Región Caribe entre los bloques que mejor resultados obtuvo. Sin embargo, Bogotá y Antioquia fueron las regiones que encabezaron la tabla de designación de recursos. Pese a su inmenso territorio Amazonía y Orinoquía quedaron al extremo inferior por densidad poblacional.
En la distribución y regionalización de la inversión pública del Presupuesto General de la Nación (PGN), los mayores recursos históricos y globales suelen concentrarse en los entes territoriales y distritos con mayor población, peso económico y extensión geográfica.
En el caso del presupuesto, los departamentos y zonas que tradicionalmente captan las mayores asignaciones (liderando la tabla frente al resto del país) fueron Antioquia y Bogotá Distrito Capital.
Esos dos territorios se consolidaron consistentemente como los territorios que concentraron las mayores asignaciones de inversión.
Por un lado, Bogotá (al tratarse de Distrito Capital) capta por sí sola montos cercanos a los $9 billones destinados a grandes redes de transporte masivo (como las líneas de metro y Regiotram) y macroproyectos urbanos.
Por otro lado, Antioquia encabeza el escalafón de los departamentos debido a su tamaño poblacional y a las megaobras viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G), además de proyectos energéticos e infraestructura logística.
La Región Caribe en bloque que agrupa a los departamentos de la Costa Atlántica, representa la segunda macro-región con mayor inyección de recursos (impulsada por proyectos estratégicos de infraestructura como la recuperación del Canal del Dique, soluciones energéticas y planes de adaptación al cambio climático).
En el otro extremo de la balanza, los departamentos con menor presupuesto asignado suelen ser los de menor densidad poblacional o territorios de la Amazonía y Orinoquía (como Vaupés, Guainía o Amazonas), cuyas bolsas de inversión son significativamente más reducidas a pesar de tener grandes extensiones territoriales.
El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2027, por un monto de $634,9 billones.
La aprobación se dio tras una maratónica jornada de debates que se extendió por casi 19 horas, concluyendo en la madrugada de este martes 20 de octubre en la Cámara de Representantes, luego de que el Senado también le diera su visto bueno (con 57 votos a favor y 1 en contra). Se evitó de esa forma que el Presupuesto fuera expedido por decreto presidencial.
Las asignaciones sectoriales fueron de las modificaciones de última hora y adiciones logradas en el debate. Se incluyeron recursos adicionales para educación ($100.000 millones), un incremento para el sector de Minas y Energía (llegando a los $10,51 billones), así como partidas para salud, ambiente (incluyendo programas de esterilización animal y gas licuado de petróleo) y garantías institucionales.
En el tema de los proyectos regionales se contemplaron rubros específicos como recursos para el Invías enfocados en la variante de San Gil (Santander), entre otras asignaciones regionales.
Se fijó la exigencia de que el Gobierno presente informes trimestrales detallados sobre el estado de la caja y los gastos de la Nación para el año 2027.
El proyecto pasó ahora a su trámite de sanción presidencial para convertirse oficialmente en ley.
De acuerdo con el cubrimiento de distintos medios de comunicación y fuentes económicas sobre la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, se destacan varios matices y datos adicionales de las discusiones en el Congreso.
Del total de los $634,9 billones aprobados, la mayor parte se concentra en los gastos de funcionamiento del Estado, seguidos por el servicio de la deuda pública y, en menor proporción, los rubros destinados a la inversión directa.
El debate en la Cámara de Representantes estuvo marcado por momentos de alta tensión —incluyendo una parálisis temporal de casi 10 horas—, en donde factores humanitarios y regionales (como las discusiones en torno a la atención por emergencias y desastres, y la inclusión de partidas clave como los recursos para el Invías orientados a la variante de San Gil) destrabaron posturas de partidos como los liberales para evitar que el proyecto se hundiera.
Mientras algunos sectores lograron adiciones de última hora —como los incrementos para Minas y Energía (llegando a más de $10,5 billones), educación, y fondos específicos para el Ministerio de Ambiente destinados a esterilización animal y gas licuado de petróleo—, también se presentaron reducciones en otras entidades, como un recorte cercano a los $11.000 millones aplicado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Además, al control trimestral de caja y gastos que deberá rendir el Ejecutivo, en el ambiente legislativo y económico se ha puesto sobre la mesa la necesidad de vigilar de cerca la sostenibilidad fiscal y las reglas de ajuste ante el déficit proyectado para la vigencia.
Dentro de la distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que contempla cerca de $94,8 billones para inversión pública con un enfoque importante hacia las regiones (alrededor de $69 billones), la puja legislativa permitió asegurar partidas específicas, ajustes y fondos puntuales para determinados proyectos territoriales y temáticas sectoriales de interés regional.
Para Santander se incluyeron de forma explícita recursos a través del Invías por $100.000 millones destinados específicamente a financiar la ejecución de la variante de San Gil, una obra clave de infraestructura vial para la movilidad y la conectividad del departamento y el oriente colombiano.
En asuntos de ambiente y programas locales (Ministerio de Ambiente) se asignaron partidas concretas que benefician a los entes territoriales y programas ambientales en las regiones, tales como $26.500 millones orientados a programas de esterilización de perros y gatos, y $70.000 millones destinados al suministro y subsidios de gas licuado de petróleo (GLP), un servicio esencial para zonas rurales y municipios apartados del país.
La inversión general en los departamentos señala que parte grande de los recursos de inversión pública aprobados ($94,8 billones en total) se canalizan a través de los diferentes ministerios sectoriales (como educación, salud, minas y energía, y trabajo con el SENA) para atender la infraestructura local, la red hospitalaria pública y los programas sociales en las distintas subregiones de Colombia, condicionados por los informes trimestrales de veeduría y caja exigidos al Ejecutivo.
Foto: Archivo / Senado de la República /
