La Resolución Conjunta 1350 de 2026 revivió en Colombia el debate sobre quién debe asumir la educación sexual. Entre el rol indispensable de las familias y la responsabilidad del Estado, la discusión exige trascender consignas ideológicas para garantizar una formación integral como sujetos de derechos.
Por: David Camargo Segura | Colombia no discute hoy si sus niños, niñas y adolescentes deben conocer sus derechos sexuales y reproductivos. Discute algo más profundo: quién tiene la responsabilidad legítima de educarlos en estos temas. La Resolución Conjunta 1350 de 2026 reabrió esa disputa, pero también puede servir para formular mejor la pregunta.
Dicho documento ha vuelto a poner en el debate público una pregunta que Colombia suele discutir desde los extremos: ¿quién debería educar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes? La respuesta más fácil es endilgarles la responsabilidad a los padres; la políticamente cómoda, dejársela al Estado. Lo cierto es que ninguna de las dos resuelve el problema por sí sola.
Es justo hace una precisión: la resolución no inventó la educación sexual en Colombia. La Ley 115 de 1994 ya incorporaba la formación sexual dentro de las responsabilidades educativas. En 2016, unas cartillas del Ministerio de Educación Nacional contra la discriminación por orientación sexual fueron retiradas tras una campaña de presión política y mediática que las acusó de “adoctrinar” a los niños. En ese debate llevamos más de tres décadas.
Lo incomprensible es que no ha habido consensos sobre quién o quiénes deben asumir esta tarea de forma holística e integra, pues educar implica también hablar del cuerpo, los afectos, la diferencia, la convivencia y los derechos.
Lo novedoso del documento —de lo que no se habla— es que adopta una mirada integral para el periodo 2026-2030 y compromete a distintos sectores del Estado en la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos. No se trata, entonces, de una medida descontextualizada ni exclusiva del sector escolar, sino de una política pública que involucra salud, educación, trabajo y cultura.
Sin embargo, decir que se está adoctrinando a los niños, niñas y adolescentes y que “se debe erradicar la ideología de género de las aulas”, como lo expresó la ministra Viviane Morales en los medios, no es correcto. Una cosa es la identidad de género y otra el término ideología; confundir conocimiento con adoctrinamiento resulta tan peligroso como confundir educación con propaganda. El documento no restringe qué deben enseñar los colegios en sus currículos: solo ofrece orientaciones sobre cómo abordar el tema.
Por eso resulta insuficiente, a estas alturas, reducir el debate a una lucha entre quienes esperan que el Estado eduque a sus hijos —incluso desde una base ideológica— y quienes quieren impedirlo por completo. Eso empobrece la discusión, que merece la mayor seriedad. El Estado no es propietario de los niños, niñas y adolescentes, pero tampoco puede erigirse en única autoridad, desentendiéndose de los contextos y dinámicas familiares.
La familia, por supuesto, posee una responsabilidad imprescindible. Son los padres quienes deben acompañar, educar y formar en valores, establecer límites y construir buena parte del universo afectivo de sus hijos. Pretender que la escuela pueda sustituir esas obligaciones sería un error pedagógico y humano.
Ahora bien, reconocer el papel de la familia no significa afirmar que toda la educación sexual deba quedar exclusivamente en sus manos. ¿Qué ocurre con el niño, niña o adolescente cuya familia nunca habla del tema? ¿Con el adolescente que busca respuestas en internet? ¿Con quién recibe información marcada por el miedo, el prejuicio o la desinformación?
Lo anterior deja además una reflexión: si esas familias —padres y madres— probablemente tampoco recibieron ninguna orientación que les permitiera responder a las preguntas que surgen desde una mente infantil o juvenil, ¿cómo pretendemos exigirles que asuman, en soledad, una educación sexual seria y comprometida que ellos mismos nunca recibieron?
Precisamente aquí aparece la responsabilidad del Estado y de la escuela. El sistema educativo, público y privado, no puede suponer que todas las familias cuentan con el mismo tiempo, conocimiento o disposición para hablar con sus hijos sobre temas sexuales. Por eso, la escuela debe ofrecer una formación básica, científica y apropiada para la edad, que permita a los estudiantes conocer su cuerpo, identificar situaciones de abuso, comprender sus derechos y reconocer formas de violencia o discriminación.
Dicho lo anterior, tampoco significa entregarle a la escuela un cheque en blanco. La educación sexual debe responder a criterios pedagógicos, científicos y de desarrollo: no se puede enseñar lo mismo a un niño de siete años que a un adolescente de diecisiete. La edad, el contexto y la madurez importan tanto como los contenidos.
La Resolución 1350 merece ser discutida, vigilada y, si es necesario, impugnada jurídicamente. De hecho, ya existen cuestionamientos públicos y una demanda de nulidad contra la medida. Eso forma parte de una democracia sana. Lo que no resulta saludable es discutirla desde consignas políticas que sustituyan el análisis de su contenido.
Posiblemente la pregunta más importante no sea de quién son nuestros niños. No son propiedad del Estado, de la escuela, de sus padres ni de ninguna doctrina o dogma: son sujetos de derechos. Y si realmente creemos en ello, nuestra obligación no debería ser decidir quién puede hablar sobre sexualidad y asumir la tarea, sino garantizar que, cuando hablemos, lo hagamos con responsabilidad, evidencia, prudencia y respeto.
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*Profesor universitario colombiano, director de trabajos de grado, especialista en Literatura Infantil y Juvenil y escritura académica y Magister en Educación.
