La Procuraduría General de la Nación pidió suspender un proyecto de acuerdo en Puerto Gaitán, Meta, que buscaba autorizar un crédito por cerca de 145.000 millones de pesos, al advertir posibles irregularidades contractuales y riesgos administrativos asociados a un fondo de inversión investigado.
La intención de la Alcaldía de Puerto Gaitán de acceder a un crédito de gran envergadura para financiar obras de infraestructura rural quedó en pausa. La Procuraduría requirió al Concejo Municipal suspender el trámite del Proyecto de Acuerdo 043 de 2025, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar su pertinencia y legalidad en las condiciones actuales.
El proyecto pretendía otorgar facultades al alcalde para comprometer recursos mediante un endeudamiento cercano a los 145.000 millones de pesos, destinados principalmente al mejoramiento de vías rurales y otras inversiones. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que el mecanismo planteado podría reproducir prácticas contractuales que hoy son objeto de investigaciones disciplinarias.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la relación con el Fondo Mixto Sierra Nevada. Según la Procuraduría, en vigencias anteriores se habrían celebrado contratos y convenios similares a través de este fondo, los cuales están bajo investigación por presuntas deficiencias administrativas.
Entre los cuestionamientos se encuentran posibles fallas en la modalidad de selección del contratista y el uso de figuras contractuales que habrían permitido ejecutar recursos públicos mediante contratación directa. Para el ente de control, estos antecedentes obligan a extremar el análisis antes de autorizar un nuevo compromiso financiero de alto impacto para el municipio.
La preocupación no se limita al pasado. La Procuraduría señaló que es necesario verificar si el fondo de inversión cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y legales para adelantar un proceso de esta magnitud, especialmente cuando se trata de recursos provenientes de endeudamiento público.
El requerimiento también se sustenta en actuaciones preventivas previas. En septiembre de 2025, la Procuraduría consultó a la Alcaldía de Puerto Gaitán sobre las gestiones adelantadas para solicitar facultades al alcalde en materia de crédito, a lo que la administración respondió negativamente. Este antecedente generó dudas sobre la consistencia y oportunidad del trámite iniciado posteriormente ante el Concejo.
En su comunicación, el órgano de control recordó a los concejales la obligación de acatar estrictamente las normas procedimentales para la discusión y aprobación de proyectos de acuerdo. Subrayó que, además del trámite formal, deben cumplirse requisitos técnicos, financieros, legales y presupuestales que respalden una decisión que compromete recursos públicos a largo plazo.
La suspensión solicitada no implica un rechazo definitivo al proyecto, pero sí abre un debate sobre la transparencia, la planeación y la responsabilidad fiscal en un municipio que enfrenta retos estructurales en infraestructura. Mientras se aclaran los cuestionamientos, el futuro del crédito y de las obras asociadas queda en manos del Concejo y bajo la lupa de los organismos de control.
