La reforma a la salud no es un tema es nuevo, aunque siempre ha sido controversial. Las reformas propuestas desde hace casi 20 años, buscan abordar problemas como la fragmentación del sistema de salud, la corrupción y la falta de acceso equitativo a servicios de calidad. Una reforma efectiva podría ayudar a abordar estos problemas y mejorar la atención médica para todos los ciudadanos.
La Ley 100 de 1993, que estableció el Sistema de Seguridad Social Integral, ha enfrentado críticas y desafíos a lo largo de los años, lo que ha llevado a una crisis en el sistema.
Entre los problemas asociados con esa norma está, las deficiencias en la prestación de servicios. Los usuarios han experimentado dificultades para acceder a servicios de salud de calidad de manera oportuna, lo que ha generado largas esperas, falta de medicamentos e inadecuada atención médica.
Otro flagelo, que incluso ha sido debatido en el Congreso, es el de la corrupción y el desvío de los recursos. La ley ha sido objeto de críticas debido a casos de corrupción, malversación de fondos y desvío de recursos destinados a la salud, lo que ha afectado la calidad y disponibilidad de los servicios.
Además, el sistema ha generado fragmentación y complejidad del Sistema. La fragmentación del sistema de salud ha dificultado la coordinación de la atención, la continuidad de los cuidados y la eficiencia en la prestación de servicios, lo que ha generado problemas para los usuarios.
Y, dentro de ese rosario de anomalías, están las desigualdades en el acceso. Existen desigualdades en el acceso a servicios de salud entre diferentes grupos de la población, lo que ha generado inequidades en la atención médica.
Detrás del negocio, socio…
Un reciente informe de la Asociación de Usuarios de la Salud, expone cifras concretas y advierte que detrás del deficiente sistema de salud, hay un lucrativo negocio para unos pocos.
«Alrededor de este negocio -destaca el informe- se han generado prácticas corruptas en las que se desvían recursos destinados a la salud pública para beneficiar a unos pocos individuos o entidades, en lugar de destinarse a mejorar la atención médica para la población en general».
Además, la presencia de intermediarios innecesarios en el sistema genera un aumento en los costos y beneficios para unos pocos actores, en detrimento de la calidad y accesibilidad de los servicios de salud para la mayoría de la población.
La debilidad del sistema también permite la falta de transparencia en la gestión de los recursos y en la toma de decisiones relacionadas con la salud pública, los que puede favorecer la opacidad y el beneficio de unos pocos, en lugar de garantizar el bienestar de toda la población.
Ese “negocio”, advierten los expertos, ha generado la “privatización de servicios públicos, lo que ha conducido a la concentración de recursos y beneficios en manos de empresas privadas, en detrimento de la atención médica accesible y de calidad para los usuarios más vulnerables”.
Y, como si eso fuera poco, se han evidenciado conflictos de interés entre actores públicos y privados, “favoreciendo la generación de beneficios para unos pocos a expensas de la salud y el bienestar de la población en general”.
¿Es necesaria una reforma?
La necesidad de una reforma estructural en el sistema de salud es evidente debido a una serie de desafíos y problemas que afectan su funcionamiento.
El proyecto del presidente Petro tenía como punto de lanza, atacar las desigualdades en el acceso. Para el Ministeiro de Salud, «existe una brecha significativa en el acceso a servicios de salud entre diferentes grupos de la población, lo que resulta en inequidades en la atención médica».
Además, en un reciente informe de la Contraloría, se hace alusión de corrupción y mala gestión: “La corrupción y la mala gestión en el sistema de salud han generado problemas como el desvío de recursos, la falta de transparencia y la baja calidad de la atención”, resalta el ente de control.
En ese mismo sentido, la Superintendencia de Salud ha expuesto que, «el sistema de salud enfrenta desafíos financieros que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo, lo que afecta la disponibilidad y calidad de los servicios de salud».
Además, el texto de la iniciativa del gobierno, hace énfasis en la necesidad de un enfoque preventivo, en el que se haga una fuerte promoción de la salud y la prevención de enfermedades para abordar los determinantes de la salud de manera integral.
Una reforma estructural en el sistema podría contribuir a abordar estos desafíos y mejorar la calidad, equidad y sostenibilidad de la atención médica en el país.
‘Impedimento moral’
En Colombia, ha habido casos documentados de relaciones inapropiadas entre algunas EPS (Entidades Promotoras de Salud) y políticos, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, corrupción y prácticas indebidas.
