Me tomé dos semanas de descanso de esta columna. Volví y el país ya tenía nuevo director del DANE, menos ruedas de prensa y más armas legales en la calle. Gracias por el material, presidente, pero preferiría tener menos de qué escribir.
Por: Manuel Fernando Silva Tarazona | Vamos por el principio. El lunes el presidente declaró insubsistente a Ricardo Valencia, director del DANE, después de apenas 26 días en el cargo. ¿Su pecado? Decir en público que no encontró anomalías en los indicadores que dejó el gobierno anterior.
Valencia presentó el dato de desempleo de julio: 8,1%, la cifra más baja para ese mes desde 2001. Al Gobierno no le gustó que el propio funcionario que ellos nombraron saliera a respaldar números que favorecían a Petro. Y lo sacaron.
Antes de eso ya había pasado algo más grave. El 7 de septiembre, treinta minutos antes de arrancar, Presidencia ordenó cancelar la rueda de prensa donde el DANE iba a entregar el dato de inflación. Juan Daniel Oviedo, exdirector de la entidad, fue directo: con eso están violando la ley.
Y no es un capricho de opositor. La Ley 2335 de 2023 establece que el DANE es una entidad independiente. No es un ministerio más ni una oficina de prensa de Palacio. Su trabajo es producir cifras, no producir titulares cómodos para quien esté de turno.
Ahora bien, seamos justos con el argumento contrario. Es cierto que la metodología de la Gran Encuesta de Hogares venía siendo cuestionada públicamente en plena temporada electoral. Un gobierno entrante tiene todo el derecho de pedir auditorías y de nombrar a quien confíe. Eso no lo discuto.
Lo que sí discuto es el método. Si había dudas técnicas, se pide una auditoría independiente, se publica y se debate con datos. Lo que no se hace es cancelar ruedas de prensa y sacar al director que dijo lo que no convenía. Eso no se llama sinceramiento, mano. Se llama control del relato.
Y ese patrón no empezó con el DANE. Hay una directiva presidencial que limita a los funcionarios a pronunciarse solo por canales oficiales y con autorización previa. Traducción: nadie habla si Palacio no aprueba. Las entrevistas cómodas con medios amigos sí, las preguntas incómodas no tanto.
Ahí está el riesgo de fondo. Cuando un gobierno decide quién puede preguntar y qué cifras se publican, empieza a construir un enemigo interno: el periodista incómodo, el funcionario que no se alinea, el que suelta un dato que no cuadra con el discurso. Después, cualquier decisión se justifica en nombre de combatir a ese enemigo.
Y en ese marco llegó el decreto de las armas. El 8 de septiembre el presidente firmó el Decreto 1368, que levanta la suspensión general de permisos de porte vigente desde 2016. Hay que decirlo completo: no es porte libre. Siguen los requisitos, ser mayor de 25 años, no tener antecedentes, pasar exámenes y pruebas.
Lo que me inquieta no es la letra del decreto, es el fervor con que se presenta. El presidente dijo que no hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes mientras la gente decente no pueda defenderse. Suena bien en un mitin. En la práctica, es una frase que divide al país entre decentes y bandidos.
Y los datos no lo acompañan. Un estudio de la Universidad de los Andes encontró que en Bogotá y Medellín la restricción al porte redujo la tasa de homicidios por arma de fuego en un 22%. Hay evidencia mixta, cierto: la Universidad del Rosario no halló efecto significativo a nivel nacional. Pero ningún estudio serio concluye que más armas legales bajen la violencia.
Súmele el contexto. En 2025 hubo 13.734 homicidios en Colombia y el 77% se cometió con arma de fuego, según cifras recogidas por Cerosetenta de la Universidad de los Andes. En un país así, la duda razonable debería jugar a favor de menos balas circulando, no de más.
No estoy pidiendo que nos quiten el derecho a la legítima defensa. Estoy pidiendo coherencia. Un Gobierno que restringe la información pública y al mismo tiempo amplía la circulación de armas está haciendo exactamente lo contrario de lo que un país polarizado necesita: menos transparencia y más pólvora.
Presidente, usted ganó con 12,9 millones de votos, la votación más alta de la historia del país. Eso le da mandato de sobra para gobernar sin depender del aplauso de nadie. Úselo. Gobierne para los 52 millones, no para el parcero que ni vive en Colombia, ese que se molesta cuando se nombra.
Y si en quince días me dio material para tres columnas, imagínese lo que puede lograr si usa ese mismo impulso para algo distinto. Yo prefiero quedarme sin tema, francamente y buscar algún tema de deportes o literatura.
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