El Consejo Nacional Electoral sancionó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, por violación de topes de financiación. La decisión abre una investigación penal y pone en entredicho la gobernanza de la empresa más grande del país.
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña presidencial de Gustavo Petro por violación de topes de financiación ha generado un terremoto político y empresarial. El principal afectado es Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, quien fue gerente de dicha campaña en 2022.
El fallo, considerado histórico por su alcance, impone una multa de cerca de 6.000 millones de pesos a Roa, a la tesorera Lucy Aidee Mogollón y a la auditora María Lucy Soto, por haber recibido aportes prohibidos de personas jurídicas y exceder los límites legales de gasto.
La resolución del CNE, aprobada por mayoría de seis votos contra tres, establece que la campaña presidencial del Pacto Histórico excedió los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos. Además, se detectaron irregularidades como ocultamiento de gastos y recepción de aportes de fuentes prohibidas, lo que vulnera la Ley 1475 de 2011.
El documento señala que Roa tenía control absoluto sobre la contabilidad de la campaña, autorizaba ingresos, contratos y movimientos presupuestales, y daba el visto bueno final para recibir donaciones. “Todas las decisiones económicas pasaban por su autorización directa”, concluye el fallo.
Aunque la sanción es de carácter administrativo, el CNE compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a Roa. La violación de topes de campaña puede constituir delito si se comprueba falsedad documental o financiación ilegal.
Expertos como Natalia Name, directora de NNR Estudio Legal, advierten que “la Junta Directiva de Ecopetrol debe evaluar la permanencia de Roa por razones de credibilidad. En el sector privado, ante una persona con una decisión legal en su contra, la junta debe dar justificaciones muy estructuradas para su continuidad”.
La situación pone en jaque la gobernanza corporativa de Ecopetrol, empresa de propiedad mixta donde el Estado colombiano tiene el 88,49% de participación accionarial. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que implica estándares estrictos de transparencia y ética empresarial.
La renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia de la Junta Directiva en octubre, por desacuerdos con la orientación estratégica del Gobierno, ya había encendido las alarmas. Ahora, con Roa sancionado, el debate sobre la politización de la empresa se intensifica.
En 2024, durante un debate de control político, Roa aseguró que renunciaría a la presidencia de Ecopetrol si su presencia afectaba el buen nombre o la reputación de la compañía. “Si se abre una investigación formal, me aparto sin que nadie me lo pida”, dijo entonces.
Con el fallo del CNE y la solicitud de investigación penal, varios sectores esperan que cumpla su palabra. “Se debe ir, porque si se queda va a ser muy complicado. No habla bien que el presidente de la empresa más grande del país esté involucrado en esta situación”, afirmó una fuente consultada por Portafolio.
El presidente Gustavo Petro defendió la transparencia de su campaña y calificó la sanción como una maniobra de la “oligarquía y las mafias” para recuperar el poder. En redes sociales, insistió en que “no hubo trampas ni aportes ilegales” y anunció el inicio de una campaña por una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, la decisión del CNE marca un precedente: es la primera vez que una campaña presidencial en Colombia es sancionada por violación de topes y financiación prohibida.
La Junta Directiva de Ecopetrol deberá tomar una decisión sobre la continuidad de Roa. Expertos recomiendan activar el programa de ética y cumplimiento regulatorio para evaluar el impacto reputacional y legal.
“Lo normal es que se haga un estudio desde el programa de ética. La permanencia de Roa compromete la credibilidad y los objetivos estratégicos de Ecopetrol”, señaló Liliana Gutiérrez, gerente de Lemaître Consultores.
Además, el mismo día del fallo, se anunciaron cambios en la Junta Directiva: Ángela María Robledo asumió la presidencia y Guillermo García Realpe renunció como miembro independiente, lo que podría estar relacionado con tensiones internas y el impacto del caso Roa.
El fallo del Consejo Nacional Electoral contra Ricardo Roa no solo sacude el entorno político del presidente Petro, sino que pone bajo presión a Ecopetrol, la empresa más grande del país.
