El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo debate nacional al proponer que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito deje de ser una póliza y se convierta en un impuesto cuyo valor se calcule según el cilindraje del vehículo. La iniciativa implicaría redistribuir costos entre motos y automóviles de mayor capacidad.
La propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en un impuesto marcó un giro inesperado en la discusión sobre la sostenibilidad del sistema de aseguramiento vial en Colombia. Durante una intervención pública, el mandatario afirmó que los ingresos asociados al Soat y al sistema de aseguramiento crecen a un ritmo inferior al del Presupuesto General de la Nación, lo que, en su criterio, exige una revisión estructural del modelo vigente.
El Soat, creado bajo principios de solidaridad y universalidad, garantiza la atención inmediata de víctimas de accidentes de tránsito, independientemente de su nivel socioeconómico o de la responsabilidad en el siniestro. Sin embargo, el sistema enfrenta presiones crecientes: aumento de la siniestralidad, fraude en reclamaciones, disminución de la venta de pólizas y tensiones financieras en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
En este escenario, Petro planteó que el Soat funcione “bajo una lógica similar a la de un impuesto”, con el fin de corregir inequidades y asegurar recursos suficientes para la atención de víctimas. La idea, según explicó, responde también a órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud.
La propuesta generó reacciones inmediatas en el sector asegurador, en los gremios automotrices y entre millones de propietarios de vehículos, especialmente porque el mandatario sugirió que los automóviles de cuatro puertas —uno de los segmentos más comunes del país— serían los más afectados por el incremento tarifario.
En su intervención, Petro fue explícito al señalar que el criterio central para el cobro del nuevo esquema sería el cilindraje del automotor. “Quiero que el Soat sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más precisa para cobrar el Soat; es decir, las motos y pequeños vehículos disminuirían lo que deben pagar por el Soat, mientras que los vehículos de cuatro puertas lo aumentarían”, afirmó el mandatario.
Aunque el cilindraje ya es uno de los factores que hoy determinan el valor de la póliza, no es el único. La tarifa actual se compone de tres elementos: la prima definida por la Superintendencia Financiera, la contribución al sistema de salud administrada por la Adres y la tasa correspondiente al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Además, se consideran variables como el tipo de vehículo, su antigüedad, el número de pasajeros y el radio de operación en el caso del transporte público.
La propuesta presidencial implicaría, entonces, un cambio de naturaleza: pasar de un seguro obligatorio regulado técnicamente a un tributo fiscal con criterios de progresividad. En este modelo, los hogares con vehículos de mayor capacidad o valor asumirían un aporte más alto, mientras que los propietarios de motocicletas y automóviles pequeños verían reducciones en el costo.
Para algunos analistas, la idea podría aliviar la carga económica de los segmentos más populares del parque automotor, especialmente las motos de bajo cilindraje, que hoy concentran la mayor siniestralidad y, por ende, pagan tarifas más altas. Sin embargo, otros advierten que convertir el Soat en un impuesto podría desincentivar la formalización, aumentar la evasión y generar incertidumbre jurídica en el sector asegurador.
Implicaciones políticas, técnicas y económicas
La propuesta de Petro no solo tiene implicaciones económicas, sino también institucionales. Cualquier modificación al esquema actual debe ser evaluada por la Superintendencia Financiera, entidad encargada de expedir anualmente la circular con las tarifas del Soat, calculadas en UVT con base en el valor definido por la Dian. Además, un cambio de naturaleza jurídica —de seguro a impuesto— requeriría una reforma legal o incluso constitucional, dependiendo del alcance de la medida.
El presidente también mencionó la posibilidad de un decreto de emergencia para atender las órdenes de la Corte Constitucional sobre la financiación del sistema de salud, lo que añade un componente político a la discusión. Según Petro, el Congreso no aprobó los recursos necesarios, lo que obliga a buscar alternativas extraordinarias.
En el sector automotor, la propuesta generó preocupación entre los propietarios de vehículos de cuatro puertas, uno de los segmentos más vendidos en el país. La frase del mandatario sobre este tipo de automóviles —“aumentarían lo que deben pagar”— provocó confusión y temor, especialmente porque no se precisó si el criterio sería exclusivamente el cilindraje o si se incluirían otros factores como el valor comercial o la categoría del vehículo.
Por su parte, el gremio asegurador ha insistido en que cualquier cambio debe garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar distorsiones que afecten la atención de víctimas. Fasecolda recordó que el Soat fue creado bajo la filosofía de solidaridad y que su estructura tarifaria responde a estudios técnicos sobre siniestralidad, costos médicos y número de pólizas vigentes.
Un debate abierto que marcará la agenda de 2026
La propuesta de Petro llega en un momento en el que el país discute reformas estructurales en salud, movilidad y financiamiento público. Convertir el Soat en un impuesto no solo modificaría la relación entre los ciudadanos y el Estado en materia de seguridad vial, sino que también redefiniría el papel del sector asegurador y la distribución de cargas entre los distintos tipos de vehículos.
Aunque aún no existe un proyecto formal, el debate ya está instalado. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la iniciativa avanza, si se ajusta o si se descarta ante las implicaciones técnicas, jurídicas y económicas que supone.
Por ahora, lo cierto es que el Soat —una de las obligaciones más conocidas y discutidas entre los colombianos— vuelve al centro de la conversación nacional, esta vez con una propuesta que podría transformar por completo su naturaleza y su impacto en millones de hogares.
