La Unidad Nacional de Protección abrió una actuación administrativa contra el diputado santandereano Danovis Lozano, de la Alianza Verde, por presunto uso indebido de la camioneta blindada asignada a su esquema. El caso involucra un accidente en diciembre, consumo de alcohol, sobornos a víctimas y ocultamiento del vehículo oficial.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) inició una actuación administrativa contra el diputado de Santander por el partido Alianza Verde, Wilson Danovis Lozano Jaimes, tras recibir información que lo vincula con un presunto uso indebido de la camioneta blindada asignada a su esquema de seguridad. Los documentos oficiales, remitidos entre el 27 y el 29 de enero de 2026, revelan un proceso en curso que podría derivar en llamados de atención, suspensión o incluso finalización de las medidas de protección otorgadas al funcionario.
El caso se desprende de una serie de hechos ocurridos en diciembre, cuando el vehículo oficial habría sido utilizado en circunstancias que la UNP considera graves. Según la síntesis de presuntos usos indebidos, el beneficiario “se moviliza junto con personas no autorizadas en estado de alicoramiento en el vehículo de protección, accidentándose y posteriormente sobornando a las víctimas de la colisión”. La misma síntesis agrega que el vehículo fue “reparado de forma clandestina y dicha situación no fue notificada a la UNP”, y que posteriormente el automotor fue cambiado por la entidad “con influencia de conocidos del beneficiario”.
En un primer documento, fechado el 27 de enero de 2026, se notifica a Lozano sobre la apertura de la actuación administrativa. En él, el Coordinador del Grupo Cuerpo Técnico de Verificación señala que la decisión se toma por “el presunto uso indebido de las medidas de protección” otorgadas al diputado, en el marco del expediente EXT‑2025‑00079039.
La comunicación recuerda que la UNP tiene la facultad de iniciar estos procedimientos con base en los Decretos 4065 de 2011 y 1066 de 2015, así como en las resoluciones internas que regulan el Programa de Prevención y Protección. El documento enfatiza que la actuación puede conducir a un llamado de atención, suspensión o finalización de las medidas, especialmente en casos de reincidencia.
En un segundo oficio, fechado el 29 de enero, la entidad amplía la información sobre el proceso y explica que la apertura se realiza en cumplimiento del artículo 2.4.1.2.45 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 1139 de 2021. Allí se indica que la UNP adelantará “procedimientos administrativos y/o operativos, incluyendo verificaciones in situ” para confirmar o descartar la veracidad de la denuncia.
El documento también aclara que, una vez concluida la verificación, se elaborará un informe que será puesto en conocimiento del protegido, garantizando su derecho a la defensa y contradicción.
Los hechos que detonaron la investigación
La síntesis de presuntos usos indebidos, incluida en el expediente, describe un episodio que combina imprudencia, abuso de recursos públicos y presunta manipulación posterior de los hechos. Según el reporte, el diputado Lozano habría utilizado la camioneta blindada en compañía de personas no autorizadas y en estado de embriaguez. Durante ese desplazamiento, el vehículo se vio involucrado en un accidente que dejó varias personas lesionadas.
Tras la colisión, el beneficiario habría ofrecido dinero a las víctimas para evitar que denunciaran el hecho. La camioneta, en lugar de ser reportada a la UNP como exige el protocolo, fue llevada a un taller para una reparación clandestina. La entidad solo tuvo conocimiento del incidente posteriormente, cuando el vehículo ya había sido reemplazado.
La gravedad de estos hechos radica en que el uso de los vehículos asignados por la UNP está estrictamente regulado. Las medidas de protección no son bienes personales, sino recursos estatales destinados a salvaguardar la vida e integridad de personas en riesgo. Su uso indebido, especialmente bajo efectos del alcohol o con terceros no autorizados, constituye una falta grave.
En la comunicación del 28 de enero, la UNP recuerda al diputado que los beneficiarios del programa deben “conocer y evitar incurrir en las causales de uso indebido de las medidas de protección”, así como cumplir los compromisos establecidos en los artículos 2.4.1.2.44 y 2.4.1.2.48 del Decreto 1066 de 2015, modificados por el Decreto 1139 de 2021.
Estas normas establecen, entre otras obligaciones:
- Utilizar las medidas exclusivamente para la protección personal.
- No transportar personas no autorizadas.
- No conducir los vehículos asignados bajo efectos del alcohol.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente, daño o accidente.
- Abstenerse de realizar reparaciones sin autorización de la UNP.
El presunto incumplimiento simultáneo de varias de estas obligaciones es lo que llevó a la entidad a activar el procedimiento administrativo.
Un proceso que avanza y un silencio que pesa
Hasta el momento, no se conoce una versión oficial del diputado Lozano sobre los hechos. La UNP, por su parte, aclara que la comunicación enviada es “un acto de mera comunicación y contra el mismo no procede ningún recurso”, según lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021. Esto significa que el proceso continúa su curso interno y que el funcionario tendrá oportunidad de presentar descargos una vez se le notifique el informe final de verificación.
El caso adquiere relevancia pública no solo por la gravedad de los hechos, sino porque involucra a un funcionario electo que, además, cuenta con medidas de protección financiadas con recursos estatales. El uso indebido de estos esquemas ha sido objeto de debate nacional en los últimos años, especialmente por denuncias de corrupción, tráfico de influencias y manipulación de asignaciones.
La UNP deberá realizar verificaciones técnicas, entrevistas, análisis de registros y revisión de protocolos para determinar si los hechos ocurrieron tal como fueron reportados. Si se confirma la información, el diputado podría enfrentar sanciones administrativas que van desde un llamado de atención hasta la suspensión o terminación definitiva de su esquema de protección.
Más allá de las consecuencias administrativas, el caso podría escalar a instancias disciplinarias o penales si se comprueba que hubo sobornos, ocultamiento de información o uso de influencias para manipular decisiones de la entidad.
Por ahora, el expediente sigue abierto y la investigación avanza. Lo cierto es que los documentos oficiales ya trazan un panorama preocupante sobre el manejo de un recurso público destinado a proteger la vida, no a encubrir excesos.
