MOE advirtió dificultades para hacer seguimiento a los recursos utilizados en las campañas presidenciales. Identificó limitaciones en la información disponible para hacer seguimiento a la propaganda electoral y contrastar los eventos de campaña con los gastos reportados durante la primera vuelta presidencial de 2026.
- La falta de información detallada sobre fechas, lugares, actividades y conceptos de gasto dificulta relacionar la actividad de las campañas en territorio con la información financiera registrada en Cuentas Claras.
- La MOE recomendó fortalecer integralmente la forma en la que se registra, consolida y reporta la información de campaña, de manera que permita identificar y verificar los recursos utilizados en cada actividad.
La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó dos informes sobre el desarrollo de las campañas para la primera vuelta presidencial de 2026, relacionados con la propaganda electoral exterior visual y los eventos públicos realizados por las candidaturas. Los resultados evidencian un desafío común: las dificultades para relacionar la actividad desarrollada por las campañas en los territorios con la información disponible sobre los recursos utilizados para financiarlas.
En el seguimiento a la propaganda electoral exterior visual, la MOE solicitó información a las 1.103 administraciones municipales y distritales del país. El 54,3 % no respondió y únicamente 178 administraciones, equivalentes al 16,1 % del total consultado, suministraron información suficiente para el análisis.
Los datos disponibles permitieron identificar 1.471 elementos o actividades de propaganda electoral. El 72,7 % de estos registros se concentró en la región Andina. Las candidaturas de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda reunieron el 77,4 % de los reportes.
Por su parte, el seguimiento a eventos de campaña permitió identificar 168 actividades correspondientes a 11 candidaturas. Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella suman 102 eventos, equivalentes al 60,7 % del total. Territorialmente, el 56,1 % de los eventos cuya ubicación pudo establecerse se realizó en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar y Santander.
“Los dos ejercicios muestran un mismo desafío: hoy tenemos información sobre lo que ocurre en los territorios e información financiera reportada por las campañas, pero no siempre existen los datos necesarios para relacionarlas. Para ejercer un control efectivo sobre la financiación electoral necesitamos saber cuál actividad se realizó, dónde y cuándo ocurrió, cuánto costó y cómo fue reportada”, señaló Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.
Uno de los principales obstáculos identificados es precisamente la trazabilidad de la información. Los registros de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, pueden contener descripciones generales, agrupar distintas actividades o corresponder a contratos que comprenden varios bienes y servicios. Al mismo tiempo, la información territorial sobre propaganda electoral presenta diferencias importantes en su nivel de detalle, registro y consolidación.
Estas condiciones dificultan establecer correspondencias entre un evento o una pieza de propaganda identificada en territorio y un gasto específico reportado por una campaña. Esto no permite concluir, por sí mismo, que existan gastos omitidos o incumplimientos, pero sí evidencia limitaciones para que las autoridades, las organizaciones de observación, los medios de comunicación y la ciudadanía puedan verificar adecuadamente la financiación de las campañas.
“La transparencia no depende únicamente de que la información sea reportada, sino de que pueda ser comprendida, relacionada y verificada. Si no es posible conectar una actividad de campaña con los recursos utilizados para realizarla, se reduce significativamente la capacidad de control sobre la financiación electoral y sobre el cumplimiento de las reglas aplicables”, afirmó Muñoz.
Trazabilidad de la financiación electoral
Ante estos hallazgos, la MOE recomendó al Consejo Nacional Electoral, a las administraciones territoriales, y a las campañas y organizaciones políticas fortalecer de manera articulada los mecanismos de registro y reporte de la actividad electoral y de los recursos utilizados para financiarla.
Para ello, la información debería contar con criterios mínimos comunes de identificación (como candidatura, fecha, municipio, tipo de actividad o modalidad de propaganda y gasto asociado) que permitan relacionar los registros territoriales, la información de proveedores y los reportes financieros de las campañas en Cuentas Claras.
Este fortalecimiento debe permitir que cada actividad electoral pueda ser trazada desde su realización en territorio hasta su correspondiente registro financiero, para así respetar las competencias de cada autoridad y las obligaciones de las campañas, organizaciones políticas y proveedores.
La MOE reiteró que la transparencia en la financiación electoral no depende solo de reportar información, sino de que esta sea suficientemente precisa, accesible y verificable para permitir el control institucional y ciudadano sobre los recursos utilizados durante las campañas.
Con la MOE /
