El Tribunal Administrativo de Santander admitió la tutela presentada por Andrés Quintero Amaya contra el CNE, la Registraduría y el candidato Cristian Portilla, alegando vulneración de derechos políticos. Sin embargo, negó la medida provisional solicitada para impedir su participación en las elecciones atípicas de Bucaramanga.
Este jueves 11 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander tomó una decisión clave en medio de la tensión política que rodea las elecciones atípicas de Bucaramanga. El magistrado Iván Fernando Prada Macías admitió la acción de tutela presentada por el ciudadano Andrés Quintero Amaya contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil y el candidato Cristian Fernando Portilla Pérez. Sin embargo, negó la medida provisional que buscaba frenar de inmediato la participación del aspirante en la jornada electoral prevista para el 14 de diciembre.
Quintero Amaya alegó que sus derechos fundamentales —participación política, igualdad, debido proceso, acceso a la justicia y transparencia electoral— estaban siendo vulnerados. Según él, el CNE había omitido resolver de fondo las solicitudes de nulidad e invalidez de la inscripción de Portilla Pérez.
En su escrito, pidió que el Tribunal ordenara al CNE decidir en un plazo máximo de 48 horas sobre las irregularidades denunciadas. Además, solicitó que, en caso de comprobarse las inconsistencias o inhabilidades, se revocara la inscripción del candidato y se impidiera su participación en las elecciones. También pidió que tanto el CNE como la Registraduría se abstuvieran de validar cualquier acto que consolidara la candidatura mientras no hubiera un pronunciamiento definitivo.
El accionante sustentó su tutela en tres puntos principales:
- La inscripción de Portilla Pérez se realizó inicialmente con el aval de un partido político y luego mediante una coalición, en la cual se habrían presentado inconsistencias.
- En la reinscripción, faltó un acto formal y expreso de al menos una de las colectividades que integraban la coalición, según actas de la Registraduría Especial de Bucaramanga.
- El candidato habría incurrido en inhabilidades legales, como ejercer funciones de dirección administrativa y supervisión de contratos estatales en la Alcaldía de Bucaramanga dentro de los 12 meses previos a la elección, además de incompatibilidades derivadas de cargos directivos.
El accionante pidió que, como medida urgente, el Tribunal ordenara al CNE pronunciarse antes de la jornada electoral. Argumentó que, de no hacerlo, se corría el riesgo de que “un candidato potencialmente inhabilitado y/o irregularmente inscrito participe y eventualmente resulte elegido”. Esto, según él, generaría “inestabilidad institucional y frustración del voto informado y eficaz de los ciudadanos”.
La respuesta del Tribunal
El Tribunal admitió la tutela, pero negó la medida provisional. El magistrado explicó que no se evidenciaba de manera clara la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
En primer lugar, cuestionó la legitimación del accionante. Aunque Quintero dijo ser votante de Bucaramanga, también afirmó estar domiciliado en Barranquilla. Esto impedía determinar su residencia electoral, requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en elecciones locales. El despacho recordó el artículo 316 de la Constitución: “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales… sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.
En segundo lugar, el Tribunal consideró que no se configuraba un perjuicio irremediable. Aunque reconoció la cercanía de las elecciones, señaló que los cuestionamientos sobre la legalidad de la inscripción del candidato podían ventilarse mediante el medio de control de nulidad electoral, una vez se declarara la elección, en caso de resultar electo. Por ello, concluyó: “Para el Despacho no resulta evidente la presencia de un perjuicio irremediable que conlleve a que se profieran medidas de urgencia como las pretendidas por el accionante”.
El Tribunal citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que para la procedencia de la acción de tutela es necesario acreditar, aunque sea sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable. En este caso, el despacho concluyó que los hechos expuestos no cumplían con esa carga probatoria.
También recordó que la tutela no puede convertirse en un mecanismo alterno para cuestionar actos administrativos de carácter electoral, pues existen medios de control específicos como la nulidad electoral. La tutela, en cambio, está reservada para proteger derechos fundamentales cuando no exista otro mecanismo judicial eficaz.
Implicaciones políticas
La decisión refleja la tensión entre garantizar transparencia en los procesos electorales y respetar las competencias institucionales. Aunque el accionante buscaba impedir la participación de un candidato cuya inscripción considera irregular, el Tribunal enfatizó que la tutela no puede sustituir los procedimientos previstos en la ley.
Además, el fallo pone de relieve la importancia de la residencia electoral como condición para ejercer derechos políticos en el ámbito local. El hecho de que el accionante estuviera domiciliado en Barranquilla debilitó su legitimación activa, lo que evidencia cómo la dimensión individual del derecho político se vincula estrechamente con el territorio.
La negativa de la medida provisional implica que Cristian Portilla podrá participar en las elecciones atípicas del 14 de diciembre, salvo que se produzca una decisión de fondo en la tutela antes de la jornada electoral. En caso de resultar electo, los cuestionamientos sobre su inscripción podrían derivar en demandas de nulidad electoral, lo que abriría un nuevo escenario de litigiosidad.
La Procuraduría Judicial Delegada en Asuntos Administrativos fue notificada para pronunciarse, lo que añade un actor de control adicional en el trámite.
