Los propietarios de bares y establecimientos nocturnos manifestaron su inconformidad frente a los nuevos impuestos anunciados por el Gobierno en el marco del decreto de emergencia económica, argumentando que la medida amenaza la recuperación del sector, incrementa los costos operativos y podría provocar cierres masivos en varias ciudades.
El anuncio del Gobierno sobre la creación de nuevos impuestos para financiar medidas extraordinarias dentro del decreto de emergencia económica generó una reacción inmediata entre los empresarios del sector nocturno. Bares, discotecas, gastrobares y pequeños establecimientos de entretenimiento coincidieron en que la decisión llega en el peor momento posible: cuando la industria apenas comienza a estabilizarse tras años de afectaciones económicas, fluctuaciones en el consumo y cargas tributarias acumuladas.
Representantes gremiales señalaron que, aunque comprenden la necesidad de fortalecer las finanzas públicas en un contexto de crisis, el decreto no tuvo en cuenta la fragilidad del sector. Según asociaciones como Asobares, los bares han enfrentado incrementos sostenidos en los costos de arriendo, servicios públicos, seguridad privada y nómina, lo que ha reducido significativamente sus márgenes de operación. A esto se suma la desaceleración del consumo nocturno, que ha obligado a muchos negocios a operar con estrategias de supervivencia.
Los empresarios afirman que el nuevo impuesto —que se aplicaría sobre ventas y consumo de bebidas alcohólicas— podría traducirse en un aumento inmediato de precios para los clientes, lo que desincentivaría aún más la asistencia. En ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali, donde la vida nocturna es un motor económico relevante, los gremios advierten que la medida podría provocar una contracción del mercado y afectar miles de empleos directos e indirectos.
Además, los propietarios de bares sostienen que el Gobierno no abrió espacios de diálogo previos a la expedición del decreto. Para ellos, la ausencia de concertación demuestra un desconocimiento de la realidad operativa del sector y de su aporte a la economía urbana. “No se trata de evadir responsabilidades fiscales, sino de evitar decisiones que nos empujen al cierre”, han expresado voceros gremiales en diferentes regiones.
Riesgos para el empleo y la economía local
El impacto laboral es uno de los puntos más sensibles. El sector nocturno emplea a bartenders, meseros, cocineros, personal de logística, seguridad, limpieza, DJs, artistas y proveedores de alimentos y bebidas. Según estimaciones de asociaciones empresariales, por cada bar que cierra se pierden entre 8 y 20 empleos directos, además de los indirectos asociados a la cadena de suministro.
Los gremios advierten que, si el impuesto entra en vigencia sin ajustes, podría desencadenar una ola de cierres en los próximos meses. Muchos establecimientos operan con márgenes tan estrechos que un incremento adicional en la carga tributaria los dejaría sin capacidad de sostener nóminas o renovar contratos de arrendamiento. En zonas turísticas, donde la vida nocturna es un atractivo clave, la medida también podría afectar la llegada de visitantes y la dinámica comercial.
Los propietarios también cuestionan la efectividad de la medida. Argumentan que, al aumentar los precios de las bebidas alcohólicas, podría incentivarse el consumo informal o clandestino, reduciendo la recaudación esperada y generando riesgos de salud pública. Además, señalan que la formalidad del sector se vería castigada, mientras que la competencia ilegal podría fortalecerse.
En varias ciudades ya se han convocado reuniones entre gremios, alcaldías y cámaras de comercio para evaluar alternativas. Algunas propuestas incluyen escalonar el impuesto, aplicar tarifas diferenciadas según tamaño del establecimiento o crear incentivos para quienes mantengan empleos formales. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sido acogida oficialmente por el Gobierno.
El debate también ha llegado al Congreso, donde algunos legisladores han pedido revisar el decreto y abrir espacios de concertación. Aunque el Gobierno ha defendido la constitucionalidad y necesidad de la medida, no ha descartado ajustes posteriores dependiendo de la evolución económica y del diálogo con los sectores afectados.
