La creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones y los movimientos de personal en varias entidades del Estado desataron una disputa entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, quienes intercambiaron acusaciones sobre intereses políticos y legales a pocos días de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.
En Colombia, la Ley de Garantías busca impedir el uso de recursos públicos y decisiones administrativas para favorecer intereses electorales en periodos preelectorales. Esta norma, contemplada en la Ley 996 de 2005, limita la contratación directa por parte de entidades del Estado antes de elecciones importantes, como las legislativas y presidenciales de 2026.
Faltando días para que esta restricción entre en vigor el 31 de enero de 2026, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido objeto de críticas por decisiones recientes relacionadas con cambios en plantas de personal y la creación de nuevos cargos en entidades públicas, lo que opositores y sectores críticos califican como maniobras políticas.
Una de las decisiones más polémicas fue la firma del Decreto 0076, mediante el cual se crean 800 nuevos puestos en Colpensiones, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo. Según el documento oficial, esta ampliación responde a “necesidades comerciales, administrativas y operativas” de la entidad y se justifica como parte de un proceso institucional previo al cierre de la vigencia de la Ley de Garantías.
Paralelamente, otras decisiones del Ejecutivo incluyen la aprobación de más de 1.400 cargos temporales en el Ministerio del Trabajo bajo el Decreto 0052 de 2026, vigentes hasta diciembre de este año, según denuncias de sectores críticos.
Para sindicatos y opositores, estas acciones no solo multiplican la burocracia en el Estado antes de que la Ley de Garantías limite la contratación, sino que podrían estar vinculadas a estrategias para fortalecer estructuras políticas de cara a las elecciones.
Además de la creación de nuevos cargos, se han reportado movimientos de personal en diversas entidades. En el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Cancillería y otras dependencias, se han dado reasignaciones y declaraciones de insubsistencia de funcionarios, lo que amplió la atención pública y mediática.
Aunque algunos medios han informado de despidos masivos, las entidades involucradas han aclarado que los cambios no implican una desvinculación masiva de trabajadores de carrera administrativa, sino ajustes que responden a procesos administrativos propios de cada organismo.
Voces en conflicto: Petro y Uribe
La controversia escaló cuando el expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, afirmó públicamente que estas decisiones —especialmente la creación de cargos en Colpensiones— tenían un trasfondo político: “Más burocracia de Petro, todo para ayudar a Cepeda para que gane su imperio de violencia”, refiriéndose al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.
Frente a estas críticas, el presidente Gustavo Petro respondió en redes sociales y medios que las acusaciones son infundadas y que se trata, en realidad, de un proceso de formalización laboral para contratistas que ya desempeñaban funciones en estas entidades. “Usted miente… los cargos que cree que se crearon; no se crearon, simplemente eran los contratistas que usted dejó y ahora tienen estabilidad laboral como empleados”, sostuvo Petro.
No solo los líderes políticos han expresado preocupación. El concejal de Bogotá Andrés Barrios denunció una “feria de contratos” en diferentes entidades públicas a pocos días de la vigencia de la Ley de Garantías, argumentando que estas contrataciones y ampliaciones de planta no responden a necesidades técnicas, sino a intereses políticos anticipados al periodo electoral.
Los sindicatos de Colpensiones también han reaccionado, señalando la necesidad de respetar procesos de selección transparentes y defender el mérito de los trabajadores que han servido durante años, al tiempo que piden claridad sobre la naturaleza de las nuevas plazas.
La disputa entre el Gobierno y la oposición pone de manifiesto una tensión clásica de periodos preelectorales: el equilibrio entre decisiones administrativas legítimas y la percepción de uso político de la función pública. Más allá de las declaraciones confrontacionales, el caso ha generado debates sobre transparencia, legalidad y ética en el manejo de la contratación estatal.
