Por: Holger Díaz Hernández/ “Cierta oscuridad es necesaria, si lo que hay que ver son las estrellas”: Osho, líder espiritual indio.
Difícilmente encontraremos un proyecto de ley tan polémico y controversial como el de la actual reforma a la salud, que despierta odios y amores y que amenaza con incendiar el país en este primer semestre del año cuando hace su trámite final en el senado de la república.
El presidente Petro durante la campaña presidencial prometió reformar el sistema de salud de manera radical, incluyendo la eliminación de las EPS, que se convertirían en Gestoras de salud, modificando de fondo el sistema de aseguramiento y cumpliendo el compromiso hecho a los electores.
La reforma a la salud producto de la ley 100 de 1993, con todos sus defectos, demostró ser muchas veces superior a lo que teníamos los colombianos antes de su implementación. Solo un pequeño porcentaje de la población contaba con un servicio de salud definido, que era prestado por entidades como el Instituto del Seguro Social que atendía únicamente a los trabajadores cotizantes del sector privado, posteriormente incluyó a las personas del núcleo familiar, lo mismo ocurría con las cajas de compensación de la época exclusivas para los funcionarios públicos.
Los pobres que eran la gran mayoría de la población recibían “atención de caridad” en los hospitales o en los puestos y centros de salud; y quienes tenían capacidad de pago costeaban en la medicina privada y de su bolsillo el 100% de los tratamientos médicos.
En estos 30 años de historia de la ley no sólo han mejorado los porcentajes de aseguramiento sino también los alcances del mismo, convirtiéndose nuestro sistema de salud en uno de los más igualitarios del mundo y además en uno de los que más bajo gasto de bolsillo supone para los usuarios.
Antes los pacientes tenían muy pocas posibilidades de recibir los tratamientos ante la presencia de enfermedades de alto costo, el acceso a procedimientos de alta tecnología como diálisis, cirugías de cáncer, quimioterapia o radioterapia, tomografías o resonancias era casi una utopía, estos eran exclusivos para quienes tenían la capacidad de costearlos de su propio peculio.
Al mismo tiempo la constituyente del 91 a través de la figura jurídica de la tutela, garantizo unos alcances que hicieron más equitativo el sistema y permitieron que vía prestaciones o por vía judicial contáramos con la oportunidad de recibir un manejo integral de los requerimientos en salud.
Es necesario reconocer que muchos de los actores han abusado y usufructuado de manera irregular las condiciones del mercado. Las barreras de acceso, la negación sistemática de servicios y el manejo irregular de los recursos siguen siendo el pan de cada día.
El panorama de los últimos años muestra pérdidas multi millonarias de las EPS que han llevado a la desaparición de muchas de ellas, pero al mismo tiempo estás han fortalecido una integración vertical corrupta por debajo de la mesa, ante la mirada cómplice y permisiva de los entes de control.
El país si requiere una reforma de fondo al sistema de salud, pero no de la manera como se ha enfocado en el proyecto de ley, que avanza de manera dificultosa pero expedita en el congreso.
No es eliminando a las EPS que se soluciona la problemática existente, ni con la creación de miles de centros de atención prioritaria en salud llamados CAPS, que valdrían decenas de billones de pesos y que no se conocen las fuentes de financiación, ni centralizando el manejo de los recursos en la entidad pública denominada ADRES, que solo generaría más corrupción e intromisión de la política en el sector.
De fondo se necesita ponerle coto a las EPS quitándoles el manejo de los recursos públicos, pero sin eliminarlas ya que es absolutamente necesario que alguien responda por el riesgo financiero del sistema y en la ley propuesta eso no existe, que sea obligatorio el giro directo de los recursos facturados tanto en el régimen subsidiado como en el contributivo a hospitales y clínicas con unas reglas de juego claras, introducir un capítulo en la ley que mejore las condiciones laborales de los trabajadores del sector y fortalecer la atención primaria en salud para que llegue a toda la población.
Una reforma debe implicar consensos donde los aseguradores, los profesionales, los prestadores y principalmente los usuarios salgan gananciosos, poner de acuerdos a todos y aprender de la experiencia no debería ser difícil pero generalmente priman los intereses personales por encima de los colectivos.
El Ministerio de salud tiene que convertirse nuevamente en el rector del sistema de salud que tanta falta hace, debemos pasar del discurso y tomar decisiones que beneficien a los pacientes, nos hemos quedado en discusiones bizantinas y en una cacería de brujas, que no hace bien a nadie.
Desde ya se avizora que la ley será aprobada por el senado, pero el filtro en la Corte Constitucional será un hueso duro de roer, para la mayoría de los expertos está tenía que haberse tramitado como una ley estatutaria dada la vulneración de los derechos a la libre elección del asegurador y de los prestadores en la atención en salud, además de los múltiples yerros y omisiones de forma y de fondo en el trámite de la ley, sobre todo en la comisión séptima de la cámara.
“No es grande el que triunfa, si no el que jamás desfallece”: Martin Descalzo.
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*Médico cirujano y Magister en Administración.
