El llamado a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez reabre uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano: las masacres de El Aro y La Granja. La decisión judicial revive viejos expedientes, tensiones políticas y reclamos históricos de verdad.
El anuncio del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre su nueva citación judicial marca un giro de alto impacto en la historia política y judicial de Colombia. La Fiscalía General lo llamó a indagatoria por su presunta participación en las masacres de La Granja y El Aro, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, hechos que ocurrieron entre 1996 y 1998, cuando Uribe ejercía como gobernador de Antioquia.
La noticia no solo tiene un peso judicial, sino también histórico. Las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, representan uno de los episodios más documentados de la expansión paramilitar en el norte antioqueño. En La Granja, el 11 de junio de 1996, hombres armados asesinaron a cuatro campesinos y destruyeron bienes de la comunidad. Un año después, el 22 de octubre de 1997, en El Aro, paramilitares del Bloque Mineros ejecutaron a al menos 15 personas, desplazaron a decenas de familias y quemaron viviendas.
Ambos episodios han sido objeto de investigación por décadas. Organizaciones de derechos humanos sostuvieron desde entonces que hubo omisiones institucionales y posibles colaboraciones indirectas entre fuerzas estatales y estructuras paramilitares. En ese contexto apareció la figura de Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció públicamente la presunta complicidad de autoridades regionales y militares. Sus señalamientos fueron contundentes: advertía que el paramilitarismo operaba con tolerancia estatal.
Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Dos hombres armados ingresaron a su oficina y le dispararon. Su muerte se convirtió en símbolo de la persecución contra quienes denunciaban violaciones de derechos humanos. Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por no protegerlo.
La nueva actuación judicial revive una discusión que ha acompañado a Uribe durante más de tres décadas. Aunque el exmandatario ha negado cualquier vínculo con estructuras paramilitares, su nombre ha estado presente en múltiples expedientes. El más emblemático es el proceso por presunta manipulación de testigos, un caso que comenzó en 2012 tras denuncias cruzadas con el senador Iván Cepeda Castro y que derivó, en 2020, en la histórica detención domiciliaria de un expresidente por orden de la Corte Suprema.
Ahora, el nuevo proceso se cruza con otro golpe reciente a su entorno familiar: la condena contra su hermano, Santiago Uribe Vélez, por el caso de “Los 12 Apóstoles”, estructura paramilitar que operó en el norte de Antioquia en los años noventa.
Desde su cuenta en X, Uribe calificó el proceso como un “suplicio” y cuestionó el momento político de la decisión. “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, escribió. Más tarde endureció su discurso: “Injusticia de clara presión política”. Sus palabras reafirman la narrativa que ha sostenido durante años: que enfrenta una persecución judicial motivada por intereses ideológicos.
La reacción del presidente Gustavo Petro fue inmediata. “Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP”, escribió, invitándolo a acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz. La declaración tiene una carga política evidente: Petro insiste en que la verdad judicial podría ser un punto de cierre para una confrontación histórica entre dos proyectos antagónicos de país.
La senadora Paloma Valencia, una de las voces más visibles del Centro Democrático, salió en defensa de Uribe y denunció una instrumentalización de la justicia. Su posición refleja la cohesión interna del uribismo, que ve en este caso un ataque directo a su principal líder.
El impacto político es profundo. Uribe sigue siendo la figura más influyente de la derecha colombiana y cualquier movimiento judicial en su contra tiene repercusiones electorales. La coincidencia con el ambiente preelectoral aumenta la tensión y polariza aún más el debate público.
