La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la congresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, tras ordenar sin competencia la suspensión del presidente Gustavo Petro. La medida se extenderá hasta el 20 de julio de 2026.
La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la congresista Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, por ordenar sin competencia la suspensión del presidente Gustavo Petro. La medida, considerada falta gravísima, abre un proceso disciplinario que marcará un nuevo capítulo en la política colombiana.
La política colombiana vivió un nuevo episodio de tensión institucional este jueves 11 de junio de 2026, cuando la Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional de la representante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta Corral, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación. La decisión se produjo tras el intento fallido de la congresista de suspender al presidente Gustavo Petro, una medida que fue calificada por el Ministerio Público como una “falta gravísima” y que podría configurar el delito de prevaricato por acción.
La suspensión, que se extenderá hasta el 20 de julio de 2026, implica que Arizabaleta no podrá culminar su periodo legislativo, que finaliza precisamente en esa fecha. El organismo disciplinario consideró que su permanencia en el cargo ponía en riesgo el debido proceso y la dignidad institucional, al haber actuado sin competencia para ordenar la suspensión del jefe de Estado.
Este miércoles 10 de junio, Arizabaleta firmó un auto de sustanciación en el que ordenaba la suspensión provisional del presidente Petro hasta el 21 de junio de 2026 (fecha de la segunda vuelta presidencial), argumentando una presunta participación indebida en política. Sin embargo, la congresista no llevó su decisión a la sala plena de la Comisión de Investigación y Acusación, como exige el procedimiento, sino que actuó de manera individual. Este salto en el proceso fue interpretado como una extralimitación de funciones.
La Procuraduría, al revisar el caso, determinó que la congresista carecía de competencia para adoptar semejante medida contra el presidente de la República. En su providencia, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la conducta de Arizabaleta podría adecuarse al delito de prevaricato por acción, contemplado en el artículo 413 del Código Penal.
La decisión generó un inmediato debate en los círculos políticos y jurídicos. Desde la Casa de Nariño se interpretó la actuación de Arizabaleta como un intento de desestabilización institucional. Voceros del gobierno señalaron que la medida contra Petro carecía de sustento legal y que representaba un abuso de poder.
Por su parte, la Procuraduría defendió la suspensión de la congresista como una medida preventiva necesaria para proteger el interés general y garantizar el recto ejercicio de la función pública. “La suspensión provisional es una medida de prudencia disciplinaria en búsqueda de preservar el debido proceso y evitar la reiteración de la falta”, explicó la entidad.
El trasfondo político
Gloria Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, había ganado notoriedad en los últimos meses por su papel como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, órgano encargado de investigar al presidente de la República. Su decisión de suspender a Petro fue interpretada por algunos sectores como un acto de independencia frente al mandatario, mientras que otros lo vieron como una maniobra política sin sustento jurídico.
La medida de la Procuraduría, sin embargo, dejó claro que la actuación de la congresista no solo fue irregular, sino que además puso en riesgo la institucionalidad. Al suspenderla, el organismo disciplinario intentó enviar un mensaje de respeto a los procedimientos y competencias establecidos en la Constitución.
La suspensión de Arizabaleta significa que no podrá ejercer como representante a la Cámara ni como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación en lo que resta de su periodo. Esto abre un vacío en la dirección de la comisión, que deberá ser ocupado por otro miembro mientras se adelanta la investigación disciplinaria.
Además, la medida tiene un fuerte impacto político, pues se produce en medio de un ambiente de polarización y de tensiones entre el gobierno de Petro y algunos sectores del Congreso. La decisión de la Procuraduría refuerza la idea de que los órganos de control están dispuestos a actuar frente a posibles abusos de poder, incluso cuando provienen de quienes investigan al presidente.
La investigación disciplinaria contra Arizabaleta apenas comienza. La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas, incluyendo la incorporación de su certificado de antecedentes disciplinarios, con el fin de esclarecer los hechos. El proceso buscará determinar si la congresista incurrió en una falta gravísima y si su conducta se ajusta a un delito penal.
Mientras tanto, el presidente Petro continúa en el ejercicio de sus funciones, luego de que la medida de suspensión en su contra fuera invalidada. El episodio, sin embargo, deja en evidencia las tensiones institucionales y la fragilidad de los procedimientos disciplinarios cuando se trata de investigar al jefe de Estado.
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