El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara su reclusión preventiva por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Petro aseguró que, según su conciencia, Bonilla es inocente y víctima de extorsión.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó prisión preventiva para los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), al considerarlos presuntos líderes de una organización criminal que habría desviado recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. La decisión se tomó en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que ha sacudido al Gobierno y al Congreso colombiano.
La magistrada Aura Alexandra Rosero sostuvo que, aunque los exfuncionarios ya no ocupan cargos públicos, persisten riesgos para el proceso penal, pues las conductas investigadas se apoyaban en redes políticas y administrativas que operaban a través de terceros. La Fiscalía imputó delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ambos rechazaron.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con firmeza ante la decisión judicial. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó: “Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia”.
Petro agregó que Bonilla ha sido “extorsionado” y convertido en un “chivo expiatorio”, atribuyendo su situación judicial a una “ingenuidad” por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda. El mandatario insistió en que su Gobierno fue el que frenó cualquier intento de tráfico de influencias de congresistas, recordando que expulsó de la UNGRD al entonces director Olmedo López tras detectar hechos de corrupción.
En otra intervención, Petro señaló: “Bonilla es ingenuo, le advertí muchas veces: ojo con la extorsión, porque la extorsión no proviene del extorsionado sino del extorsionista”. Con estas palabras, el presidente buscó desligar a su exministro de las acusaciones directas de corrupción, aunque reconoció la complejidad de erradicar las mafias enquistadas en la administración pública.
El caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual Gobierno. Testimonios de exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla revelaron que millonarios recursos fueron utilizados para pagar coimas a congresistas, entre ellos los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
La Fiscalía sostiene que Bonilla y Velasco, desde sus posiciones ministeriales, tuvieron control directo sobre recursos públicos y capacidad para direccionarlos de manera indebida. En el caso de Bonilla, se destacó su poder sobre el manejo presupuestal, mientras que Velasco mantenía contacto constante con congresistas.
La decisión judicial de enviar a prisión a dos de los exfuncionarios más cercanos a Petro marca un hito en la lucha contra la corrupción, pero también genera un fuerte impacto político en el Gobierno, que enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión.
Reacciones y debate jurídico
La medida de aseguramiento intramural fue cuestionada por abogados penalistas, quienes señalaron que la magistrada Rosero adoptó una decisión más severa que la solicitada por la Fiscalía. Algunos expertos advirtieron que la privación de libertad en establecimiento carcelario no era necesaria y que podría afectar garantías procesales.
Por su parte, Luis Fernando Velasco manifestó que no comparte la tesis de que sea un peligro para la sociedad y aseguró: “Mi lugar es este, dándoles la cara a los colombianos”, reiterando que seguirá a disposición de las autoridades para demostrar su inocencia.
El encarcelamiento de Bonilla y Velasco representa un golpe simbólico para el Gobierno Petro, pues ambos eran considerados fichas clave en su gabinete. Bonilla, además de su trayectoria académica, había sido secretario de Hacienda en la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Petro, lo que reforzaba su cercanía personal y política con el mandatario.
La defensa pública de Petro hacia Bonilla refleja no solo un respaldo personal, sino también un intento de proteger la legitimidad de su proyecto político frente a un escándalo que amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. El presidente ha insistido en que su Gobierno no tolera la corrupción y que quienes traicionen esa confianza deben salir del poder.
El caso de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y política en Colombia. Mientras el Tribunal Superior de Bogotá sostiene que los exministros representan un riesgo para el proceso penal, el presidente Petro defiende la inocencia de Bonilla y denuncia que ha sido víctima de extorsión y convertido en chivo expiatorio.
