Más de una década de restricciones, litigios e incertidumbre no ha resuelto el debate sobre Santurbán. Mientras la minería formal enfrenta exigencias estrictas, la explotación ilegal continúa deteriorando el páramo, contaminando fuentes hídricas y alimentando las economías criminales. ¿Estamos protegiendo realmente el ecosistema o favoreciendo, indirectamente, su principal amenaza?
Por: Óscar Humberto Cote Cote | La discusión sobre el futuro del páramo de Santurbán se ha convertido en un debate ambiental, económico y político de enorme complejidad. Durante más de una década, la posibilidad de desarrollar proyectos mineros de gran escala y mantener la minería tradicional en Soto Norte ha enfrentado a comunidades, pequeños mineros, organizaciones ambientalistas, empresas y al propio Estado. Sin embargo, en medio de esta confrontación surge una pregunta inevitable: ¿la estrategia de restricciones, litigios, dilaciones regulatorias y la demora en una delimitación que respete los acuerdos alcanzados con las comunidades protege realmente el páramo y sus fuentes hídricas o, indirectamente, facilita el avance de la minería ilegal y la llegada de grupos armados?
Nadie discute que Santurbán merece la máxima protección. Sus ecosistemas abastecen de agua potable a cerca de dos millones de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga y de otros municipios de Santander. Las organizaciones ambientalistas han contribuido a fortalecer la conciencia ciudadana sobre el valor estratégico de este ecosistema y la necesidad de imponer rigurosas condiciones a cualquier intervención, especialmente a las actividades extractivas. Sin embargo, esa labor no ha estado exenta de intereses particulares.
Precisamente por esa importancia, el debate debe ir más allá de la dicotomía entre minería sí o minería no. La verdadera pregunta es si la estrategia estatal está enfrentando con la misma decisión la principal amenaza que hoy enfrenta Santurbán, cuyas consecuencias ya empiezan a hacerse evidentes.
En municipios como Vetas y California, la minería constituye desde hace generaciones el sustento de cientos de familias y forma parte de la identidad de Soto Norte. Desconocer esa realidad no elimina la actividad extractiva; simplemente la desplaza hacia escenarios donde desaparecen la supervisión estatal, los estándares técnicos y los controles ambientales.
Durante años, la minería formal ha permanecido sometida a procesos de licenciamiento, delimitaciones parciales, acciones judiciales y revisiones administrativas. Ese rigor es necesario cuando se trata de ecosistemas sensibles. El problema surge cuando la incertidumbre jurídica se prolonga indefinidamente, el Estado no respeta los acuerdos construidos con las comunidades sobre bases técnicas, no ofrece alternativas viables y termina permitiendo, de manera indirecta, la expansión de la minería ilegal.
Ese debería ser el verdadero centro del debate. Mientras la minería formal enfrenta monitoreos, auditorías técnicas y un estricto control institucional, la minería ilegal opera sin licencias, estudios ambientales ni control efectivo, sin aportar un solo peso al Estado. Paradójicamente, buena parte de la discusión pública continúa concentrándose en la actividad formal, mientras la explotación ilícita deteriora los ecosistemas que se pretende proteger con una preocupante libertad.
Las consecuencias son evidentes. La presencia de mercurio y otros metales pesados en fuentes hídricas como la quebrada La Baja y el río Suratá ha sido ampliamente documentada y se asocia principalmente a actividades mineras informales. La contaminación que hoy compromete cuencas de las que depende el abastecimiento de agua para miles de santandereanos no proviene de proyectos sometidos a licenciamiento ambiental, sino de operaciones clandestinas desarrolladas al margen de la institucionalidad.
La minería ilegal tampoco es solo un problema ambiental. Se ha convertido en una fuente de financiación para organizaciones criminales que encuentran en la extracción ilícita una economía altamente rentable. La ubicación estratégica de Soto Norte, conectada con corredores hacia el Catatumbo, el Magdalena Medio y Arauca, regiones con presencia de grupos armados ilegales, convierte a esta zona en un territorio de alto interés para quienes buscan controlar las rentas derivadas de esta actividad.
Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en particular la 028-2021 y la 016-2025, así como la Alerta Temprana 015-2026, obligan a replantear este debate. Esta última advierte sobre la llegada de nuevas estructuras armadas para disputar el control de economías ilícitas en el área metropolitana de Bucaramanga y, por primera vez, alerta sobre la presencia de minería ilegal en la escarpa del municipio de Bucaramanga. Si esta actividad ilícita ya hace presencia en la propia capital santandereana, resulta inevitable preguntarse qué puede estar ocurriendo en zonas mineras históricas como Soto Norte.
Permitir que la minería ilegal continúe fortaleciéndose no solo incrementa el riesgo para el páramo y sus fuentes hídricas, sino que también fortalece las finanzas de organizaciones criminales, con el potencial de agravar la situación de seguridad urbana y rural en la región.
Por ello, el debate ya no debe limitarse a decidir si la minería es buena o mala. La verdadera discusión consiste en determinar qué modelo ofrece mayores garantías para proteger simultáneamente los ecosistemas, las fuentes hídricas, las comunidades y la seguridad del territorio. Mantener indefinidamente la incertidumbre solo favorece a quienes operan al margen de la ley.
Santurbán necesita una delimitación definitiva, técnica y transparente, que respete los acuerdos previos y sea consistente con la Sentencia T-361 de 2017. Debe proteger efectivamente las áreas de mayor importancia ecológica, pero también ofrecer reglas claras para las comunidades que históricamente han vivido de la minería. Allí donde la actividad extractiva resulte compatible con esa delimitación y con altos estándares ambientales, el Estado debe promover un licenciamiento riguroso, monitoreo independiente, acceso público a la información y sanciones ejemplares frente a cualquier incumplimiento.
Esa política debe complementarse con una estrategia de formalización que permita vincular a los pequeños mineros a proyectos legales mediante tecnologías de mínimo impacto ambiental, otorgándoles derechos, responsabilidades y alternativas para sostener dignamente a sus familias sin quedar expuestos a la ilegalidad.
Proteger Santurbán no consiste solo en prohibir, sino en gobernar el territorio con instituciones imparciales, reglas claras y presencia efectiva del Estado. La minería ilegal representa hoy una amenaza para el páramo, las fuentes hídricas y la seguridad regional. Combatirla exige mucho más que discursos: requiere decisiones oportunas, una delimitación concertada, definitiva, un control efectivo y oportunidades reales de formalización.
La peor decisión sería mantener la incertidumbre. Cuando el Estado no ocupa el territorio con legalidad, otros lo hacen con mercurio, economías ilícitas y posteriormente con violencia. Santurbán merece un debate basado en evidencia y soluciones verificables, porque proteger el agua también significa impedir que la ilegalidad continúe apropiándose silenciosamente del ecosistema más valioso del área metropolitana de Bucaramanga.
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*Veedor municipal e integrante del Comité de Control Social de la Contraloría de Santander.
