El presidente Gustavo Petro ordenó acabar la tercerización en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante un acto en Bogotá donde formalizó a más de 2.300 madres comunitarias. La medida busca frenar abusos, garantizar recursos para la niñez y convertir el cuidado infantil en empleo público digno.
En medio de un encuentro con madres comunitarias en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro lanzó una orden directa a las autoridades encargadas del sistema de bienestar infantil: eliminar de manera progresiva la tercerización en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El anuncio se dio durante la oficialización de 2.353 nuevos cargos públicos para formalizar a igual número de cuidadoras de la primera infancia, en lo que el Gobierno ha definido como un paso estructural hacia la dignificación del trabajo del cuidado.
El jefe de Estado fue enfático en su diagnóstico sobre la intermediación laboral en la entidad encargada de la protección de la niñez. “Que el ICBF deje de tercerizar. Tercerizar significa que se roban los recursos, así de simple”, afirmó ante el auditorio, señalando que este modelo de contratación ha permitido distorsiones en el manejo de fondos públicos destinados a la atención de niñas y niños.
La declaración se enmarca en un debate de larga data en Colombia sobre la forma en que el Estado ha gestionado los servicios de cuidado infantil. Durante décadas, el país estructuró su política de primera infancia sobre esquemas de contratación indirecta con organizaciones operadoras, fundaciones o asociaciones que administraban los recursos del ICBF y vinculaban a las madres comunitarias sin estabilidad laboral. Para el Gobierno actual, este modelo no solo ha precarizado el trabajo de miles de mujeres, sino que también ha debilitado los mecanismos de control institucional.
“Esa contratación no es sino de politiqueros, quitándoles la comida a los niños, literalmente”, insistió Petro, al advertir que la tercerización ha facilitado prácticas clientelistas y riesgos de corrupción. En ese mismo sentido, recordó que varios casos de abuso contra menores han ocurrido en instituciones operadas por terceros, lo que, según dijo, evidencia fallas estructurales en la supervisión.
El mandatario solicitó al Ministerio del Trabajo y a los organismos competentes intervenir para acelerar la transición hacia un modelo de contratación directa. En su visión, la formalización laboral de las madres comunitarias debe ir acompañada de una reforma integral en la gestión de los servicios de cuidado infantil, que fortalezca la presencia estatal en el territorio.
La jornada en Ciudad Bolívar también sirvió para presentar los avances del programa de formalización laboral. De acuerdo con cifras oficiales, 2.300 madres comunitarias ya han sido vinculadas como empleadas públicas, con contrato formal, prestaciones sociales y acceso a seguridad social integral. Este proceso se sustenta en la reforma laboral aprobada en 2025, que estableció la posibilidad de incorporar a las trabajadoras del cuidado a la planta del ICBF.
El presidente destacó que el objetivo de su administración es ampliar significativamente esa cifra. “Hemos dado un pasito, pero necesitamos avanzar más. Me gustaría que no fueran 2.300, sino 5.000 o 10.000 madres comunitarias oficializadas”, señaló, al tiempo que proyectó que en los próximos años hasta 40.000 cuidadoras podrían convertirse en empleadas públicas.
En el evento, la directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que el proceso de formalización continuará en fases sucesivas, con la meta de cubrir progresivamente a la totalidad de las madres comunitarias, sustitutas y trabajadoras de hogares infantiles. Para el Gobierno, esta política constituye un cambio de paradigma en la forma en que el Estado reconoce el trabajo del cuidado, históricamente invisibilizado y mal remunerado.
Petro también vinculó la eliminación de la tercerización con la necesidad de ampliar la cobertura de atención a la primera infancia. Según cifras presentadas por el Ejecutivo, la educación inicial ha pasado de 112.000 a 476.000 niños y niñas entre 2019 y 2024, mientras que la cobertura del ICBF en servicios de atención integral creció de 1.323.000 a 1.679.000 menores. Aunque calificó estos resultados como positivos, advirtió que son insuficientes frente a la meta de garantizar atención universal para la población de cero a tres años.
“Tenemos que dar un gran salto para lograr el 100% del cuidado de las niñas y niños de cero a tres años”, sostuvo el mandatario, quien instó a acelerar la expansión de los programas de atención integral en los meses restantes de su Gobierno.
En su intervención, el presidente también respondió a cuestionamientos de algunos sectores sobre el aumento en la contratación estatal en entidades como el ICBF y el SENA antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. “Titulan que hay exceso en contratación pública. Están contando esto que estamos haciendo aquí como si fuera malo, como si comenzar a pagarles a 2.300 madres fuera una bestialidad”, dijo, defendiendo la política de formalización como una inversión social prioritaria.
Más allá del anuncio puntual, la decisión de desmontar la tercerización en el ICBF tiene implicaciones de fondo en la estructura institucional del sistema de bienestar familiar. Expertos en políticas públicas señalan que el reto no solo consiste en cambiar el esquema de contratación, sino en garantizar que la entidad tenga la capacidad administrativa y financiera para asumir de manera directa la operación de miles de servicios en todo el país.
Asimismo, el proceso abre un debate sobre la sostenibilidad fiscal de la medida y sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno para evitar nuevas formas de ineficiencia o corrupción. El Gobierno, por su parte, sostiene que la formalización laboral y la eliminación de intermediarios permitirán un uso más transparente y eficiente de los recursos públicos.
Las madres comunitarias, protagonistas de la jornada, recibieron el anuncio como un reconocimiento histórico a su labor. Durante años, estas mujeres han cuidado a millones de niños en condiciones laborales precarias, con pagos irregulares y sin garantías plenas de seguridad social. La formalización representa para ellas no solo estabilidad económica, sino también dignidad y reconocimiento institucional.
