Por más que el Palacio Amarillo se engalanó para la rueda de prensa, lo que se vivió este lunes fue más un velorio que un anuncio de gobierno. El gobernador de Santander, MG (R) Juvenal Díaz Mateus, compareció ante los medios para oficializar la derogatoria de la Tasa de Seguridad Multidimensional, una medida que alguna vez prometió ser el salvavidas financiero para enfrentar la creciente inseguridad en el departamento. Pero lo que se presentó como un gesto de empatía con los empresarios, comerciantes y familias santandereanas, terminó siendo la confesión pública de una derrota política y administrativa.
La Tasa de Seguridad Multidimensional fue concebida como un mecanismo para financiar infraestructura tecnológica, vigilancia y proyectos estratégicos en materia de seguridad. En un contexto de aumento de hurtos, extorsiones y percepción de inseguridad en Bucaramanga y otras ciudades del área metropolitana, la propuesta parecía tener sentido. Pero desde su nacimiento, la tasa enfrentó cuestionamientos jurídicos, resistencia empresarial y una ciudadanía escéptica que la percibía como un nuevo impuesto disfrazado.
Los tribunales administrativos no tardaron en pronunciarse. Las demandas por vicios de forma y fondo en su implementación comenzaron a acumularse, y los fallos adversos fueron minando la legitimidad del instrumento. El gobernador, que había defendido la tasa como una apuesta audaz por la seguridad, empezó a retroceder en sus declaraciones. Lo que antes era una política de Estado, se convirtió en una carga política difícil de sostener.
El gobernador Juvenal Díaz enterró sin gloria su fallida Tasa de Seguridad Multidimensional. Alegando sensibilidad tributaria, disfraza una derrota jurídica y política. La inseguridad persiste, el financiamiento desaparece, y la ciudadanía queda con promesas vacías y un… pic.twitter.com/MUA54869Xh
— Corrillos (@CorrillosR) September 2, 2025
La reforma tributaria como excusa
En su intervención, Díaz Mateus justificó la derogatoria señalando el impacto de la Reforma Tributaria nacional. “Este momento exige prudencia, responsabilidad y empatía con quienes generan empleo”, afirmó. Pero la explicación dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué una reforma nacional que apenas comienza a implementarse sería razón suficiente para desmontar una política departamental ya en marcha? ¿No se había previsto ese escenario al diseñar la tasa?
La respuesta parece estar más en los estrados judiciales que en los salones del Palacio Amarillo. La tasa no solo fue impopular, sino jurídicamente vulnerable. Y en lugar de asumir el costo político de una mala estrategia, el gobernador optó por disfrazar la retirada como un acto de sensibilidad económica. En términos narrativos, fue el entierro de tercera de una política que nunca logró caminar con firmeza.
Para no dejar el vacío demasiado evidente, el gobernador anunció que se promoverán aportes voluntarios a través del Fondocuenta, un mecanismo que permitiría canalizar recursos privados para proyectos de seguridad. Pero la propuesta suena más a consuelo que a solución. En un país donde la desconfianza institucional es alta y los aportes voluntarios rara vez alcanzan niveles significativos, el Fondocuenta parece más una salida simbólica que una estrategia real.
Además, la idea de que empresarios y comerciantes aporten voluntariamente a la seguridad pública plantea dilemas éticos y políticos. ¿No es acaso el Estado el responsable de garantizar la seguridad como derecho fundamental? ¿No se corre el riesgo de privatizar la tranquilidad ciudadana, dejando en manos de quienes puedan pagar la posibilidad de vivir sin miedo?
Derrota política en clave de gestión
La derogatoria de la tasa no solo implica un revés administrativo, sino una derrota política para Díaz Mateus. En un departamento donde la seguridad es uno de los principales reclamos ciudadanos, desmontar el único instrumento financiero diseñado para enfrentar el problema equivale a reconocer que no se tiene un plan alternativo sólido. Y aunque el gobernador insiste en que se fortalecerán iniciativas como el Centro de Gestión de Riesgo y Seguridad (CEGES), la falta de recursos pone en duda su viabilidad.
La narrativa oficial habla de unidad, progreso y sostenibilidad. Pero detrás del discurso, lo que se percibe es una gestión que no logró articular una política pública eficaz en uno de los frentes más sensibles para la ciudadanía. La seguridad no se construye con buenas intenciones ni con frases inspiradoras. Se construye con decisiones valientes, recursos suficientes y capacidad de ejecución. Y en este caso, ninguna de esas condiciones se cumplió.
Más allá de los efectos prácticos, la derogatoria tiene un costo simbólico alto. El gobernador, que llegó al cargo con la promesa de liderazgo firme y visión estratégica, aparece ahora como un mandatario que cede ante la presión, que retrocede ante los fallos judiciales y que no logra sostener sus propias apuestas. En política, los gestos importan. Y desmontar una política sin ofrecer una alternativa robusta equivale a perder autoridad.
La ciudadanía, que ya venía cuestionando la efectividad del gobierno en temas de seguridad, ahora tiene una razón más para desconfiar. La tasa, aunque impopular, era al menos una señal de que el problema estaba en la agenda. Su derogatoria, sin una propuesta clara que la reemplace, deja la sensación de que la seguridad ha sido relegada a un segundo plano.
¿Qué sigue para Santander?
El panorama que se abre tras la derogatoria es incierto. La inseguridad sigue siendo una preocupación creciente. Los recursos para enfrentarla son escasos. Y la confianza en las instituciones está debilitada. El gobernador ha perdido una herramienta, pero también ha perdido parte de su capital político. Recuperarlo exigirá más que comunicados de prensa. Exigirá decisiones audaces, diálogo real con los actores sociales y una estrategia que no dependa de aportes voluntarios ni de frases de ocasión.
En este contexto, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo se financiará ahora la seguridad en Santander? ¿Qué mecanismos se pondrán en marcha para enfrentar los desafíos que la tasa pretendía resolver? Y sobre todo, ¿quién asumirá la responsabilidad si la inseguridad sigue creciendo?
La Tasa de Seguridad Multidimensional fue enterrada sin honores. No hubo duelo ciudadano ni defensa institucional. Solo una rueda de prensa que intentó maquillar la derrota como gesto de empatía. Pero los hechos hablan por sí solos. La tasa murió porque no tenía respaldo jurídico, político ni social. Y su entierro marca un punto de inflexión en la gestión de Díaz Mateus.
En la historia reciente de Santander, pocas políticas han tenido un desenlace tan silencioso y tan revelador. Porque más allá de la tasa, lo que se enterró fue una forma de hacer política: sin diálogo, sin consenso y sin capacidad de sostener las propias decisiones. Y en ese entierro, el gobernador no solo perdió una herramienta. Perdió también parte de la narrativa que lo sostenía como líder.
