El presidente Gustavo Petro justificó la decisión de retirar desde 2026 los recursos estatales destinados a Colfuturo, argumentando que la entidad privada concentraba sus becas en estudiantes de estratos altos y grandes ciudades. El Gobierno sostiene que ahora la financiación pública será administrada directamente por el Ministerio de Ciencias.
El anuncio del retiro de recursos estatales a Colfuturo marcó un punto de quiebre en una relación de casi veinte años entre el Gobierno Nacional y la entidad privada que administra el Programa Crédito Beca (PCB). La decisión, confirmada inicialmente por la propia fundación, implica que la promoción 2025 será la última en recibir aportes públicos, lo que obligará a Colfuturo a rediseñar su modelo operativo y buscar nuevas fuentes de financiación para sostener su oferta de estudios de posgrado en el exterior.
El presidente Gustavo Petro defendió la medida afirmando que Colfuturo, pese a recibir apoyo estatal durante dos décadas, concentró sus becas en estudiantes de estratos 4, 5 y 6, principalmente en Bogotá y Medellín. Según el mandatario, la entidad entregaba alrededor de 3.000 becas al año, pero con un alcance social limitado. En su mensaje, publicado en la red social X, Petro sostuvo que la política de Colfuturo beneficiaba a sectores privilegiados y no respondía a criterios de equidad territorial ni socioeconómica.
El Gobierno argumenta que la administración de becas debe ser una función pública y no tercerizada en operadores privados. Por ello, la responsabilidad de asignar recursos para maestrías y doctorados pasó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que —según Petro— ya ha otorgado más de 7.000 becas en áreas estratégicas para el país, con cobertura nacional y criterios de inclusión regional y social.
La decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito político. La precandidata presidencial Vicky Dávila calificó al presidente de “faltón” y criticó que el retiro de recursos afectaría a jóvenes que aspiraban a estudiar en el exterior. Petro respondió señalando que la funcionaria “faltaba a la verdad” y reiteró que el modelo público ampliará el acceso y reducirá la desigualdad en la formación de alto nivel.
El impacto para Colfuturo y el debate sobre la equidad educativa
Colfuturo, por su parte, recordó que su programa de becas ha permitido que cerca de 25.000 colombianos cursen maestrías y doctorados en universidades de primer nivel alrededor del mundo. La entidad destacó que, gracias a la alianza con el Estado, se consolidó el programa de financiamiento educativo más grande de América Latina, con una inversión conjunta cercana a los US$892 millones.
La fundación aseguró que, aunque deberá operar sin recursos estatales desde 2026, los beneficiarios actuales mantendrán las condiciones pactadas al momento de su selección. También anunció que trabaja en un rediseño del programa y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación para sostener su misión de apoyar la formación avanzada de profesionales colombianos.
El debate de fondo gira en torno a la equidad en el acceso a la educación superior de alto nivel. Mientras el Gobierno sostiene que Colfuturo privilegiaba a estudiantes de estratos altos y regiones centrales, la entidad defiende que su proceso de selección se basa en mérito académico y calidad de los programas. La discusión también refleja visiones contrapuestas sobre el papel del Estado y del sector privado en la financiación de la educación.
Para el Gobierno, el nuevo modelo permitirá democratizar el acceso y priorizar áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Petro ha insistido en que la formación avanzada debe ser financiada con recursos públicos y orientada a estudiantes de todas las regiones, especialmente aquellos provenientes de sectores históricamente excluidos.
El retiro de recursos también se inscribe en un contexto político más amplio, en el que el Gobierno ha cuestionado programas educativos administrados por privados y ha impulsado reformas para fortalecer la educación pública. La decisión sobre Colfuturo se suma a debates recientes sobre el Icetex, Ser Pilo Paga y otros esquemas de financiamiento educativo.
A pesar de las críticas, el Ejecutivo sostiene que no se está desfinanciando la formación de alto nivel, sino transformando el modelo de administración de los recursos. Según el Gobierno, la transición hacia un esquema público permitirá ampliar la cobertura, descentralizar la oferta y garantizar mayor transparencia en el uso de los fondos.