Estas conexiones han venido influyendo en decisiones relacionadas con la regulación del sistema, asignación de recursos y políticas públicas, lo que a su vez puede impactar negativamente en la calidad de la atención médica y el acceso equitativo a los servicios de salud para la población.
El régimen especial de salud para congresistas ha sido un tema controvertido debido a los privilegios y beneficios adicionales que históricamente han recibido los ‘padres de la patria’ en comparación con el resto de la población.
Estos regímenes especiales suelen incluir cobertura de salud más amplia, acceso a servicios médicos de alta calidad y otros beneficios que a menudo no están disponibles para el ciudadano común.
Estos regímenes especiales han sido objeto de críticas por considerarse injustos y poco equitativos en un sistema de salud donde la mayoría de la población enfrenta limitaciones y dificultades para acceder a servicios de salud de calidad.
En ese sentido, los congresistas -sin ser tan evidentes- legislan en su propio beneficio, como en el caso de sus propios regímenes especiales, generando conflictos de interés, falta de transparencia y desigualdades en el acceso a ciertos beneficios. Este tipo de acciones socavan la confianza en el sistema político y pueden llevar a decisiones que no representan los intereses generales de la población.
¿Intermediación necesaria?
En el contexto de la salud, la intermediación se refiere a la intervención de terceros entre proveedores de servicios de salud y pacientes, como compañías de seguros médicos o intermediarios financieros. Esta intermediación puede tener ventajas al facilitar el acceso a servicios médicos, pero también puede aumentar costos y complicar la relación directa entre proveedores y pacientes.
Según la Ley 100, las EPS (Entidades Promotoras de Salud) son entidades privadas encargadas de asegurar a los ciudadanos el acceso a los servicios de salud. Estas administran los recursos del sistema de salud y coordinan la prestación de servicios médicos a través de una red de proveedores. Las EPS juegan un papel crucial en el sistema de salud.
Pero la corrupción en las EPS ha sido un problema persistente que ha afectado negativamente la prestación de servicios. Se han reportado casos de corrupción que incluyen malversación de fondos, sobornos, facturación fraudulenta y otras que impactan negativamente la calidad de la atención médica y el acceso equitativo a los servicios.
Lo anterior, según la Contraloría, ha generado hospitales quebrados. “Este fenómeno puede deberse a una combinación de factores como la falta de financiamiento adecuado, mala gestión, corrupción, y la carga de atender a pacientes que no pueden pagar por los servicios médicos”, consigna.
Producto de su incumplimiento de sus tareas, la Supersalud ha tenido que liquidar varias EPS. “Esto ocurre cuando la entidad ha sido declarada en quiebra o incapaz de continuar operando. Durante el proceso de liquidación, se busca garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud a los afiliados y asegurar que los recursos sean utilizados de manera adecuada”, destaca.
¿Qué tan conveniente es la Constituyente?
Una reforma a la salud a través de una constituyente implicaría la modificación de la Constitución para abordar de manera integral los problemas estructurales del sistema de salud. Este enfoque podría permitir cambios significativos en la organización, financiación y prestación de servicios de salud, así como en la regulación de entidades como las EPS.
Sin embargo, llevar a cabo una reforma a través de una constituyente es un proceso complejo y requiere un amplio consenso político y social para lograr cambios sustanciales y duraderos en el sistema de salud.
A criterio de la Federación Médica Colombiana, algunos de los beneficios potenciales de llevar a cabo una reforma a través de una constituyente en el sistema de salud podrían incluir:
1- Reestructuración integral: Permite abordar de manera integral y profunda los problemas estructurales del sistema de salud.
2- Mayor participación ciudadana: Involucra a la sociedad en la toma de decisiones sobre políticas de salud.
3- Transparencia y rendición de cuentas: Puede promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos de salud.
4- Mejora en la equidad: Busca garantizar un acceso más equitativo a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos.
5- Modernización y adaptación: Permite adaptar el sistema de salud a las necesidades actuales y futuras de la población.
6- El ciudadano podrá decidir: Si se llama al ciudadano a definir el futuro de la salud, se evitaría que conflictos de intereses -morales y legales- de los congresistas, viciaran la posibilidad de una reforma estructural y se acabaran las viejas prácticas que han sumido el sistema en una profunda.
Cabe mencionar que cada uno de los 290 congresistas devenga mensualmente 43 millones 500 mil pesos, muchos de ellos, para ser elegidos han requerido del apoyo de empresas privadas que contratan con EPS, otros tienen afinidad con el sistema a través de burocracia y otro tanto representan los intereses de las intermediadoras; por lo que reformar la salud les significa darse un tiro en el pie.
