Cinco hallazgos administrativos, cuatro disciplinarios, uno de tipo fiscal y uno más penal, arrojó la auditoría que realizó la Contraloría Municipal a la alcaldía de Bucaramanga, donde quedaron al descubierto presuntas irregularidades relacionadas con el cobro del Impuesto Predial Unificado y los contratos suscritos entre el gobierno de Rodolfo Hernández y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), para la vigencia 2019.
Para el ente de control, según conoció de manera exclusiva Corrillos, hubo todo tipo de anomalías relacionadas con la suscripción de los contratos que sirvieron para realizar la actualización de la información catastral en tres sectores del área urbana, el cual empezó a regir este año, respecto de la actualización catastral llevada cabo en la vigencia 2012, toda vez, para ese momento el Municipio le hizo un único aporte por valor de $260 millones y cobijaba todos los sectores, tanto del área urbana como rural.
Cabe recordar que para la actualización que se adelantó en la vigencia 2017, el alcalde Hernández destinó recursos por valor de 4.989 millones 028 mil 947 pesos solamente para realizar la actualización catastral de los sectores 2, 4 y 5 del área urbana.
La Contraloría evaluó el convenio interadministrativo 207 del 21 de junio de 2017, suscrito por el Municipio y el Igac, por valor de $870 millones cuyo objeto era el de aunar esfuerzos entre las partes para colaborar armónicamente el proceso de actualización de la información catastral del área urbana, sectores 2, 4 y 5, de los cuales la Administración Local aportó la suma de $588 millones.
También le puso la lupa al contrato 213 del 13 de julio de 2017, suscrito entre el Municipio, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por $6.900 millones, para realizar la actualización de la información catastral de los sectores 2, 4 y 5, donde la alcaldía aportó $4.200 millones.
Y se auditó el Adicional 3 al contrato 213 de 2017, por $199 millones, recursos aportados en su totalidad por el Municipio de Bucaramanga.
El ente de control responsabilizó de estas irregularidades, además del alcalde Hernández, a la entonces Secretaria de Hacienda, Olga Patricia Chacón Arias y determinó un daño fiscal por encima de los $4.179 millones.
“Con lo que no nos cuesta…”
Del análisis de la actualización catastral llevada a cabo en Bucaramanga, en la vigencia 2012, se advierte que el Igac para ese momento asumió todas las labores requeridas y el Municipio cofinanció dicho proceso con $260 millones, no obstante para la actualización de 2017, el Agustín Codazzi no hizo ningún aporte, por tal motivo la alcaldía suscribió un convenio con el Instituto Geográfico, para llevar a cabo el proceso en los sectores 2, 4 y 5, por $870 millones, de los cuales el Municipio aportó $588 millones y a su vez suscribió en convenio con el AMB y la Universidad Distrital, por $6.900 millones de los cuales el Municipio aportó $4.200 millones, es decir, el gobierno de Hernández invirtió $4.789 millones en dicha actualización catastral.
No obstante, para la Contraloría, no hubo soporte documental que acreditara la directriz impartida por el Gobierno Nacional a través del Igac, para no seguir cofinanciando la actualización catastral en Bucaramanga, “pagando la ciudad un alto costo en la actualización catastral y un presunto daño al patrimonio público, establecido en la ley 610 de 2000 y contrariando el principio de economía de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993”, dice textualmente el informe de auditoría.
Actualización catastral extemporánea
Para la Contraloría, la Ley 1450, en su artículo 24, establece que las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco años.
La última actualización catastral llevada a cabo en Bucaramanga, ocurrió en el año 2012 y se dio en virtud del convenio 192 del 28 de septiembre de 2012, lo que implica que -como su vigencia es máxima de cinco años- en el año 2017 quedó actualizada.
Sin embargo “dicha actualización se llevó acabo hasta el año 2018 con aplicabilidad para el 2019, por tal motivo fue extemporánea a lo que indica la norma, vulnerando lo establecido en la ley 1450 de 2011”, destaca el ente de control.
Un mar de improvisaciones
A criterio de la Contraloría Municipal, la Ley 1450 establece la obligación que les asiste a las autoridades catastrales de formar los catastros o actualizarlos cada cinco años, por lo que se evidenció que la ciudad requería la actualización del catastro para la totalidad de los nueve sectores de predios urbanos y rurales que lo conforman.
Frente a la extemporaneidad de la actualización catastral, el gobierno de Rodolfo Hernández determinó realizar la actualización catastral solamente en los sectores 2, 4 y 5, “denotando una presunta falta de planeación administrativa y presupuestal para llevar a cabo una actualización en su totalidad, como el mismo Municipio lo asevera en los estudios previos del contrato 213 del 13 de julio de 2017, tratándose de atributos, las cargas deben estar fundamentadas en los principios de equidad, eficiencia y progresividad, por tal motivo existe presunta vulneración del principio de planeación establecido en la Ley 80 de 1993 y la Constitución, artículo 363”.
Como si eso fuera poco, en el Adicional 3 al contrato 213 de 2017, el ente de control pudo establecer que dentro de los estudios previos del contrato inicial no se estableció una actividad relacionada con la actualización del área geográfica y en consecuencia la base cartográfica oficial plasmado en el Acuerdo Municipal 11 de 2014, el cual modificó el área geográfica del perímetro urbano, al pasar las áreas de protección que se encontraban dentro del perímetro urbano al perímetro rural, descontando las áreas de protección ambiental que están actualmente en el perímetro urbano, actividad que no se contempló; aunado a que ya tenía dos adicionales en tiempo previamente, “denotando una presunta falta de planeación, establecida en la Ley 80 de 1993”.
Incumplimientos en el contrato 207
El informe de auditoría dejó en evidencia que en el contrato 207 del 21 de junio de 2017 suscrito entre el Municipio y el Igac se estableció como plazo inicial el 31 de diciembre de 2017 el cual fue prorrogado en tres oportunidades siendo la última prórroga suscrita el día 30 de agosto de 2018 con un término de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2018. Tanto el Igac como el Municipio incumplieron las obligaciones establecidas en el contrato.
El Igac incumplió la cláusula tercera numeral 13, la cual establece: “Rendir mensualmente informes técnicos y financieros al Municipio en donde se dé cuenta de la ejecución e inversión de los aportes en dinero designados por el Municipio para desarrollar las actividades de la actualización catastral, de conformidad con el presupuesto”.
La alcaldía de Bucaramanga incumplió la cláusula cuarta, numeral 15 la cual establece: “Elaborar y presentar propuesta del Concejo Municipal para la modificación del Estatuto Tributario con el fin de adecuar las tasas para evitar incrementos desmesurados en los cobro del impuesto predial unificado, como consecuencia de la actualización parcial de la información catastral. En todo caso será el Municipio el responsable de adecuar los porcentajes y las tarifas del Impuesto Predial Unificado teniendo en cuenta que se va a adelantar un proceso parcial de actualización”.
A criterio de la Contraloría, “ha transcurrido más de cuatro meses desde que finalizó el plazo de ejecución del contrato, no obstante no se han cumplido las obligaciones específicas mencionadas, llevándose acabo tan sólo un primer desembolso correspondiente al 50% del valor total del contrato y no ha sido posible tramitar los demás pagos y tampoco la liquidación del contrato, evidenciándose debilidades en la vigilancia por parte de la supervisión del contrato pues a la fecha no se han exigido los informes de ejecución que den cuenta de la correcta ejecución del contrato ni se ha requerido al contratista para tal fin”.
