En una de sus alocuciones más contundentes, el presidente Gustavo Petro denunció lo que calificó como “el enorme robo a la salud de Colombia”. Las acusaciones apuntan directamente a la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país, señalada por el mandatario de haber ocultado millonarias deudas, manipulado balances contables y desviado recursos públicos durante años. El caso ha desatado una tormenta política, judicial y social que pone en tela de juicio el modelo de aseguramiento vigente desde la Ley 100.
Durante su intervención del 12 de septiembre, Petro presentó gráficos y cifras que, según él, evidencian un fraude sistemático. “12 millones de facturas fueron ocultadas para tapar el fracaso de la Nueva EPS. Desfalcaron al Estado y afectaron a los colombianos. No fue un error, fue un fraude contra la salud del pueblo”.
Entre los hallazgos más graves:
- Se ocultaron pasivos por más de $5 billones en 2023.
- Se encontraron 22,7 millones de facturas pendientes, de las cuales 9,1 millones estaban duplicadas.
- Los anticipos sin legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en 2025.
- Los costos operativos aumentaron de $14 billones a $24 billones en un solo año.
La Contraloría confirmó que los balances presentados por la EPS ante el Ministerio de Salud diferían en miles de millones respecto a los entregados a la Superintendencia.
¿Quién controla la Nueva EPS?
La Nueva EPS fue creada en 2008 como una alianza público-privada. Actualmente, el Estado posee el 49 % de participación, mientras el 50 % + 1 pertenece a las cajas de compensación (Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco y Comfandi).
Según Petro, esta estructura permitió un esquema de integración vertical que favoreció a las cajas, al contratar con sus propias clínicas y farmacias. “El Estado nunca dirigió la Nueva EPS… Los delegados del gobierno eran minoría en la junta directiva”.
Entre los nombres mencionados por el presidente están José Fernando Cardona, presidente de la Nueva EPS durante 15 años y Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien presidió la junta durante una década.
El 14 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra varios exdirectivos de la Nueva EPS por presunto ocultamiento de facturas y desviación de $70.500 millones. Los cargos incluyen peculado, fraude procesal, falsedad en documento público y omisión de control en el sector salud.
Entre los acusados figuran José Fernando Cardona Uribe. Edgar Pedraza Castellanos, Juan Carlos Isaza Correa y Fabián Alberto Peralta Núñez.
Las denuncias del presidente no solo han generado indignación, sino también una fuerte reacción de los sectores implicados. Petro advirtió que “los dueños y beneficiarios de estas EPS han desplegado una campaña de desinformación para desestabilizar al país”. Según el mandatario, se han retenido medicamentos y retrasado tratamientos para culpar al Gobierno por la crisis.
En palabras del presidente: “No se trata de salvar a las EPS, se trata de salvar a la gente. No voy a salvar EPS, voy a salvar que no mueran niños, mujeres y ancianos”.
La confrontación se da en medio del estancamiento de la reforma a la salud, que ha sido hundida varias veces en el Congreso. Petro hizo un llamado urgente: “Durante dos años han tenido el proyecto, lo han hundido, lo hemos vuelto a entregar. ¿Quieren volverlo a hundir? Esto no va más”.
¿Un modelo agotado?
El caso de la Nueva EPS no es aislado. Petro sostiene que refleja el agotamiento del modelo de intermediación financiera instaurado por la Ley 100. “Las EPS pueden cumplir funciones, pero no de manejo del dinero público. No funciona un sistema de intermediación”.
Entre 2008 y 2016, las clínicas y hospitales reclamaron $124 billones a EPS en liquidación, pero solo se reconocieron $39,5 billones. Entre 2017 y 2024, los reclamos fueron por $30 billones, de los cuales apenas se ha pagado el 11 %.
La intervención de la Nueva EPS en abril de 2024 marcó un punto de quiebre. El Gobierno ha prometido una transformación estructural del sistema, pero enfrenta una resistencia feroz de los grupos de poder que se beneficiaron del modelo vigente.
Lo que está en juego no es solo la viabilidad financiera de una EPS, sino el derecho fundamental a la salud de millones de colombianos. Como lo expresó Petro: “Esto es un camino que se puede profundizar. Es la demostración, no solo el discurso, de que en este país han estafado al pueblo por decenas de billones de pesos”.
