En septiembre de 2018 el presidente de la República prometió “corregir” los errores que tenía el cálculo del nuevo impuesto a los licores para recuperar los ingresos de las regiones. Efectivamente, el Plan Nacional de Desarrollo incluye una modificación a la Ley aprobada en 2016, que ha recibido todo tipo de críticas.
En su momento, el presidente Duque les prometió a los gobernadores que arreglaría el cálculo del impuesto, que según los mandatarios regionales les hace perder cerca de $600.000 millones anuales de recaudo.
El presidente de la República, Iván Duque, les dijo a los gobernadores que el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, ya se había reunido con algunos de sus secretarios de Hacienda y representantes del sector licorero.
“Se ha demostrado que allí existe una falla y lo que quiero que ustedes sepan es que desde el Gobierno nacional en coordinación con ustedes estamos listos a enmendarla en el proceso legal que se requiera apreciados gobernadores”, dijo el presidente Duque.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, señaló hace unos días en una entrevista que el error fue incluir en la fórmula de cálculo del impuesto ad valorem el precio de venta en hoteles y restaurantes.
El ministro Carrasquilla señaló que la primera etapa en este caso será “tratar de corregir eso del precio público en el cual fuimos demasiado laxos en esa definición”.
El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo incluye los tres artículos que corregirían ese “error” modificando nuevamente la metodología para el cálculo del impuesto para regresar al gravamen por grado de alcohol.
La decepción de los gobernadores
Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), manifestó la inconformidad de los mandatarios seccionales por la reforma de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que afectaría el ingreso de los departamentos y que representaría una reducción en la inversión en salud, educación y deporte en las regiones.
“La mencionada reforma desconoce que la Ley 1816 de 2016 establece que una parte del impuesto se determine sobre el precio de venta de los licores y otra parte, según la cantidad de alcohol que contengan los mismos”, explicó Camargo.
Otra señal de alarma identificada según Camargo, es el error de incluir esta norma en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues desconoce el Principio de Unidad de materia de las leyes, ya que como puede verificarse, no existe una conexidad directa y estrecha entre esta norma y los objetivos y metas generales del Plan Nacional de Desarrollo.
“Esto es menos admisible si se tiene en cuenta que el Congreso acaba de tramitar una reforma tributaria en la denominada Ley de Financiamiento, que tuvo amplios espacios de debate específicos sobre esta temática”, explicó Camargo.
De acuerdo con los gobernadores, incluir la modificación implicaría un cambio en las reglas para la liquidación del impuesto al consumo de licores en la mitad de la vigencia, sin tener en cuenta los posibles impactos en el recaudo y la eventual afectación en el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Departamentales de los actuales gobernadores.
“Esto implicaría que los licores que tienen un menor precio de venta y a los que accede la mayoría de la población colombiana, como el aguardiente y rones nacionales, tengan que pagar más impuestos; mientras que los licores importados, como whisky, vodka y tequila que normalmente tienen precios mayores, se les disminuya el aporte que realizan al Estado”, dijo el director de la Federación.
Importadores están felices
Pero los importadores de vinos y otros licores, así como Diageo, Bacardi, Pernod Ricard, William Grant & Sons y Brown-Forman Corporation son los únicos que apoyan la modificación propuesta en el Plan de Desarrollo.
En una comunicación pública, dichas empresas señalaron que aplauden la eliminación del impuesto ad valorem para los licores, que además de elevar los precios de dichas bebidas, añaden incertidumbre al sector por lo que retrasa las decisiones de inversión en el mismo.
Por su parte, los gobernadores, que tienen el monopolio nacional de producción de licores, advierten que la medida podría promover el contrabando técnico de licores y el consumo de bebidas de origen extranjero, por encima de la producción nacional.
El gobernador de Caldas, Guido Echeverry, dijo a Dinero que los mandatarios locales proponen regresar al régimen que estaba vigente desde 2002.
Por su parte, los importadores de licores se mostraron abiertos a negociar con el gobierno de Iván Duque para lograr una fórmula que permita un adecuado recaudo tanto para la Nación como para las regiones, sin afectar ni a las empresas ni a los consumidores.
