El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación debido a presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros. El ente de control señala fallas graves que habrían afectado la atención médica del magisterio.
El mismo día en que la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma de salud impulsada por el Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación anunció un pliego de cargos contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El motivo: supuestas falencias en la estructuración y puesta en marcha del nuevo modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que entró en operación el 1 de mayo de 2024.
El proceso disciplinario no solo involucra a Jaramillo, sino también a tres exministros del gabinete de Gustavo Petro: Aurora Vergara (Educación), Ricardo Bonilla (Hacienda) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo). A ellos se suman directivos de la Fiduprevisora y representantes de Fecode, como Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho.
La acusación, contenida en un documento de 87 páginas, describe las responsabilidades de cada uno de los implicados en la adopción del nuevo esquema de salud para los docentes. Según el procurador delegado Esiquio Sánchez, las decisiones tomadas habrían puesto en riesgo la continuidad y calidad del servicio, vulnerando derechos fundamentales.
El ministro Jaramillo deberá responder por un cargo específico: “incumplir la función de dirigir y coordinar de manera debida y oportuna la asistencia técnica al Consejo Directivo del Fomag y a la Fiduprevisora”.
Entre las principales observaciones del ente de control se destacan:
- Falta de advertencia sobre la capacidad operativa de la Fiduprevisora: al inicio del modelo, la entidad no contaba con las condiciones técnicas y jurídicas necesarias, debido a la tardía aprobación del manual de contratación y la red de prestadores. Esto impidió negociar acuerdos de voluntades con las IPS.
- Deficiencias en el manual tarifario: la asesoría del Ministerio habría permitido que las IPS prestaran servicios sin autorización previa y facturaran bajo la modalidad de pago por evento, aplicando tarifas plenas del SOAT, lo que generó sobrecostos.
- Riesgo para la atención médica: la improvisación y falta de planeación habrían afectado la continuidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud a miles de maestros y sus familias.
La Procuraduría considera que estas conductas vulneran artículos de la Constitución que reconocen la salud como un servicio público esencial y un derecho fundamental, además de disposiciones legales que definen las funciones del Ministerio de Salud.
El ministro Jaramillo respondió mediante un comunicado en el que aclaró que “no hace parte del Consejo Directivo del Fomag y que no tiene mayor potestad sobre los modelos que se empleen para los maestros”. Según su cartera, el sistema de salud de los docentes corresponde a un régimen exceptuado, con estructura jurídica propia e independiente, por lo que el Ministerio solo brinda asistencia técnica.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció en defensa de su ministro. En la red X escribió: “El ministro de Salud es el que más impulsó la reforma de salud en el Fomag, que saboteó el señor Marín para mantener oscuros intermediarios privados de los dineros de los maestros y maestras”.
Por su parte, Fecode y sectores sindicales han manifestado preocupación por la crisis del sistema, señalando que la transición al nuevo modelo ha estado marcada por demoras en pagos, dificultades en la entrega de medicamentos y deficiencias en la atención.
Implicaciones políticas y administrativas
El caso tiene un fuerte impacto político. Jaramillo, considerado uno de los principales defensores de la reforma de salud del Gobierno Petro, enfrenta ahora un proceso disciplinario que podría debilitar la agenda oficial en materia sanitaria. Además, la simultaneidad entre el hundimiento de la reforma en el Senado y el anuncio de la Procuraduría refuerza la percepción de crisis en el sector.
Administrativamente, el juicio busca establecer responsabilidades individuales en la improvisación que rodeó la entrada en operación del modelo. La Procuraduría calificó las presuntas faltas como graves y gravísimas, dependiendo del rol de cada funcionario, y advirtió que se puso en riesgo el derecho fundamental a la salud de los afiliados al régimen.
El nuevo esquema de salud para los maestros fue presentado como una alternativa para superar las deficiencias históricas del Fomag. Sin embargo, desde su inicio ha estado rodeado de cuestionamientos. La Superintendencia Nacional de Salud intervino a la Fiduprevisora en 2024 y ordenó la suspensión provisional de actividades en 2025, tras detectar demoras en pagos y problemas en la entrega de medicamentos.
Las críticas apuntan a que el modelo fue implementado sin condiciones mínimas de planeación, lo que derivó en improvisación y afectaciones directas a los usuarios. Para los docentes, la promesa de un sistema más eficiente se convirtió en un escenario de incertidumbre y precariedad.
