La semana pasada los mercados nacionales sintieron escalofrío cuando se conoció que el Gobierno preparaba un decreto para ordenar a las administradoras de fondos de pensiones (AFPs) el traslado de unos 7.346 millones de dólares de cotizantes hacia el gestor público Colpensiones.
La iniciativa, que permitía a unas 350.000 personas a menos de 10 años de pensionarse movilizar sus recursos para financiar a Colpensiones, fue archivada ante críticas de que el Gobierno pretendía usar los recursos para liberar caja y atender necesidades de la crisis económica ocasionada por el Covid-19.
“Es verdad que ahora en la emergencia económica analizamos esa posibilidad y la descartamos”, admitió el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. “Hay que reconocer que todos tenemos en este momento un problema de caja, los ingresos se han caído y hemos tenido mayores gastos”.
Según estimaciones de expertos, la medida hubiera ocasionado un golpe fiscal al Estado de unos 6.258 millones de dólares a futuro, debido a que las pensiones en el régimen público son más altas porque gozan de unos subsidios onerosos que no tiene el sistema privado.
Aunque el decreto no vio la luz, la incertidumbre se mantiene porque el Congreso tramita un proyecto de ley que busca el mismo objetivo de trasladar cotizantes del sistema privado al estatal, aunque con otro argumento y de manera voluntaria.
La ponente del proyecto de ley, la representante a la Cámara María Soto, explicó que la iniciativa busca corregir un error de asesoría insuficiente a las personas en que se incurrió hace un poco más de dos décadas cuando se crearon las AFPs, que ha derivado en demandas contra el Estado.
“Llegamos a lo mismo, pero por otro camino”, dijo Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina. “Lo que me demuestra eso es simplemente el grado de necesidades de caja que se van a presentar y que ya inclusive se le están presentando al Gobierno Nacional, que los lleve a pensar en ese tipo de forma de conseguir fondeo”.
¿Camino a Argentina?
Ya de por sí, el Gobierno debe destinar unos 11.700 millones de dólares de su presupuesto de gastos este año para el pago de pensiones en el desfinanciado sistema público.
Las recientes propuestas han atemorizado a los agentes del mercado local por las implicaciones sobre los fondos privados de pensiones, los mayores inversores en deuda pública del país y del mercado de renta variable, en donde tienen invertidos gran parte de los 71.600 millones de dólares que administran.
“Desde el punto de vista del mercado este tipo de propuestas no ayuda para nada porque habría que hacer las cuentas de cuánto dinero debe salir de los fondos privados (…) tendrían que salir a vender sus posiciones o trasladar los títulos al Gobierno, al final es un impacto nada positivo”, dijo Daniel Velandia, economista jefe para Colombia de Credicorp Capital.
Además, expertos alertaron sobre el peligro de que esas propuestas deriven en lo que hizo Argentina en 2008, cuando el Congreso aprobó que los fondos privados de pensiones quedaran bajo el control del Estado, lo que le permitió disponer de casi 24.000 millones de dólares.
“El afortunado reversazo del Gobierno (…), nos evitó iniciar el nefasto camino que siguió Argentina hace algunos años: nacionalizar las pensiones”, escribió en su cuenta de Twitter el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.
“Lamentablemente tiene ciertos parecidos, ciertas similitudes”, aseguró por su parte Jalil de BTG Pactual.
Reforma urgente
Pero todo no para ahí. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo esta semana que el Gobierno analiza la posibilidad de que las personas puedan retirar parcialmente sus ahorros pensionales ante la crisis económica que originó la pandemia y el elevado desempleo urbano de 23,5%, abriendo otro frente de preocupación entre los agentes.
Pero ante las críticas, un día después el presidente Iván Duque rechazó la idea.
Los expertos coincidieron en la necesidad de acelerar una reforma al sistema de pensiones para acabar distorsiones entre los dos regímenes existentes y eliminar subsidios a las mesadas más altas para aliviar las presiones fiscales.
“Esto lo que muestra es una de las deficiencias del sistema y hace más urgente una reforma pensional estructural, porque si todos se pasan a Colpensiones puede traer una bomba pensional ya que los subsidios son muy altos”, dijo Mauricio Olivera, director de la consultora Econometría.
“Para el Gobierno es muy complejo porque además de todo lo que va a tener que endeudarse por el Covid-19 también va a asumir en últimas una deuda de pensiones, por eso la reforma es tan urgente”, concluyó.
