En medio de una de las crisis de seguridad más complejas de la última década, el Ejército Nacional presentó su balance de 2025, un año marcado por seis operaciones estratégicas, cifras récord de incautaciones y miles de capturas, pero también por persistentes dudas sobre el impacto real en los territorios más golpeados por la violencia.
El 2025 cerró como uno de los años más exigentes para el Ejército Nacional, que operó bajo el Plan de Campaña Ayacucho Plus, una estrategia que orientó las acciones hacia la protección de la vida, la recuperación del control territorial y el debilitamiento de las economías ilícitas que sostienen a los grupos armados ilegales.
El balance, presentado por el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, expone un panorama de operaciones intensas, logros operacionales significativos y retos persistentes en regiones donde la confrontación armada continúa afectando a miles de civiles.
Según el reporte oficial, la institución ejecutó seis operaciones de alcance nacional: Catatumbo, Perseo, Escudo del Norte, Cordillera, Ezequiel y Sur de Bolívar. Estas intervenciones se desplegaron en zonas críticas como Norte de Santander, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Bogotá y Bolívar, donde confluyen disputas entre el ELN, las disidencias de las Farc y estructuras del Clan del Golfo.
La operación Catatumbo, quizá la más compleja, se desarrolló en varias fases. En su componente humanitario, el Ejército reportó la evacuación de más de 3.600 personas, la atención a 87.000 desplazados y la entrega de 350 toneladas de ayuda humanitaria, en un territorio marcado por la disputa entre el ELN y el frente 33 de las disidencias. Posteriormente, con el despliegue de más de 10.500 soldados, la institución consolidó presencia en áreas rurales y reportó 376 neutralizaciones, entre capturas, desmovilizaciones y recuperaciones de menores.
En paralelo, la operación Perseo, en el sur del Cauca, permitió recuperar el control del corregimiento de El Plateado y golpear a la estructura Carlos Patiño, mientras que Escudo del Norte reforzó la presencia militar en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, zonas donde la Defensoría del Pueblo documentó miles de víctimas de desplazamiento forzado durante el año.
El Ejército también destacó el fortalecimiento de sus capacidades con la activación de 12 Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), el inicio de operaciones del Batallón de Aeronaves no Tripuladas y la consolidación de nuevos grupos Gaula Militar en regiones como el Magdalena Medio y Vichada.
Uno de los aspectos más sobresalientes del balance es el incremento en los resultados contra las economías ilícitas. El Ejército reportó la mayor incautación de armamento de la última década, con 916 armas largas, 2.320 armas cortas, 63 armas de acompañamiento y más de 738.000 municiones decomisadas en diferentes operaciones. Además, las tropas destruyeron 5.972 minas antipersonal, 4.747 artefactos explosivos improvisados y más de 22 toneladas de explosivos, cifras que la institución calificó como fundamentales para prevenir ataques contra la población civil.
En la lucha contra el narcotráfico, los resultados también fueron significativos. Durante 2025, el Ejército incautó 111.593 kilos de cocaína, 14.855 kilos de pasta base y 107.286 kilos de marihuana, además de destruir 182 laboratorios de clorhidrato de cocaína y 2.323 laboratorios de pasta base, lo que representó un incremento del 70 % frente al año anterior.
Las operaciones contra la minería ilegal dejaron 889 capturas, la intervención de 294 minas ilegales, la inutilización de 504 dragas y la incautación de 1.068 máquinas de maquinaria pesada, acciones que, según la institución, contribuyeron a mitigar el daño ambiental en regiones como la Amazonía y el Pacífico sur.
En total, el Ejército reportó más de 3.400 capturas asociadas a estructuras del ELN, las disidencias y el Clan del Golfo, además de 682 sometimientos a la justicia y la recuperación de 402 menores reclutados por grupos armados ilegales. Los grupos Gaula Militar, por su parte, informaron 1.020 capturas por secuestro y extorsión, la liberación de 105 personas y el rescate de 175 ciudadanos, un aumento del 230 % en sus indicadores operativos.
Sin embargo, pese a las cifras, persisten interrogantes sobre el impacto real de estas operaciones en la reducción de la violencia. En departamentos como Cauca, Nariño y Norte de Santander, los desplazamientos forzados y las disputas territoriales continuaron durante el año, lo que evidencia que los golpes operacionales no siempre se traducen en mejoras sostenidas en seguridad.
