Tal como lo solicitó en repetidas oportunidades la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional determinó que la competencia para conocer los procesos adelantados contra Salvatore Mancuso debe continuar en cabeza de la jurisdicción de Justicia y Paz.
En su momento, y en repetidas comunicaciones e intervenciones ante los jueces de la República, la Coordinadora de Justicia y Paz de la Procuraduría señaló que esa jurisdicción garantiza los derechos de las víctimas acreditadas, pues exige a los victimarios reconocer la totalidad de las indemnizaciones o reparaciones decretadas dentro de los procesos judiciales, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, no lo obliga.
Para el órgano de control, la importancia de que Mancuso Gómez continúe en Justicia y Paz radica en que todos los procesos que se le adelantan continuarán hasta que sean decididos en su totalidad, es decir hasta que haya un fallo de responsabilidad y se le condene a indemnizar a sus víctimas.
Suspensión de medidas de aseguramiento
La Procuraduría también se opuso a la suspensión de las medidas de aseguramiento de detención preventiva decretadas en contra de Mancuso al ser designado como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional.
En ese caso, el órgano de control señaló que no se había especificado el proyecto que desarrollaría como gestor de paz, ni cuáles los espacios temporales y territoriales de su actividad y mucho menos, se aclaró si era necesaria su movilización por diferentes puntos del territorio nacional, más cuando en años anteriores otras personas han cumplido funciones similares desde la cárcel.
En ese caso en particular, la Procuraduría sostuvo “que nunca la administración de justicia había asistido a una pretensión de esa naturaleza en desarrollo de los procesos de Justicia y Paz, en el que en estos casi 20 años se ha reclamado la verdad, la justicia y la reparación para millares de víctimas”.
