El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, está en la mira de la Procuraduría General de la Nación, que en las últimas horas le abrió investigación en el caso de un decreto firmado por el mandatario local que modificaba un proyecto de renovación que habría beneficiado a dos aportantes de su campaña.
En enero pasado, la Defensoría del Pueblo le envió una carta a la Alcaldía en la que le pide que revoque el decreto 674 del 22 de noviembre de 2018 por “inconsistencias de procedimiento” en ese documento. Esa decisión, por los tiempos de ley, deberá darse antes del 17 de marzo.
Tras esa comunicación, la Alcaldía pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría emitir un pronunciamiento sobre si existe una causal de impedimento si el Alcalde cumple con la orden que le hace la Defensoría del Pueblo.
El ente investigador entrará a determinar si existe conflicto de intereses en la decisión que debe tomar Peñalosa de revocar o no el decreto relacionado con ese Plan de renovación urbana Proscenio que se hará en el barrio La Cabrera.
La polémica se conoció hace unas semanas con las denuncias que hizo el periodista Daniel Coronell en su columna en la revista Semana. De acuerdo con el columnista, Peñalosa firmó ese decreto para modificar el ‘Plan parcial de renovación urbana Proscenio’ en la localidad de Chapinero.
El decreto valorizaba en más de 200 millones el negocio de Proscenio, un plan de desarrollo urbano, promovido por las compañías constructoras Amarilo SAS y Arpro, esta última de propiedad del grupo Neme. Las tres fueron aportantes de la campaña a la Alcaldía de Peñalosa por montos que van entre los 20 mil millones y los 47 mil millones de pesos.
El concejal Manuel Sarmiento también radicó un oficio sobre este tema donde afirmaba que el “Plan Parcial Proscenio fue estructurado por el Grupo Neme, contribuyente consetudianario de sus campañas políticas (las de Peñalosa)” e hizo alusión a que el decreto violaba las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial.
Proscenio es un plan nacido del sueño de la desaparecida Misi (María Isabel Murillo) de construir un teatro de artes en el norte de Bogotá. En el gobierno del alcalde Samuel Moreno y Clara López, ese plan parcial fue aprobado por el decreto 334 del 2010, pero nunca se ejecutó por la resistencia de los vecinos del exclusivo barrio de la Cabrera que siempre se han opuesto.
Entre los principales cuestionamientos de los vecinos está el impacto en movilidad que generará el proyecto, que además del teatro (6.436 m²) contempla la construcción de vivienda (49.688 m²), comercio (31.785 m²) y oficinas (87.963 m²).
