En Colombia, la paz nunca ha sido una línea recta. Desde el histórico Acuerdo de 2016 con las FARC, el país ha transitado por veredas sinuosas, plagadas de reincidencias, disidencias y nuevas violencias. Hoy, bajo el gobierno de Gustavo Petro, la promesa de una “paz total” se enfrenta a su mayor desafío: negociar simultáneamente con un mosaico de grupos armados que, aunque se autodenominan herederos de la extinta guerrilla, operan con lógicas propias, agendas locales y fracturas internas que desdibujan cualquier intento de centralización.
A casi una década del acuerdo de La Habana, el Estado colombiano lidia con al menos cuatro estructuras principales que se reivindican como disidencias de las FARC: el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Segunda Marquetalia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Cada una representa una sombrilla bajo la cual se agrupan frentes locales, algunos con apenas decenas de combatientes, otros con presencia en varios departamentos. Pero más que una continuidad ideológica, lo que une a estos grupos es la fragmentación.
El laberinto de las disidencias
El EMC, liderado por Iván Mordisco (nombre de guerra de Néstor Gregorio Vera), agrupa a frentes que nunca se desmovilizaron. Su origen se remonta al Frente Primero, que operaba en Guaviare y se apartó de las negociaciones antes del Acuerdo Final. Este grupo ha mantenido una mesa de negociación activa con el gobierno, aunque marcada por interrupciones, secuestros y tensiones territoriales.
Por otro lado, la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez —el mismo que fue jefe negociador de las FARC en La Habana— representa a los reincidentes: excombatientes que firmaron el acuerdo, se desmovilizaron y luego retomaron las armas. Su retorno a la clandestinidad en 2019 fue un golpe simbólico para el proceso de paz, y desde entonces ha enfrentado divisiones internas que han debilitado su capacidad de interlocución.
El EMBF y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano completan el mapa de las disidencias. Aunque menos conocidos, su existencia revela la atomización del conflicto. En algunos casos, como el Frente 57 en el Valle del Cauca, se trata de escisiones de escisiones: grupos que se desprenden de una compañía del EMC y operan de forma autónoma, con dinámicas más locales que nacionales.
Desde su llegada al poder, Gustavo Petro ha hecho de la paz total su bandera. La idea es ambiciosa: desmontar la violencia mediante acuerdos simultáneos con todos los actores armados. Pero la realidad ha sido más compleja. Las mesas de diálogo se multiplican, pero también los frentes, las rupturas y los incumplimientos.
En el caso del EMC, el gobierno ha logrado avances puntuales, como ceses al fuego temporales y liberaciones de secuestrados. Sin embargo, los enfrentamientos entre facciones, los ataques a la fuerza pública y la expansión territorial del grupo han puesto en duda su compromiso real con la paz. En julio de 2025, por ejemplo, miembros del EMC liberaron a funcionarios del gobierno tras un secuestro que duró varios días, en un gesto que fue interpretado como una señal ambigua: ¿voluntad de diálogo o presión negociadora?
La Segunda Marquetalia, por su parte, ha perdido cohesión. Lo que alguna vez fue una estructura con vocación nacional se ha desmoronado en frentes dispersos, algunos de los cuales han optado por negociar por separado. El gobierno ha intentado mantener canales abiertos, pero la falta de interlocutores claros y la desconfianza mutua han estancado el proceso.
El ELN: entre la mesa y la guerra
A este rompecabezas se suma el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en armas en Colombia. Aunque el diálogo con el ELN comenzó en 2022 con expectativas altas —por primera vez con un gobierno de izquierdas—, los avances han sido intermitentes. El cese al fuego bilateral que duró un año expiró en agosto de 2025 sin que se lograra destrabar la negociación.
La crisis se agravó por los diálogos paralelos que el gobierno mantiene con el Frente Comuneros del Sur, una facción del ELN en Nariño que se desprendió de la dirección nacional. Esta escisión ha provocado tensiones con el comando central, liderado por Antonio García, y ha generado reclamos constantes por parte de la delegación oficial del ELN.
En mayo de 2024, las delegaciones lograron pactar el primer punto de la agenda: un modelo para la participación de la sociedad civil. Pero poco después, el ELN anunció que retomaría el secuestro extorsivo, lo que llevó al presidente Petro a suspender los diálogos en enero de 2025. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra”, declaró el mandatario, tras una arremetida guerrillera que dejó decenas de muertos y más de 50.000 desplazados.
La fragmentación no se detiene. En noviembre de 2024, El País reportó que incluso las disidencias están sufriendo disidencias. La Segunda Marquetalia se desmorona, el EMC se divide, y el Frente Comuneros del Sur del ELN actúa por cuenta propia. La paz total, en lugar de consolidarse, se fragmenta.
Esta dispersión plantea un dilema estratégico para el gobierno: ¿negociar con cada grupo por separado, aunque eso implique legitimar estructuras armadas locales? ¿O exigir una centralización que ya no existe? La respuesta, hasta ahora, ha sido una mezcla de pragmatismo y urgencia. Petro ha optado por abrir mesas con quienes estén dispuestos, aunque eso signifique multiplicar los interlocutores y enfrentar críticas por la falta de coherencia.
Las víctimas, el eslabón olvidado
En medio de este entramado, las víctimas del conflicto siguen esperando respuestas. Los secuestros, desplazamientos y asesinatos no han cesado. En octubre de 2023, el padre del futbolista Luis Díaz fue secuestrado por el ELN, en un episodio que puso en evidencia la persistencia de prácticas repudiadas. Aunque fue liberado días después, el hecho generó una ola de indignación y debilitó aún más la credibilidad del proceso.
Las comunidades en regiones como Catatumbo, Arauca, Chocó y Nariño viven bajo la amenaza constante de enfrentamientos entre grupos armados. Los espacios de reincorporación de excombatientes, diseñados para facilitar el tránsito a la vida civil, han sido blanco de ataques. En Anorí, Antioquia, cinco soldados fueron asesinados en julio de 2025 cerca de uno de estos espacios, en un atentado atribuido al ELN.
La paz total de Petro no está muerta, pero sí herida. Las mesas siguen abiertas, los delegados viajan, los comunicados se publican. Pero el país parece atrapado en una paradoja: mientras más se negocia, más se fragmenta el conflicto. La multiplicación de actores armados, la falta de cohesión interna en las disidencias y la persistencia de la violencia hacen que cada avance esté acompañado de un retroceso.
En septiembre de 2024, tras un ataque en Arauca que dejó dos militares muertos y 26 heridos, Petro pareció tirar la toalla: “Prácticamente, es una acción que cierra un proceso de paz con sangre”, declaró. La viabilidad de la mesa quedó “severamente lesionada”, y su continuidad depende de una “manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.
La paz como proceso, no como destino
Colombia ha aprendido que la paz no se firma, se construye. Y en ese proceso, cada mesa de diálogo, cada cese al fuego, cada liberación cuenta. Pero también cuenta la voluntad política, la capacidad de interlocución y el compromiso con las víctimas. La paz total es una promesa que exige más que discursos: requiere una estrategia que entienda la fragmentación, que reconozca las realidades locales y que no pierda de vista el horizonte nacional.
Hoy, el país sigue negociando. Con disidencias, con reincidentes, con guerrillas y con comunidades. La paz avanza, pero a paso desigual. Y en ese camino, cada paso cuenta.
