciones matemáticas de esta parálisis son demoledoras para la actual administración departamental. El contrato se pactó inicialmente para ejecutarse en tan solo 5 meses. A la fecha, tras más de un año de vaivenes y cuatro suspensiones consecutivas, el estudio apenas registra un avance estimado del 30%. Si lograra reactivarse en diciembre de 2026, la UIS estaría entregando el estudio definitivo hacia abril de 2027.
A partir de ahí vendrá el tortuoso trámite tributario. Sumando los plazos legales, si la Gobernación optara finalmente por aferrarse a la cruda realidad de recaudar apenas los $180.000 millones de pesos reales, el proceso de cobro solo se podría materializar hacia 2028.
Y aquí radica la gran paradoja temporal que disipa el espejismo: el periodo del actual gobernador termina el 31 de diciembre de 2027, lo que significa que el mandatario se marchará sin haber podido realizar un solo recaudo efectivo, dejando un gravamen disminuido, judicialmente cuestionado y estructurado a las carreras en detrimento de los bolsillos de la gente de Piedecuesta y Girón, mientras la megaobra sigue vigente y activa solo sobre el papel y en la pauta pública que paga la Gobernación ante los medios de comunicación.
Pretender financiar obras monumentales con demandas a cuestas, con proyecciones infladas sobre catastros desactualizados, sin respaldo presupuestal nacional y con estudios congelados no es planificar el desarrollo; es alimentar el espejismo de un proyecto que supuestamente avanza, pero que en la realidad está sumergido en las profundidades de la improvisación. Santander no necesita grandes proyectos de papel sustentados en discursos eufóricos, sino megaobras con esquemas financieros sostenibles, plena seguridad jurídica y un respaldo técnico incuestionable.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
