Colombia y Ecuador reabren un diálogo de alto nivel para coordinar controles portuarios, inteligencia y erradicación voluntaria frente al narcotráfico y el contrabando de fentanilo, en medio de tensiones comerciales y reproches presidenciales que evidencian la urgencia de una estrategia binacional de seguridad integral sostenible.
La relación entre Colombia y Ecuador volvió a tensarse y, al mismo tiempo, a reencaminarse hacia una agenda de cooperación en seguridad. En ese contexto, el presidente Gustavo Petro propuso construir con Quito una política conjunta para el control de los puertos marítimos, con el objetivo de frenar tanto la exportación de cocaína como el ingreso de insumos químicos para la producción de fentanilo.
“Cuando quiera Ecuador nos reunimos, pero el primer punto que quiero que se examine en la agenda bilateral es la construcción de una política mancomunada para el control de los puertos marítimos”, afirmó el mandatario colombiano, al advertir que estas terminales no pueden seguir siendo utilizadas por las organizaciones criminales como nodos logísticos de economías ilícitas transnacionales.
Petro sostuvo que el narcotráfico en la región ha mutado hacia esquemas más complejos y especializados, en los que las bandas operan flujos de doble vía. “Las bandas que crecen en Ecuador, varios de sus líderes los hemos capturado en Colombia, se están especializando en el transporte de sustancias en los dos sentidos”, señaló, en referencia a la cocaína que sale hacia mercados internacionales y a los insumos de fentanilo que ingresan al país.
Para el jefe de Estado, el foco en los puertos es estratégico. “Los insumos de fentanilo solo pueden entrar por buque mercante y a puertos sobre los que hay que establecer un férreo control”, advirtió, al subrayar que la ausencia de controles estrictos en estas infraestructuras facilita la expansión de nuevas drogas sintéticas con impactos sanitarios y criminales más graves que los de la cocaína tradicional.
Puertos, fentanilo y rutas cambiantes
El planteamiento colombiano se apoya en la tesis de que el desplazamiento de rutas del narcotráfico desde el Pacífico colombiano hacia Ecuador no ha reducido el negocio, sino que lo ha hecho más peligroso. Petro fue explícito al respecto: “El desplazamiento de rutas de la cocaína… trae como contrapartida la entrada y transporte al norte de América de contrabandos mucho más peligrosos que la cocaína”.
Desde Bogotá se considera que este reacomodo geográfico ha tenido efectos colaterales en toda la región andina, al convertir a Ecuador en un punto de tránsito clave no solo para la cocaína, sino también para precursores químicos vinculados al fentanilo. La preocupación es que la región termine integrada a la cadena global de opioides sintéticos, con consecuencias en violencia, salud pública y gobernabilidad.
Petro insistió en que la respuesta debe ser binacional y apoyada en inteligencia compartida. “He luchado por una fuerte coordinación de fuerzas militares y policías y fundamentalmente de la inteligencia entre Ecuador y Colombia”, dijo, al recordar que ambos países han sostenido encuentros recientes para fortalecer la acción antimafiosa y los mecanismos de cooperación operativa.
En esa misma línea, el mandatario destacó la inauguración de un centro de coordinación de inteligencias en Manaos como un paso para articular esfuerzos regionales, y anunció el fortalecimiento del control aéreo en la frontera sur. “Ahora se pondrá… un radar ultra moderno de seguridad aérea en Ipiales para detectar rutas aéreas”, explicó, en referencia a un sistema cuya instalación deriva de una adición contractual firmada en 2023.
El componente tecnológico busca cerrar un flanco histórico de vulnerabilidad en el corredor colombo-ecuatoriano, utilizado por avionetas y aeronaves ligeras para transportar cargamentos ilegales. Según fuentes oficiales, el radar permitirá mejorar la detección temprana y la interdicción de vuelos ilícitos que conectan pistas clandestinas en ambos países.
Diálogo tenso y agenda compartida
La propuesta de Petro se produce en medio de una relación bilateral marcada por tensiones políticas y comerciales. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha cuestionado públicamente a su homólogo colombiano por, a su juicio, no hacer lo suficiente para contener a los carteles que operan en la frontera común y que han contribuido al deterioro acelerado de la seguridad en Ecuador, hoy uno de los países más violentos de la región.
Petro respondió señalando que el problema del narcotráfico es de responsabilidad compartida y recordó gestos de cooperación, como el suministro de energía a Ecuador en momentos de necesidad. Desde Quito, sin embargo, se asegura que el país cuenta actualmente con capacidad suficiente para cubrir su demanda eléctrica durante aproximadamente 45 días en condiciones climáticas normales, aunque expertos advierten riesgos si se prolongan escenarios de sequía.
A este cruce político se sumó una controversia comercial. Ecuador impuso una “tasa de seguridad” a productos colombianos, medida que Quito defiende como un mecanismo para cubrir costos de control fronterizo y no como un arancel encubierto. La decisión generó malestar en Bogotá y alimentó la percepción de un enfriamiento bilateral.
Pese a ese clima, ambos gobiernos confirmaron la apertura de un espacio de diálogo. Colombia propuso un encuentro en la frontera, pero Ecuador presentó una contrapropuesta de fechas para la semana siguiente, argumentando compromisos de agenda y la necesidad de estructurar una reunión con objetivos claros. Para la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, uno de los ejes centrales será la seguridad en la zona limítrofe y la lucha conjunta contra el narcotráfico, al que calificó como un problema estratégico para ambos países.
Petro, por su parte, cerró su intervención destacando los avances en erradicación voluntaria en la frontera. “Ya son más de 22.000 familias colombianas… dispuestas a erradicar de raíz las matas de coca”, afirmó, antes de subrayar que “Tumaco ya no es el primer municipio de producción de cocaína del mundo”.
Analistas regionales coinciden en que la cooperación binacional es inevitable. La frontera colombo-ecuatoriana, extensa y porosa, se ha convertido en un corredor clave para economías ilícitas que no reconocen límites nacionales. Sin una política conjunta que articule control portuario, inteligencia compartida, tecnología, desarrollo social y diplomacia activa, cualquier esfuerzo unilateral será insuficiente.
En ese contexto, la propuesta de Petro busca recentrar la relación bilateral en una agenda de seguridad compartida, más allá de las disputas coyunturales. El reto ahora será convertir los anuncios y las citas en mecanismos operativos reales, capaces de contener tanto la cocaína que sale como los precursores que entran, antes de que el crimen organizado consolide su ventaja estratégica en ambos lados de la frontera.
