Por: Eugenia Aguilar Rueda/ De un tiempo para acá, seguramente con el cambio de siglo en el año 2000, se vino una ola de denuncias contra la corrupción a todo nivel, tanto sector público como privado. Poco a poco se fue llenando el vaso y una buena parte de la ciudadanía, cansada de los titulares de prensa, en ocasiones más efectivos en su periodismo investigativo que las mismas autoridades obligadas a investigar, inició la transición de modo pasivo al activismo, gracias también a las organizaciones no gubernamentales que prestaron oídos y replicaron las denuncias.
Con la Carta Politica de 1991 se cimentó la autonomía de los órganos de control con el fin de acabar la corrupción, posicionando en cabeza de la Contraloría General de la República la vigilancia de la gestión fiscal de la administración, de los particulares y de entidades que manejan fondos o bienes de la Nación, y dentro de sus funciones se encuentra la de promover las investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio al interés patrimonial.
En el mismo nivel tenemos a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes, los funcionarios públicos, los particulares que ejercen funciones públicas y las agencias del Estado Colombiano. En la cúspide tenemos a Fiscalía General de la Nación, instituida para la investigación de las conductas punibles y acusar, ante la jurisdicción penal, a quienes se presume han cometido delitos. Además, tenemos en la Policía Nacional a la DIJIN, que es la Dirección de Investigación Criminal y la Sijin, que son las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal. Para investigar disciplinariamente a los empleados de la rama judicial tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Todos estos organismos sin ataduras en su actuar como órganos de control.
Sumado a ellos está la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que conoce de las denuncias contra los altos dignatarios como Presidente de la República, Fiscal General y Magistrados de las Altas Cortes. De igual manera, cada entidad pública tiene las oficinas de control interno, sin perder de vista que los concejos municipales y asambleas departamentales hacen control político a la gestión del mandatario territorial y aterrizamos, para finalizar esta larga lista, con las superintendencias, entidades públicas que cumplen las funciones de inspección, vigilancia y control en su sector.
Si todo ello funciona como el reloj suizo, ¿por qué el ratón se come el queso? Será que tanto organismo de control disperso, sin coordinación entre ellos, hace que los ciudadanos nos sintamos como dice la canción de Celia Cruz: “¿Por qué fue que Songo le dio a Borondongo? ¿Por qué Borondongo le dio a Bernabé? Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. ¿Por qué Muchilanga le echó burundanga? Porque burundanga le hincha los pies. Así estamos, tardío pero lo dijo la Corte Constitucional por estos días y mostró preocupación por la falta de avances en investigación y sanción por el desvió de recursos en salud, la Contraloría anunció las cifras en billones de pesos para que las EPS intervenidas den explicación y la Fiscal se estrena con el anunció de investigaciones a sus directivos. Pero la Procuraduría decide investigar al recién llegado Superintendente de Salud y no a los salientes que venían ciegos, sordos y mudos ante tanto desfalco y la Defensoría sigue sin inmutarse.
Será que de verdad nos tienen emburundangados los medios de comunicación a tal punto que justificamos lo que está pasando con los dineros de la salud. Los fanáticos justifican a los senadores que financiaron sus campañas con los dineros de la salud y dieron el voto para el archivo de la reforma sin permitir el debate en el Senado. Será que ahora que habrá giro directo los hospitales y proveedores de medicamentos siguen saliendo a marchar en contra de las medidas, o será qué ahora la corrupción visitará a los hospitales y clínicas del sistema. Será que los médicos y paramédicos siguen convencidos que sí las EPS se convierten en gestoras de salud, ellos se quedan sin contrato y sin derecho a empleo digno. No señores de la salud, si el presupuesto asignado por el Estado no se desviara, ustedes tendrían mejores condiciones laborales y nosotros atención eficiente. Según informes de Transparencia por Colombia, la mayor corrupción en la salud se relaciona con sobrecostos del medicamento no entregado y financiación de campaña política a todo nivel.
Nosotros, usuarios y pacientes del sistema de salud confiamos en la actuación ágil, efectiva, desde luego con el respeto del debido proceso, al unísono debemos hacer sinergia para que las medidas tomadas permitan control efectivo a los recursos de la salud y así lograr la sostenibilidad del sistema por el bien de todos.
Felicitaciones Salud Mia EPS – HIC que se destaca como modelo preventivo y cumple con los indicadores financieros de capital y reserva técnica exigidos por la Supersalud convirtiéndose en gestora eficiente en Santander.
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*Abogada especialista en administrativo y función publica
X: @EugeniaAguilarR
