Por: Reinaldo Pérez Flórez/ A finales del siglo pasado Colombia vivió una constitucionalización de los derechos humanos, la nueva constitución creo instituciones que ayudarían a salvaguardar y a promocionar los derechos fundamentales plasmados en nuestra norma suprema, pero ya es habitual que en nuestro país las instituciones y políticas para la promoción y protección de derechos humanos se encuentren desfinanciadas.
Nuestra ciudad tiene problemas graves en materias de derechos humanos, así es apreciados amigos, la ciudad bonita cuenta con una población flotante de ciudadanos del vecino país, crisis humanitaria sin precedentes en nuestro territorio, además la crisis por la que atraviesa nuestro sistema carcelario no es para nada envidiable, contamos con un hacinamiento del 54,9% en nuestro centro penitenciario, el sistema es incapaz de salvaguardar los derechos fundamentales de las personas en condición de prisionalización.
Son situaciones que deben contar con el personal idóneo jurídica y socialmente hablando, capaces de afrontar una crisis humanitaria como la que estamos viviendo en la ciudad; entidades como la Personería de Bucaramanga son absolutamente necesarias para este propósito, son tareas fundamentales que debe asumir esta entidad, la pregunta es, ¿qué sucede cuando algunos de sus contratistas les adeudan más de dos meses de salario?, personal que está en la primera línea de defensa de los derechos humanos.
Según una fuente de la Personería, son varios contratistas de esta entidad a los que les adeudan su dinero desde el mes de septiembre del presente año y este problema se viene presentando desde mitad de 2020, “se han estado demorando más de lo normal”, pero eso no es todo, también nos cuenta nuestra fuente que dinero para los contratistas no había, la pregunta que se hacen es, ¿si no hay dinero para pagar a los contratistas, entonces por qué se está contratando más gente?
Al parecer se están haciendo asignaciones presupuestales sin plata, es la única explicación que encuentran los contratistas de esta entidad que ha estado en la primera línea de la salvaguarda de los derechos fundamentales de nuestra ciudad, ellos han estado al frente de esta situación en una crisis que no tiene precedentes en la historia del país, son quienes estuvieron vigilando la conducta oficial de los distintos secretarios de despacho en tiempos de pandemia, donde la función más importante no era la de asignar contratos y repartir mercados.
Es totalmente injusto que en épocas decembrinas, la respuesta que le den a los contratistas es la de “mija no hay plata”, 13 de Diciembre y no saben si les van a pagar el mes de septiembre, totalmente inhumano para quienes en pleno confinamiento debieron hacer presencia en los barrios con personas llenas de necesidades, y que asumen la defensa jurídica de quienes no tienen recursos para asumir el costo de una defensa jurídica, ni contratar a un abogado de confianza, estos contratistas también tienen neveras que llenar.
Por muy altruista que sea el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, para atender las necesidades de una persona en condición de prisionalización, esta asistencia jurídica también se hace en un centro penitenciario que carece de infraestructura y personal para garantizar su derecho a la salud y a la vida de los internos, en plena pandemia; ¿con que disposición va un abogado externo contratista de la personería para atender las necesidades de esta persona?, existe un factor que prima, la nevera sigue desocupada.
También debemos humanizar el gasto público, son recursos destinados para el funcionamiento de estas entidades que esperamos no se vean reflejados en publicidad, o aun peor, en plataformas de redes sociales que buscan fortalecer la imagen del ordenador del gasto de turno, esto sería fatal, no se asombren, ya ha sucedido; mientras tanto a los contratistas externos. ¿Quién les va a llenar la nevera?
*Abogado, Especialista en Derecho Constitucional y Especialista en Derecho Administrativo.
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