Con dos cartas, una dirigida al magistrado Emiliano Rivera y otra a la magistrada Ángela Hernández, la Procuraduría les solicitó “celeridad” en los procesos contra las campañas de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014 y su supuesta relación con Odebrecht.
El Gobierno respaldó la petición de la Procuraduría y se recordó que el propio presidente Santos instauró ante el Consejo de Estado una acción de cumplimiento para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie de fondo sobre esos señalamientos al considerar de máxima importancia que se resuelva el caso lo más pronto posible.
El tribunal electoral investiga si la polémica multinacional brasilera entregó aportes a las campañas de Santos en 2010 y 2014.
De acuerdo a las normas vigentes, el Consejo Electoral ya perdió sus facultades para sancionar a esas dos campañas debido a que ya pasaron más de tres años de la supuesta comisión de los hechos.
En agosto del año pasado, la togada planteó ante la sala plena del CNE que se abriera investigación formal contra algunos miembros de la campaña de Santos en 2014 por supuestas irregularidades cometidas en la misma, lo cual no ha sido votado por la sala plena.
En la comunicación de la Procuraduría a los dos magistrados se les solicita que, “imprimiendo celeridad al expediente”, se “tomen las decisiones de fondo a que haya lugar” en el proceso contra las campañas de Santos, “por cuanto se han vencido los términos procesales”.
Sobre el tema de la caducidad, el Ministerio Público solicita que se analice su concepto, según el cual los términos para contar los tres años se deben tomar a partir de la entrega de la reposición de gastos a la campaña.
Se espera que los próximos días la sala plena del CNE tome decisiones de fondo sobre el futuro de estas dos investigaciones.
