Por: Rafael Lee/ La reciente candidatura de Iván Cepeda no sorprende; ya se había anticipado como parte de la estrategia del petrismo. Sin embargo, la persecución a Álvaro Uribe, que Cepeda busca presentar como un triunfo, se ve cuestionada por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó la libertad inmediata del expresidente.
El tribunal consideró que la jueza Sandra Heredia, al dictar la condena de 12 años de prisión domiciliaria, vulneró derechos fundamentales de Uribe. En particular, se señaló que la decisión se basó en argumentos vagos y subjetivos, como la percepción pública y el efecto ejemplarizante, en lugar de hechos concretos.
La jueza Heredia justificó su decisión diciendo que la detención era necesaria para dar una sensación de justicia y evitar que la opinión pública pensara que no se estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá criticó esta justificación, señalando que la detención de una persona cuya condena aún no está en firme equivale a una sanción anticipada y vulnera la presunción de inocencia.
Esta situación desmonta la narrativa de Cepeda y confirma su alianza con la izquierda, calculada para prolongar el proyecto del Pacto Histórico y mantener viva la cruzada política contra la oposición. Cepeda representa la encarnación de un pensamiento subversivo trasladado al terreno político.
En contraste, la segunda candidatura que emergió en estos días no responde a cálculos de poder, sino a un hecho profundamente humano. Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado candidato presidencial Miguel Uribe, decidió participar en la contienda recogiendo el sentimiento de indignación de millones de ciudadanos. Su nombre no solo despierta solidaridad, sino que también revive valores esenciales: la seguridad, la autoridad y la defensa de la vida. La memoria de su hijo se convierte en símbolo de un país que exige orden y justicia.
El funeral de Miguel Uribe dejó un mensaje imborrable. Su padre, con voz firme, señaló que el país sabe de dónde proviene la violencia y quién la promueve. Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron claras. El dolor que embargó a miles de colombianos fue también indignación: Miguel era un hombre transparente, sin procesos en su contra, con un discurso claro de oposición, y fue asesinado precisamente por eso.
Mientras tanto, el presidente Petro intenta desviar la atención con hipótesis sobre supuestos negocios de esmeraldas y otras teorías que no hacen más que alimentar las dudas sobre lo ocurrido. Como lo denuncio el expresidente Uribe, existen más de 42 mensajes en redes sociales provenientes del alto gobierno contra Miguel Uribe, configurando un escenario de evidente instigación.
Pero las denuncias contra el gobierno Petro no se limitan a este hecho. En Santander, el representante a la Cámara y líder de la oposición, Óscar Villamizar, denunció una presunta alianza entre el gobierno nacional y grupos subversivos al margen de la ley. Según sus declaraciones, el propósito sería generar caos e inestabilidad para justificar un eventual estado de conmoción. Lo sucedido en Cali, con la explosión de bombas; y el atentado terrorista en Amalfi, donde un helicóptero de la Fuerza Pública fue derribado, son presentados como pruebas de esa estrategia.
Las denuncias sobre la estrategia del Gobierno Petro no provienen únicamente del Centro Democrático. El candidato presidencial del Movimiento Firmes por la Patria, Abelardo de la Espriella, ha señalado que el Estado de Conmoción sigue siendo un plan estratégico del gobierno, una postura que coincide con la del representante Óscar Villamizar. Sin embargo, el Ejecutivo continúa llamando a este tipo de discursos, calificándolos como mensajes de odio o incendiarios.
¿Pero acaso olvidan lo ocurrido en 2021, cuando Petro era oposición? Lo que él hizo sí constituyó una incitación a la violencia: un discurso de caos que promovió marchas incendiarias. Gustavo Bolívar, hoy candidato presidencial por la izquierda, respaldó a la llamada “primera línea”, que se enfrentó a actos de vandalismo y terrorismo urbano. Además, se ha sugerido que esos movimientos podrían haber recibido financiación de grupos subversivos. Todo esto se desencadenó por el aumento de la gasolina a 100 pesos en ese momento, generando un caos generalizado. Y hoy, frente a los asesinatos, las bombas y los atentados, según ellos, esto aún no sería suficiente para que se pronuncien. El contraste no podría ser más evidente.
El contraste es evidente: un gobierno que en el pasado alentó la confrontación, que justificó el caos y la violencia en las calles, hoy, tras el recrudecimiento del conflicto y el asesinato de un candidato presidencial, llama a la mesura y a la tranquilidad. Una contradicción que no pasa desapercibida para la ciudadanía, mucho menos cuando, después de los atentados en Cali, en lugar de convocar a la Fuerza Pública a enfrentar el crimen, se optó por sentarse a negociar con alias Calarcá, de las disidencias de las FARC. Un mensaje que deja la sensación de que la paz prometida no es más que un engaño costoso, sostenido sobre la violencia y la impunidad.
El contraste entre los líderes de la izquierda y los de la oposición en Colombia no solo se evidencia en el ejercicio del poder y en la manera de hacer oposición, sino también, como señalamos al inicio del artículo, en la elección de sus candidatos. Por un lado, Iván Cepeda, vinculado a las guerrillas y mencionado en los computadores de Raúl Reyes; por el otro, Miguel Uribe Londoño, un dirigente que ha enfrentado tragedias personales producto de la violencia, como la muerte de su esposa y, recientemente, la de su hijo. La diferencia se extiende a la forma de enfrentar los procesos judiciales: mientras Carlos Ramón González, socio de Petro y líder del Partido Verde, optó por huir y refugiarse en Nicaragua, el expresidente Álvaro Uribe asistió puntualmente a cada citación, dando la cara frente a la justicia.
La diferencia se extiende también al terreno simbólico. Mientras Petro habla de “libertad o muerte” y exhibe banderas con mensajes amenazantes, Uribe utiliza su libertad para reivindicar la defensa de la democracia. Estuvo presente en el Parque El Golfito, un lugar al que dio un significado especial, señalándolo como el sitio donde la llama de la democracia debía permanecer siempre encendida. Más tarde, su presencia en la tumba de quien habría de convertirse en el sucesor de sus banderas, asesinado probablemente por hacer oposición, constituyó un gesto solemne y lleno de significado. Arrodillado frente a la tumba en el Cementerio Central de Bogotá, Uribe encarnó un acto cargado de dolor y compromiso político. Esa imagen anticipa lo que está en juego de cara al 2026: un escenario marcado por violencia, terrorismo e intentos deliberados de debilitar la democracia colombiana.
Todos estos contrastes juegan un papel importante en estas elecciones. No va a haber cabida para el centro. El 2026 se definirá por un candidato que realmente asuma el significado de la seguridad. Colombia es un pueblo sometido por una violencia que se remonta a 1964, cuando los grupos subversivos, al margen de la ley, justificaron de manera macabra la violencia en nombre de las ideas comunistas. Un problema que con los años se expandió con el narcotráfico y que hoy se agrava aún más con la complicidad de un gobierno que comparte afinidades ideológicas con quienes siembran el terror, el miedo y la violencia.
…
*Economista de la Universidad Santo Tomas, analista político y económico.
Instagram: @soyrafaellee
Tik Tok: @soyrafaellee
Twitter o X: @RafaelLee_2019
