El Gobierno de Gustavo Petro acelera su agenda social con un salario mínimo histórico, la reactivación de la reforma laboral y una ley de financiamiento por decreto. La estrategia busca sostener la gobernabilidad, responder a la presión fiscal y cumplir promesas centrales del proyecto político del cambio.
En la recta final de su mandato, el presidente Gustavo Petro decidió concentrar capital político en una ofensiva económica y social que combina medidas de alto impacto simbólico y decisiones de fondo en materia fiscal y laboral. Tras un año marcado por tensiones con el Congreso, advertencias de calificadoras de riesgo y un crecimiento económico moderado, la Casa de Nariño optó por avanzar incluso a través de decretos, un mecanismo constitucional que, aunque legal, suele generar controversia política y jurídica.
El anuncio de un salario mínimo con aumento histórico para 2026, la reactivación de la reforma laboral y la expedición de una ley de financiamiento por decreto configuran lo que analistas describen como “la última gran apuesta” del Gobierno para consolidar su legado. Desde el Ejecutivo se insiste en que estas medidas responden a un mandato popular: mejorar el ingreso real de los trabajadores, corregir la precarización laboral y garantizar recursos para sostener el gasto social.
Sin embargo, sectores empresariales y de oposición advierten riesgos sobre la sostenibilidad fiscal, el empleo formal y la confianza inversionista. El debate no es nuevo, pero adquiere mayor intensidad en un contexto de estrechez presupuestal y de confrontación abierta entre el Gobierno y parte del Legislativo. “No se trata de una improvisación, sino de una decisión política consciente”, señalan fuentes cercanas al Ejecutivo, que defienden la coherencia del paquete económico con el proyecto de cambio prometido en campaña.
La apuesta final de Gustavo Petro combina audacia política y alto riesgo. Un salario mínimo histórico, una reforma laboral ambiciosa y una ley de financiamiento por decreto conforman un paquete que busca dejar huella, pero que también expone al Gobierno a críticas y desafíos legales. El desenlace dependerá no solo de la viabilidad económica de las medidas, sino de su capacidad para resistir el pulso político e institucional.
Salario mínimo histórico y la noción de salario vital
El primer eje de la apuesta presidencial es el salario mínimo. Petro ha insistido en que el incremento para 2026 será “histórico” y estará alineado con el concepto de salario vital familiar, una noción que va más allá del simple ajuste por inflación y productividad. “El salario debe permitir vivir con dignidad, no apenas sobrevivir”, ha reiterado el mandatario en distintos escenarios públicos.
Según el Gobierno, el objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido en décadas anteriores y reducir la desigualdad salarial. El aumento, afirman, se definirá teniendo en cuenta el costo real de la canasta básica, el acceso a servicios y las condiciones de los hogares trabajadores. Desde el Ministerio de Trabajo se ha señalado que “Colombia no puede seguir normalizando salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas”.
No obstante, el anuncio genera preocupación en gremios empresariales, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Voceros del sector privado advierten que un aumento muy por encima de la inflación podría traducirse en mayores costos laborales, informalidad y reducción de contrataciones. El impacto no es solo salarial, también afecta prestaciones, aportes y la estructura de costos.
El Gobierno responde que el temor al colapso del empleo ha sido recurrente en cada aumento significativo y que, históricamente, no se ha materializado en las proporciones anunciadas. Para la Casa de Nariño, el salario mínimo récord es también una señal política: mostrar que, pese a las dificultades, la agenda social sigue siendo prioritaria.
Reforma laboral y financiamiento por decreto
El segundo componente de la estrategia es la reforma laboral, un proyecto que ya naufragó parcialmente en el Congreso y que ahora vuelve a la agenda con ajustes y énfasis renovados. La iniciativa busca fortalecer la estabilidad laboral, regular la tercerización, ampliar recargos nocturnos y dominicales, y reforzar derechos sindicales. Para el presidente, la reforma es “una deuda histórica con la clase trabajadora”.
La reapertura del debate ocurre en medio de una relación tensa con el Legislativo. Aunque el Gobierno ha manifestado su disposición al diálogo, también ha dejado claro que no renunciará a los puntos centrales de la reforma. “No podemos seguir con un modelo que premia la precariedad”, afirmó Petro recientemente, en un mensaje que fue leído como advertencia a los sectores que buscan diluir el proyecto.
En paralelo, el Ejecutivo avanza con una ley de financiamiento por decreto, una decisión que ha encendido alarmas en la oposición. La medida busca cerrar el déficit fiscal y garantizar recursos para programas sociales, ante la dificultad de tramitar una nueva reforma tributaria en el Congreso. Desde el Gobierno se argumenta que el decreto se ajusta a la Constitución y responde a una “urgencia fiscal inaplazable”.
Críticos de la iniciativa sostienen que gobernar por decreto debilita la separación de poderes y aumenta la incertidumbre jurídica. “Es una señal preocupante para los mercados y para la institucionalidad”, afirmó un congresista opositor, quien anunció posibles demandas ante la Corte Constitucional. El Ejecutivo, por su parte, defiende la legalidad del mecanismo y recalca que “la estabilidad social también es estabilidad económica”.
