El colectivo Luis Carlos Pérez informó que cinco exintegrantes de la fuerza pública, implicados en la masacre del 16 de mayo de 1998, en Barrancabermeja, solicitaron el ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El abogado Eduardo Carreño Wilches, quien acompaña a los familiares de las víctimas de la incursión paramilitar, informó que la petición ocurre luego de 20 años del asesinato y desaparición de 32 personas en barrios populares de la comuna siete del Puerto Petrolero.
En el caso del oficial de mayor rango, implicado en la masacre, el coronel Joaquín Correa López, quien se desempeñaba en el momento de la masacre como comandante de la Policía en esa ciudad; hay incluso decisiones que frenaron la orden de captura emitida en su contra. De hecho, el colectivo Luis Carlos Pérez informó que el juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga suspendió esa medida.
Antes de ingresar de manera formal a la Jurisdicción Especial para la Paz, el oficial deberá comparecer ante el juzgado de la capital santandereana para firmar un acta de compromiso.
Desde la clandestinidad, el oficial pidió que el proceso sea trasladado a Bogotá pues alega que no tiene recursos para viajar a Bucaramanga informó el abogado del colectivo José Alvear Restrepo.
El coronel Correa López, quien siempre ha negado su responsabilidad, por acción u omisión en la masacre, fue llamado a juicio por los delitos de homicidio agravado y desaparición múltiple agravada.
Por la muerte y desaparición de las 32 personas, la justicia ordinaria también procesa al capitán retirado del Ejército José Eduardo González Sánchez, quien se desempeñaba como subjefe de seguridad de Ecopetrol.
Este hombre fue señalado como el enlace entre las autodefensas y la Fuerza Pública. También están llamados a juicio, el mayor Oswaldo Prada Escobar y los tenientes John Héctor Guzmán y Antonio Enrique Daza Camargo.
Caravana de la muerte
El operativo de los paramilitares fue efectuado el sábado 16 de mayo de 1998 en los barrios El Campín, El Divino Niño, El Campestre y María Eugenia, de Barrancabermeja. Apoyados por el ejército, la policía y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los paramilitares asesinaron en Barrancabermeja a siete personas y procedieron a desaparecer a 25 víctimas.
De acuerdo con versiones dadas a la justicia por antiguos paramilitares, la masacre fue ordenada por Cristancho Acosta, alias ‘Camilo Morantes’, jefe de los paramilitares en el departamento de Santander, en complicidad con la Fuerza Pública y comerciantes de la región para generar temor en la población.
Por esta masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH admitió una demanda contra el Estado, presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -Cejil y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la que denunciaban la participación de miembros de la Policía, Ejército y el entonces DAS en la masacre perpetrada por los paramilitares.
La demanda falló a favor de las víctimas y condenó al Estado Colombiano. En la sentencia se determinó que el Ejército, la Policía y el DAS deben de reparar administrativamente a las víctimas, por no haber defendido los derechos humanos de los pobladores, no desarrollar ninguna a acción que ayudara a preservar su vida y por permitir que la masacre ocurriera.
Pese a las condenas el Colectivo José Alvear Restrepo ha insistido en que el Estado Colombiano sigue en deuda con las víctimas en materia de justicia, pese a las insistentes solicitudes, aún no se logra la plena identificación e individualización de los empresarios y comerciantes que financiaron la incursión paramilitar
