La Paz Total, la política bandera del presidente Gustavo Petro, se encuentra en medio de otra polémica.
Este martes, en una carretera del municipio de Císneros, en el nordeste de Antioquia, integrantes del Ejército Nacional detuvieron en un puesto de control a siete camionetas blindadas y de alta gama. Eran de la Unidad de Nacional Protección (UNP), la entidad del Gobierno encargada de proteger a las personas cuyas vidas están en peligro, como los líderes sociales, los políticos o los altos funcionarios.
Según fuentes oficiales, en los vehículos había 11 escoltas y 18 disidentes de las antiguas Farc, incluidos varios cabecillas de la agrupación de estructuras disidentes conocida como Estado Mayor Central (EMC). Además, la Policía encontró dos pistolas, 11 cartuchos y $100 millones en efectivo. Los hechos han despertado molestia y confusión entre los colombianos.
Tras varias horas de tensión y el desplazamiento de la caranaveña a instalaciones militares, la Fiscalía anunció que 7 de los 18 disidentes habían sido capturados por que tenían órdenes de captura vigentes. Pero tres de ellos quedaron en libertad más tarde, y se sumaron a los 11 que nunca fueron arrestados.
Camilo González Posso, coordinador de la mesa entre el Gobierno y varias facciones del EMC, explicó que los 14 disidentes hacen parte de la mesa de diálogo que se desarrolla en el marco de la paz total, entre ese fraccionado grupo armado y el Estado.
De hecho, afirmó que viajaban de regreso de una reunión autorizada en la región del Catatumbo, a unas 12 horas de camino de allí: “Los que venían desplazándose en esas camionetas están autorizados por el Gobierno para ir a la mesa, tienen suspendidas sus órdenes de captura. (…) No venían en un plan de guerra. Venían de una reunión autorizada de la mesa”.
Sin embargo, González Posso dejó claro que no todo fue regular. “Hay situaciones irregulares que han sido establecidas, como la presencia de una persona con orden de captura”, además de las armas, las municiones y el dinero.
En las camionetas viajaba Édgar de Jesús Orrego, alias Firu, una de las personas más buscadas en Antioquia. Es señalado del asesinato a principios de julio de seis soldados profesionales en el municipio de Valvidia, al norte de ese departamento. Firu ha sido trasladado a Medellín con los demás detenidos y sigue en custodia de las autoridades.
Otro disidente señalado por ese múltiple homicidio, Erlinson Echavarría Escobar, ‘Ramiro’, también estaba en la caravana. Aunque las autoridades lo arrestaron, la Fiscalía lo dejó en libertad horas después, argumentando que el pasado 4 de julio suspendió la orden de captura en contra de él, en aplicación de las reglas para los diálogos de paz.
“La suspensión de las órdenes de captura, como se dispone en la Resolución 282, se hace extensiva a las situaciones de flagrancia, de modo que, sírvase ordenar la libertad de Erlinson Echavarría Escobar, en tanto en virtud de esa decisión, no puede ser capturado”, se lee en un documento publicado por el ente acusador.
El guerrillero más conocido que viajaba en las camionetas era Alexander Díaz Mendoza. Alias Calarcá es el líder del bloque Jorge Briceño, una de las estructuras del EMC que sigue en las negociaciones ―el Gobierno ha levantado el cese al fuego las con la mayoría de las estructuras del EMC por sus acciones ofensivas, lo que ha llevado a una ruta en el grupo―.
Aunque el bloque de Calarcá sigue dentro de las negociaciones, es acusado de ser responsable del desplazamiento forzado de cientos de firmantes de paz en Miravalle. Los firmantes tuvieron que salir de Miravalle hace apenas un mes, luego la guerrilla de Calarcá los señalara de colaborar con la otra gran sombrilla de grupos disidentes, y rival del EMC; la llamada Segunda Marquetalia.
El presidente responde
El presidente Gustavo Petro respondió al escándalo. Explicó, justamente, que los frentes del EMC dirigidos por Calarcá se mantienen en las negociaciones, en contraste con los frentes del suroccidente del país.
“En el desarrollo de las operaciones, hemos recuperado terreno que habían tomado desde la época de Duque y capturado decenas de sus integrantes. Su respuesta son los explosivos, que, en su desespero, arrojan contra la población civil de los poblados donde hasta hace unas semanas, controlaban. Esperamos que los frentes que mantienen negociaciones dejen definitivamente la violencia y que quienes decidieron el camino de la guerra, sean debilitados al máximo y derrotados”, declaró.
Todavía no está claro cómo algunos disidentes que no son negociadores avalados para la mesa lograron viajar en las camionetas de la UNP. La entidad confirmó en X que “acompaña el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN y un sector del EMC, al igual que otros grupos armados y por tanto implementa esquemas colectivos de protección referido a las personas indicadas por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz”.
Sin embargo, agregó que “la UNP por mandato legal y disposición del Gobierno protege la vida, pero no puede ser utilizada para el conflicto o en acciones criminales”, y que “está prohibido el uso de los vehículos por personas distintas a las protegidas, salvo la extensión del núcleo familiar”. El acontecimiento ha despertado voces críticas de todo el espectro político, especialmente de la oposición.
Las críticas
El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, ha sido contundente en su rechazo, en eco a sus reiteradas críticas a la política de paz total.
“Aquí lo preocupante es que nosotros estemos con el contribuyente de los recursos de los colombianos protegiendo a delincuentes de esta magnitud. Es una muestra más de lo fallido que es la política de paz total que le permite a los bandidos envalentonarse y que le ata las manos a la fuerza pública”, dijo en redes sociales.
Agregó que las detenciones eran de suma relevancia: “con la captura de los disidentes en el caso UNP se desmantela la mitad del EMC”.
Según la Fundación Idea para la Paz, se estima que hay unos 3.500 miembros del fraccionado EMC con influencia en más de 170 municipios de 22 departamentos.
De la misma manera, el congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, publicó un documento en el que pide la renuncia del director de la UNP, Augusto Rodríguez.
Rodríguez explicó que se enteró de la situación cuando lo llamó el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No dio explicaciones, pero sí confirmó que viajaban en las camionetas de la UNP “personas que no hacen parte” de las negociaciones con el Gobierno. A continuación, añadió que los vehículos de la unidad no pueden llevar “ese tipo de cosas”: “Ni armas ni drogas ni munición”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también afirmó al mismo medio que la mayoría de los disidentes que viajaban en las camionetas, “menos Firu”, tienen sus órdenes suspendidas de captura. Aseguró que se está investigando el “mal uso” de las camionetas. Y dijo que el Gobierno lo rechaza totalmente: “Vamos en la mesa a exigirles a explicaciones a los disidentes”.
