- La alerta la realizó en mesa de trabajo con Grupo de Energía de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME –, la Cámara de Comercio Colombo Americana y los gremios del sector energético – SER COLOMBIA, ACOLGEN, ANDEG, ANDI y ANDESCO.
La Procuraduría General de la Nación alertó por las consecuencias que se podrían presentar en el suministro de energía eléctrica en Bogotá y Cundinamarca, como resultado de los retrasos en los trámites ambientales para viabilizar proyectos de transmisión y distribución de energía eléctrica.
Refiere el ente de control que, las demoras en las decisiones definitivas de los trámites en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, han conllevado a que, desde mayo de 2023, se haya requerido la operación permanente y a máxima capacidad de la central termoeléctrica Termozipa para el suministro en el área oriental de la capital del país.
Así mismo, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, confirmó que la situación ha suscitado que, en promedio, en un mes se produzcan 90.000 toneladas de CO2 (Dióxido de carbono) por las emisiones de Termozipa, impacto ambiental que se podría reducir con la entrada en funcionamiento de la infraestructura de transmisión necesaria para traer energía a la región desde las centrales hidroeléctricas.
Frente a esto, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Bogotá el envío de la información oficial relacionada con los impactos que se generarían al no poderse atender la demanda de energía de manera confiable, pidiendo también al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, copia de los expedientes ambientales con el fin de determinar el cumplimiento de los tiempos normativos de dichos trámites.
