La pauta pública, concebida para informar, se ha convertido en un mecanismo de manipulación editorial. La actual crisis de los medios, su dependencia económica del poder político debilita la libertad de prensa, distorsiona la información y desplaza al ciudadano de un verdadero control democrático.
Por: Óscar Humberto Cote Cote/ La libertad que tienen los entes territoriales colombianos para contratar pauta publicitaria en medios públicos y privados fue concebida, en principio, como una herramienta legítima para informar a la ciudadanía sobre los distintos programas, obras y decisiones de interés público implementados por cada ente territorial. Sin embargo, lamentablemente, en la práctica esta facultad se ha transformado en un mecanismo silencioso, pero altamente eficaz, de manipulación de la información. La pauta pública, lejos de fortalecer la democracia y el derecho a recibir información veraz, ha terminado condicionando los contenidos que publican los medios de comunicación, en detrimento del papel del ciudadano común en la participación dentro del proceso informativo y del rol fiscalizador que los medios deberían preservar.
Este fenómeno se extiende día a día dentro de una realidad marcada por una profunda crisis estructural de los medios informativos. La radio, casi desaparecida; la prensa escrita, que prácticamente ya no se vende en formato físico; la televisión regional e incluso los medios digitales y las redes sociales atraviesan una etapa globalizada de precariedad económica sin precedentes. La reducción de los ingresos por publicidad privada, la migración de audiencias hacia plataformas digitales y la inmediatez de las redes han llevado a muchos medios a depender casi exclusivamente de los recursos provenientes de la pauta oficial. En este lamentable escenario, la independencia editorial se convierte en un lujo que pocos medios de comunicación pueden darse.
Las consecuencias de esta realidad resultan evidentes en el contexto actual: medios que alguna vez ejercieron una función crítica y vigilante hoy optan por una línea informativa estrictamente alineada con las administraciones que los financian. Hoy por hoy, las primicias son los boletines oficiales, las fotografías protocolarias, los discursos triunfalistas y las cifras “oficiales”, mientras se guarda silencio ante las problemáticas reales de las comunidades. El periodismo ha dejado de ser un ejercicio de contraste y verificación; pareciera que hubiese muerto para resurgir convertido en un simple canal de difusión institucional, cuidadosamente filtrado y acomodado a los intereses del gobernante de turno.
De este modo, el “arte de informar” pareciera haber perdido su sentido social. Las necesidades de los ciudadanos, las denuncias comunitarias, los errores administrativos y las decisiones que afectan de manera directa el patrimonio y la calidad de vida de la población quedan relegadas o, por qué no decirlo, simplemente ignoradas. No porque carezcan de méritos para su divulgación, sino porque abordarlas y difundirlas implica un serio riesgo económico: perder el contrato de pauta pública que garantiza la subsistencia del medio, del cual depende el trabajo de un grupo de “periodistas”, camarógrafos y demás empleados de una entidad que, al fin y al cabo, es una empresa cuyo funcionamiento, como el de cualquier otra, se encuentra condicionado por el flujo de dinero.
Este círculo vicioso beneficia claramente a las administraciones locales. Al concentrar el poder económico sobre la pauta, logran imponer una narrativa a su favor, en la que la realidad o el auténtico impacto social se presentan de forma fragmentada, maquillada o directamente distorsionada. La realidad comunicacional actual indica que la crítica se convirtió en “ataque político”, la denuncia en “desinformación” y el cuestionamiento ciudadano en “oposición malintencionada”. En ese proceso, la información oficial termina mutando en fake news, no porque sea completamente falsa, sino porque omite, disfraza o tergiversa la verdad, en perjuicio de quienes, tras bambalinas, aportan los recursos económicos para financiar la pauta oficial a través del pago de impuestos: los ciudadanos.
El municipio de Piedecuesta es un ejemplo elocuente de esta problemática. La implementación del avalúo catastral multipropósito en 2024 ha puesto en serio riesgo el patrimonio de miles de familias piedecuestanas. Incrementos desproporcionados en el valor de los predios, afectaciones directas al impuesto predial y una profunda incertidumbre económica han generado inconformidad y malestar ciudadano. Sin embargo, esta situación no ha sido abordada de manera crítica por los medios locales ni por los del área metropolitana. En su lugar, se han difundido mensajes emitidos directamente por la administración municipal que resaltan supuestos beneficios futuros, sin contrastar las cifras ni dar voz a los afectados, y señalando a quien se atreve a alzar la voz como alarmista o malintencionado.
Otro caso alarmante es el relacionado con el funcionamiento de la PTAR El Santuario y la PTAP La Colina. Las recurrentes denuncias sobre fallas operativas, posibles impactos ambientales y deficiencias en la prestación del servicio han circulado principalmente en conversaciones comunitarias y en redes sociales, pero no han encontrado eco en los medios de comunicación tradicionales. Resulta evidente que este silencio mediático no es casual: cuestionar la gestión de estos proyectos implica incomodar a la administración que financia la pauta, un fenómeno creciente que se repite en muchas otras ciudades del país.
A ello se suma la inexplicable reducción de los ingresos corrientes del municipio, así como las dudas que han surgido en torno a una posible doble contabilidad en la administración local. Se trata de temas de alto interés público, que ameritarían investigaciones periodísticas rigurosas y amplios debates abiertos. No obstante, la ausencia de cubrimiento mediático refuerza la percepción de que ciertos asuntos simplemente no existen mientras no sean reconocidos oficialmente.
Este panorama plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Qué tan libre es un medio de comunicación que depende económicamente del poder político al que debería vigilar, cuando su financiación proviene de los impuestos de los ciudadanos a quienes ese mismo poder busca silenciar? Cuando la pauta pública se convierte en un mecanismo de presión indirecta, la libertad de prensa genera literalmente un vacío en sus contenidos. No hace falta censura explícita ni amenazas abiertas; basta con la advertencia tácita de que un enfoque crítico de un solo artículo, puede traducirse en la cancelación de un contrato.
La democracia se resiente cuando la ciudadanía recibe información incompleta o sesgada. Sin pluralidad informativa, el debate público languidece y la toma de decisiones se basa en percepciones artificialmente construidas. El problema no es la existencia de la pauta pública en sí misma, sino la ausencia de reglas claras, transparentes y equitativas que garanticen que estos recursos no se utilicen para comprar silencios ni fabricar consensos.
Resulta inadmisible que los poderes económicos de grandes contratistas del estado asuman el control, o mantengan una presencia accionaria significativa, en medios de comunicación que eventualmente deberían investigarlos o ejercer vigilancia sobre su actuación. Esta situación configura un evidente conflicto de intereses que erosiona la credibilidad periodística y debilita los mecanismos de control democrático. La pauta pública, por tanto, debe ser regulada de manera estricta, y la composición accionaria y la dirigencia de los medios de comunicación deberían estar legalmente exentas de la participación de grandes contratistas del Estado. Solo así será posible garantizar una información independiente, libre de presiones económicas y realmente comprometida con el interés público.
Recuperar el sentido informativo y social de los medios no solo exige valentía, también responsabilidad institucional. Las administraciones deben entender que informar no es imponer una versión única de la realidad, y los medios deben recordar que su razón de ser es servir a la ciudadanía, no a los gobiernos. Mientras la pauta pública siga condicionando la agenda informativa, la verdad continuará subastándose al mejor postor y la información oficial seguirá deslizándose peligrosamente hacia el terreno de la fake news.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
