Desde hace unos días, en Bucaramanga se ha registrado un ‘rifi rafe’ entre el gobierno de Bucaramanga y los líderes de las asociaciones de adulto mayor, que ponen en tela de juicio las acciones del alcalde Juan Carlos Cárdenas sobre lo que se debe hacer para proteger y atender a esta población.
La situación que prendió las alarmas fue la denuncia que hizo la propia Secretaria de Desarrollo de Bucaramanga, Natalia Durán, en la que da cuenta del cobro de estampilla ProAnciano de 16 adultos mayores que fallecieron meses atrás y que -según ella- seguían cobrando el dinero.
Además de la salida en falso de la Secretaria de Desarrollo, se le suma la reacción del propio Juan Carlos Cárdenas, quien catalogó de “personas sin escrúpulos” a los encargados de los centros de la tercera edad, por “querer obtener beneficios económicos personales”.
Sin embargo, mientras el alcalde busca hacerse el digno en esta situación de supuestos abuelos fantasmas, suscribe el Decreto 121 del 8 de abril del presente año que exonera a contratistas del pago de la estampilla (ProAnciano) y con lo cual se le recortan sustancialmente los recursos que por este concepto les llegan a los abuelitos más desprotegidos de la ciudad. Con este Decreto se benefician a unos contratistas del Municipio en perjuicio de la población vulnerable.
“Ancianos desprotegidos y humillados en Bucaramanga” es nuestro tema de esta emisión en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con tres protagonistas:
El abogado, especialista en derecho constitucional, especialista en derecho administrativo y columnista de Corrillos, Reinaldo Pérez Flórez; el abogado, exconcejal de Bucaramanga y un colaborador permanente desde hace muchos años de los asilos en Bucaramanga, Pedro Nilson Amaya y el activo dirigente social Albeiro Vargas, quien desde hace muchos años ha estado dedicado a cuidar y proteger a abuelitos de las zonas más necesitadas, a través de una fundación que lleva su nombre.
