La rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de Fitch Ratings generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la decisión al hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. El mandatario advirtió que la oposición encareció la deuda pública para todos los colombianos.
Este miércoles 17 de diciembre de 2025, la calificadora internacional Fitch Ratings anunció la reducción de la calificación crediticia de Colombia, pasando de BB+ a BB, con perspectiva estable. La firma argumentó que la medida respondía a “persistentes déficits fiscales” y a la falta de un ancla fiscal creíble, lo que compromete las perspectivas de consolidación fiscal del país.
La rebaja implica que Colombia deberá pagar mayores intereses por su deuda externa, encareciendo el costo de financiamiento del Estado y afectando la confianza de los inversionistas. Fitch proyectó que el déficit fiscal podría alcanzar el 7,5% del PIB en 2026, superando las metas presupuestales del Gobierno.
El presidente Gustavo Petro reaccionó de inmediato a través de sus redes sociales, señalando directamente al Congreso como responsable de la decisión de Fitch. Según el mandatario, el hundimiento de la Ley de Financiamiento, que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para cubrir el déficit del presupuesto nacional, fue determinante en la rebaja de la calificación.
En sus declaraciones, Petro afirmó que “hay que decir siempre la verdad, se baja la calificación de la inversión en el país porque el Congreso hundió la Ley de Financiamiento, tal como lo advertí”.
En su cuenta de X, expone: “Nos costará más la deuda a todos los colombianos y colombianas, por una irresponsabilidad desmedida de los senadores de la oposición en la Comisión Tercera”.
Y aclara que, “por no ponerles impuestos a los megarricos le encarecen la deuda a toda Colombia. Son simplemente desalmados”.
La Ley de Financiamiento y su impacto
La Ley de Financiamiento propuesta por el Gobierno buscaba ajustar el Presupuesto General de la Nación, aforado en 546,9 billones de pesos, mediante un recaudo adicional de 16,3 billones. El proyecto planteaba gravar las grandes fortunas y los ingresos de los sectores más ricos del país, con el objetivo de reducir la desigualdad y garantizar estabilidad fiscal.
Sin embargo, la iniciativa fue rechazada en el Congreso, principalmente por la oposición y sectores independientes, quienes argumentaron que la propuesta era insuficiente y que podría afectar la inversión privada. Para Petro, esta decisión no solo debilitó la capacidad fiscal del Estado, sino que también envió una señal negativa a los mercados internacionales.
En su comunicado, Fitch Ratings explicó que la rebaja se sustentaba en déficits fiscales persistentemente elevados, aumento de la deuda pública en relación con el PIB, elevada carga de intereses y alta dependencia de las materias primas.
La firma reconoció que Colombia ha mantenido estabilidad macroeconómica frente a diversos choques, gracias en parte a la independencia del Banco de la República. Sin embargo, advirtió que las restricciones políticas para implementar medidas de aumento de ingresos dificultan la consolidación fiscal, incluso después de las elecciones de 2026.
Petro insistió en que la única salida para evitar un mayor deterioro fiscal es una reforma tributaria enfocada en los megarricos. Según el mandatario, el déficit fiscal podría subir al 7,5% del PIB en 2026 si no se aprueba una reforma que grave las grandes fortunas.
El presidente subrayó: “Una reforma tributaria en Colombia, para no aumentar la desigualdad social, se debe hacer sobre los ingresos y fortunas de los megarricos del país. Esto fue lo que rechazó el Congreso de 2025 y que el nuevo Congreso debe entender”.
Consecuencias para la economía colombiana
La rebaja de la calificación crediticia tiene varias implicaciones:
Mayor costo de la deuda pública, que impactará directamente en el presupuesto nacional.
Reducción de la confianza de inversionistas internacionales, lo que podría limitar el acceso a financiamiento externo.
Presión sobre el Gobierno para implementar reformas tributarias, con el fin de estabilizar las cuentas fiscales.
Posible aumento de la desigualdad, si las medidas de ajuste afectan principalmente a los sectores más vulnerables.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso por la Ley de Financiamiento ha derivado en una crisis de confianza reflejada en la decisión de Fitch Ratings. Mientras la calificadora advierte sobre déficits persistentes y falta de credibilidad fiscal, el presidente Petro responsabiliza a la oposición por haber rechazado una reforma que buscaba gravar a los más ricos.
